Organizaciones sociales de la ciudad vienen denunciando el impacto y las consecuencias del desfinanciamiento de dispositivos que trabajan en el tratamiento de consumos problemáticos. Los recortes vienen desde Sedronar a nivel nacional, pero también se ajustaron algunos convenios que las organizaciones mantienen con la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod) a nivel provincial. “Nosotros estamos en una situación que no podemos pagar más el espacio”, denunció Celeste Fernández, del centro Vientos de Libertad que depende del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). En tanto, Guillermo Campana, integrante de la organización Causa, evaluó que el ajuste se da en un contexto de crisis “donde los niveles de consumo aumentan y la demanda de estos dispositivos también”. La problemática fue llevada al Concejo, donde relevaron que alrededor del 80% de la asistencia en relación a consumos problemáticos lo llevan adelante entidades no estatales.

Vientos de Libertad es un dispositivo de acompañamiento que forma parte del programa de Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) de la Sedronar. Comenzaron funcionando en zona norte, donde alquilan un espacio, y a partir de un convenio con Aprecod lograron expandirse hacia el oeste, en Barrio Moderno, donde construyeron un local propio. Por cada uno de esos lugares transitan un promedio de 25 personas que afrontan situaciones de consumo problemático. Allí trabajan específicamente con población que vive en barrios populares y que no puede acceder a otro tipo de tratamientos. Según denuncian, la situación que afrontan es cada vez más crítica.

“Las políticas públicas como las nuestras quedaron muy desfinanciadas en general. Y a eso se sumó que la provincia de Santa Fe, a través de la Aprecod, decidió recortar el 50% de un convenio que nosotros teníamos que nos ayudaba a cubrir profesionales y gastos de funcionamiento. Nos pasó a nosotros y a otras organizaciones sociales que trabajan con un abordaje comunitario”, explicó Fernández en diálogo con Rosario/12. “Nosotros estamos en una situación que no podemos pagar más el espacio. Desde diciembre que estamos tratando de generar algún convenio con la municipalidad o con provincia. La verdad que viene muy compleja la situación porque a nosotros nos quedan seis meses más y nos quedaríamos en la calle”, completó.

Para la dirigente, el desfinanciamiento no solo complica sostener la infraestructura de los espacios, sino también lograr una profesionalización de cada uno de los equipos: “En el último mes hubo tres profesionales que se fueron porque el salario quedó muy desactualizado. Y es muy difícil contratar nuevos compañeros porque la oferta que podemos hacer es muy baja. Eso perjudica el proceso general de quienes acompañamos y nos impide a nosotros seguir poniendo una parte importante de los subsidios en un alquiler, porque estamos priorizando el trabajo de los compañeros”.

En tanto, Guillermo Campana coordina el equipo de salud comunitario que funciona en la escuela popular que la organización Causa levantó en Villa Banana. El equipo realiza un promedio de 15 abordajes mensuales por situaciones específicas ligadas al consumo problemático. Mantenían un convenio con Aprecod que finalizó a finales de febrero y desde el organismo informaron que la renovación se haría solo por un 50% de los fondos que venían recibiendo. Pero hasta el momento tampoco eso se ha concretado.

“Hace dos meses que el equipo está trabajando sin ningún tipo de convenio y nosotros lo estamos solventando con fondos propios, como podemos, porque hay situaciones que no se pueden interrumpir en cuanto al abordaje”, explicó Campana a Rosario/12. Y agregó: “Esto además se da en medio de un ajuste económico brutal que repercute fuertemente sobre los sectores populares, donde aumenta el consumo de sustancias, aumenta la demanda de los dispositivos y la política que se plantea es más bien represiva con despliegue de fuerzas de seguridad por todos los barrios”.

Para el integrante de Causa, más allá de los ajustes económicos, también se han cortado instancias diálogo para discutir cómo abordar estas problemáticas: “Además de lo presupuestario, el problema es que no se está discutiendo entre el Estado, las organizaciones y los dispositivos qué hacer con esta situación. Ni cómo resolver demandas no satisfechas en lo habitacional, lo alimentario y ni hablar de trabajo. Situaciones que vienen acompañadas cuando hay un consumo problemático, y que hoy no tenemos ningún interlocutor para discutirlo o pensar cómo lo trabajamos”.

Volver a empezar

La problemática planteada por muchas organizaciones sociales de la ciudad fue volcada en una jornada pública sobre consumos problemáticos que se realizó este lunes en el Concejo Municipal y fue presidida por Caren Tepp, de Ciudad Futura, como titular de la comisión de Salud. Allí asistieron más de 30 organizaciones de la ciudad vinculadas a dispositivos de abordaje comunitario. “Lo que se marcaba como fuerte preocupación es no solo lo que tiene que ver con las restricciones presupuestarias sino también lo que hace al aumento de la demanda de los casos que van llegando en el último tiempo”, explicó la edila a este medio.

Para Tepp, una de las conclusiones de la jornada es que falta una política de Estado que brinde institucionalidad a la red de organizaciones que hoy realizan los acompañamientos. Entre las organizaciones que formaron parte de la jornada, la sensación que quedó dando vueltas es que cada cuatro años se vuelve a empezar, con partidas que llegan limitadas desde los gobiernos nacionales y provinciales: “Esto está afectando la calidad de las prestaciones por la cantidad de profesionales que están pudiendo sostener su trabajo y atención. Pero también por los que están viendo imposibilitada la continuación laboral por la falta de adecuaciones salariales, que quedaron absolutamente desacopladas de la realidad en la que estamos viviendo”.

“Para que nos demos una idea, el 80% de los dispositivos que hoy existen en Rosario para atención y acompañamiento de personas que están sufriendo adicciones lo llevan adelante organizaciones sociales, instituciones intermedias y espacios de profesionales no estatales”, sostuvo Tepp. “Con lo cual, surgió la necesidad de construir un sistema integrado entre la salud pública y las organizaciones para darle institucionalidad a lo que hoy existe que es una cogestión. Muchos centros de salud de los barrios de la ciudad derivan casos y situaciones clínicas para acompañamiento a estas organizaciones que forman parte de la sociedad civil organizada de nuestra ciudad”, finalizó.