Un grupo de 26 fiscales generales de estados conservadores de EE.UU. interpusieron una demanda judicial contra una norma federal que requiere la verificación de antecedentes a los compradores en ferias y shows de armas de fuego.
La querella, presentada en tribunales de Florida, Texas y Arkansas, busca el bloqueo de la citada norma emitida el pasado mes por la administración del presidente de EE.UU., Joe Biden, con la que busca cerrar un vacío jurídico que permitía en esas ferias la compra y venta de armas sin que medie un certificado de antecedentes penales.
La fiscal general de Florida, Ashley Moody, señaló que la regulación supone una "carga innecesaria" para los ciudadanos y que atenta contra la segunda enmienda de la Constitución de EE.UU., que protege el derecho a poseer y portar armas de fuego.
"Estamos luchando contra esta extralimitación federal que obligaría a miles de propietarios de armas respetuosos de la ley a registrarse como comerciantes de armas de fuego y navegar por una burocracia federal", señaló Moody en un comunicado.
En el caso de Florida, la fiscal estatal interpuso la demanda en un tribunal federal de Tampa, en la costa oeste, contra la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos, así como contra el Departamento de Justicia de EE.UU.
La lucha contra la violencia armada y el incremento de tiroteos en el país ha sido uno de los focos de la administración de Biden, así como de su campaña de reelección, para lo cual ha creado una oficina de prevención en la que está al frente la vicepresidenta Kamala Harris.
De igual modo, en más de una ocasión ha urgido al Congreso a que emita una ley que restrinja la venta de armas de asalto.
A contramano de los objetivos de Biden en lo tocante a la restricción en la posibilidad de comprar y tener armas, los legisladores de Tennessee aprobaron un proyecto de ley para permitir que los maestros y otros miembros del personal escolar porten en las aulas armas de fuego.
La medida, si se convierte en ley, requeriría que quienes porten armas reciban una capacitación de 40 horas y cuenten con la aprobación de los funcionarios escolares. No obstante, los padres de los alumnos y la mayoría de los demás empleados de la escuela no serían notificados.
El proyecto de ley, previamente aprobado por el Senado estatal, pasará ahora al gobernador Bill Lee, un republicano, para su firma. Lee puede vetarlo, firmarlo o esperar 10 días, tras lo cual se convertiría en ley.
El proyecto de ley se da después de que un tiroteo en una escuela de Nashville dejara a tres estudiantes y tres miembros del personal muertos, hace poco más de un año. La medida ha sufrido la crítica de muchos políticos demócratas y algunos republicanos.
"Les pido que no pongan en riesgo la vida de nuestros niños poniendo más y más armas en las escuelas", dijo el senador estatal demócrata London Lamar, según The New York Times, durante un debate en abril.
Por su parte, el senador estatal republicano Ken Yager apuntó que esta medida no busca "disparar a un estudiante, sino protegerlo de un tirador activo cuyo único propósito es entrar a esa escuela y matar gente".
Otros estados del país han tomado medidas similares después de sufrir tiroteos escolares con múltiples víctimas.
