El daño que provocan los abusos sexuales sufridos en la infancia dejan una marca indeleble, y su denuncia judicial puede significar un camino de revictimización, según pueden relatar cientos de adultxs, adolescentes e incluso niñxs. “La prescripción es el refugio de los abusadores”, expresó Juan Pedro Aleart, conductor de televisión de Rosario, al hacer pública su historia frente a cámara, al mediodía, al comienzo de su programa, el programa más visto de la ciudad.

El periodista recurrió a la Corte Suprema de Justicia para lograr que quede sin efecto la prescripción de la causa por la violencia sexual que sufrió de parte de su tío, Helvio Vila, que era docente universitario hasta el mismo día en que Juan Pedro hizo la denuncia pública en De 12 a 14.

Su decisión tuvo efectos inmediatos: en pocos días, su historia se conoció en medios de comunicación de todo el mundo. Tratándose de un tema siempre rodeado de silencios y prejuicios, fue un cimbronazo. Y también generó el efecto dominó de estas denuncias: muchas otras personas se sintieron habilitadas a hablar de lo sufrido.

“El traumatismo que genera el abuso sexual en la infancia se presenta como devastador de la subjetividad”. La definición pertenece a la psicóloga Bettina Calvi, docente de grado y post-grado en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario.

¿Cómo rearmar la subjetividad después de esa bomba en el psiquismo? ¿Alcanza con el raid mediático que implica repetir una y otra vez lo sufrido para lograr el efecto reparador? ¿Qué pasa cuando hay otras personas involucradas?

El periodista dio detalles de otras situaciones violentas en su familia, que no tenía autorización para divulgar, y eso generó un comunicado de las personas involucradas, rechazando la difusión que las revictimizaba. Luego, presentaron un recurso judicial para que no se los pueda nombrar más, que se hizo efectivo esta misma semana. Tuvieron que poner un límite, también, en la justicia.

La denuncia de Aleart genera una controversia respecto al descuido a la intimidad ajena. ¿Puede una persona hacer público –con semejante repercusión- aquello que lxs involucradxs le pidieron que no mencionara?

Sin dejar semejantes preguntas de lado, una denuncia pública reactualiza la extensión de este delito. “Son un problema común en la infancia. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres adultos declararon haber sufrido abusos sexuales en la infancia”, dice un informe de UNICEF, de 2016.

En los Tribunales de Rosario, la Unidad Fiscal especializada en violencia sexual tramita 2000 denuncias anuales, en su gran mayoría por abusos sexuales en las infancias, de carácter intrafamiliar. 

Y desmonta algunos mitos, como que “los agresores sexuales siempre usan la fuerza física para someter sexualmente a niñxs y adolescentes”. “No siempre utilizan la fuerza física. Por el contrario, suelen emplear como tácticas de persuasión y manipulación, juegos, engaños, amenazas y distintas formas de coerción para involucrar a los NNyA y mantener su silencio”, sigue la publicación.

La Asociación Civil Aralma, que viene bregando por la imprescriptibilidad de los delitos de abusos sexuales hacia las infancias, y presentó el año pasado un nuevo proyecto de ley a tal efecto, formó parte del informe sobre Argentina destinado al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, firmado por 18 instituciones y personalidades. “Según datos del Ministerio de Justicia de Argentina, se registraron 14.424 menores de edad víctimas de violencia sexual entre 2017 y 2022, lo que supone un aumento del 126% en el número de denuncias”, dice este informe, donde también se destaca que “los bebés, niños, niñas y adolescentes (BNNA) representan el 58% del total de víctimas de abuso sexual del país, y seis de cada diez víctimas menores de edad eran niñas; además, en el 85% de los casos, el agresor era una persona cercana a la víctima”.

Cuando Aleart hizo su denuncia agradeció a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por haberlo escuchado. El abogado del periodista es Fernando Soto, director de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación. Fue, también, el defensor del policía Luis Chocobar, reivindicado en muchas ocasiones por Bullrich, tras haber ultimado a Juan Pablo Kukoc, en la calle, el 8 de diciembre de 2017. Kukoc había robado y acuchillado a un turista minutos antes y el agente, al cruzarlo posteriormente, lo mató. El debate sobre la actuación del efectivo dio nombre a una doctrina, Chocobar, que es la que el gobierno nacional impulsa, para ampliar los márgenes de uso de la violencia policial.

El reclamo de Aleart, entonces, retoma un viejo reclamo de organizaciones que trabajan con víctimas, pero sube el tono punitivista a otros niveles. Hasta 2011, las causas por delitos sexuales en las infancias prescribían como cualquier otra. Entonces, la ley 26.705 estableciendo que los plazos de prescripción -como mínimo 2 años y como máximo 12 o 15 años, dependiendo del delito - comenzarán a computarse a partir de la medianoche en que la víctima cumpliera 18 años. Se la conoció como Ley Piazza y estuvo vigente hasta 2015.

La ley se volvió a modificar y se sancionó una ley llamada del “derecho al tiempo”, que reformuló de nuevo el artículo 67 del Código Penal para que el plazo de prescripción comience a correr desde que la víctima formule una denuncia en cualquier momento tras cumplir 18 años; la víctima ratifique la denuncia formulada por sus padres o representantes legales cuando aún era menor de edad; o, en caso de muerte de la víctima a consecuencia del abuso, la medianoche del día en el que habría cumplido 18 años. Para las organizaciones que firman el informe destinado a la ONU, sigue siendo insuficiente ya que “el plazo de prescripción máximo para delitos sexuales contra NNA es de 15 años. Esto significa que, tras presentar una denuncia, si la o el sobreviviente decide no actuar o tomarse un descanso por cualquier motivo, el plazo de prescripción seguiría corriendo y tendría fecha de caducidad”.

La discusión de fondo, entonces, es la prescripción de estos delitos –y sólo de estos- que muchas organizaciones bregan para que sean considerados imprescriptibles.

Las razones están también en el informe, que señala: “El trabajo clínico y jurídico con las y los sobrevivientes corrobora que una víctima de abuso sexual puede tardar muchos años en reconocer y asumir que se ha sido víctima de un delito de esa naturaleza”. Y toma ejemplos de otros países. “La Comisión Real de Respuestas Institucionales al Abuso Sexual Infantil de Australia halló que una víctima de abuso sexual infantil suele tardar una media de 24 años en develar lo sufrido. Mientras que la ONG estadounidense Child USA determinó que la edad promedio en que las victimas logran develar estas situaciones de violencia sexual sufridas durante su infancia es de 52 años. Sin embargo, la gran mayoría de las víctimas nunca llega a denunciar a su abusador”. En la Argentina, también hay datos cuantificados. “Según la Encuesta Nacional de Victimización en Argentina, un 87% de los delitos sexuales no llegan a ser denunciados. Las razones por ello incluyen el trauma, la vergüenza, el estigma social, el miedo a amenazas y represalias, el miedo que no se les vaya a creer, o porque no se reconocen como víctimas de violencia sexual. Todo esto se ve agravado cuando existe presión social, familiar o institucional para que una víctima no denuncie”.

Por todo eso, la prescripción es el gran obstáculo que hoy enfrentan las personas que sufrieron violencia sexual en la infancia. “No es infrecuente que, cuando finalmente una víctima está lista para denunciar a su agresor, se topa con un obstáculo: la prescripción. En la mayoría de los casos en Argentina, los jueces absuelven o sobreseen a los agresores por la prescripción de la acción penal, a veces incluso sin llegar a un juicio”, dice el informe destinado a la ONU. Para estas 18 organizaciones y personalidades, “el abuso sexual en la infancia debe ser considerado como un problema grave de la salud pública de los países, para lo cual es preciso que se establezca un tratamiento diferenciado en cuanto a los márgenes temporales y al tipo de asistencia ofrecida a los sobrevivientes”.

Lo vivido por el periodista rosarino –y su forma de buscar una reparación- trae también cuestiones que están en boga en estos días, cuando la serie más vista de la plataforma Netflix es Bebé Reno, la historia de un comediante que fue acosado por una mujer. Basada en hechos reales, así se anuncia.

Un punto a favor del trabajo escrito y protagonizado por Richard Gadd: la complejidad de los vínculos y los daños, en un abordaje que no exime de ninguna responsabilidad al abusador.

Pero hay algunas oscuridades ¿es la repetición incesante de una violencia una condena para quien sufrió un daño? ¿El abusado se convertirá necesariamente en abusador? La premisa que exige explicar el accionar de un agresor a partir de daños sufridos con anterioridad elude el libre albedrío, la tarea –muchas veces colectiva- de revisar y resolver violencias estructurales, la posibilidad de cambiar la historia.

La historia del periodista rosarino reactualiza esas preguntas. Su necesidad, tan legítima como inequívoca, fue difundir lo sufrido, abogar por la imprescriptibilidad, usar el poder de su visibilidad como periodista para impulsar la causa que lo involucra. En el camino, dañó a personas de su entorno, también víctimas de esos delitos. Quienes sufrieron abuso sexual en su infancia –utilizados por el agresor como meros objetos-, se vieron –una vez más- desoídos como sujetos. Como si la historia estuviera condenada a repetirse.