El Juzgado Civil y Comercial Federal Nº3 a cargo del juez Juan Rafael Stinco admitió el pedido de la Superintendencia de Seguros de Salud y decretó una medida cautelar que le ordena a las prepagas a retrotraer sus precios a diciembre. Al mismo tiempo ordena efectuar los incrementos en las cuotas en base a la inflación que mide el INDEC, tal como ordenó la Secretaría de Comercio contradiciendo la desregulación ordenada por el aún vigente DNU 70/2023.
Stinco también hizo lugar al pedido del Poder Ejecutivo para que las empresas de medicina prepaga devuelvan los montos que los usuarios pagaron en exceso. El juez indicó que el pago podrá darse como crédito a favor de los usuarios, para lo que les fijó a las prepagas un plazo de cinco días para que presenten un plan donde digan cómo será el mecanismo de devolución.
El impacto de la medida alcanza a un universo de 23 empresas que estaban en la cautelar de la Superintendencia, las cuales representan el 95 por ciento de los usuarios de entidad de medicina prepaga.
La decisión de Stinco significó un salvavidas para el Gobierno que había encontrado resistencia en el Poder Judicial para conseguir un fallo favorable para la presentación de la Superintendencia de Salud, debido a que significaba retrotraer una decisión tomada por el propio Ejecutivo a fines de diciembre con el DNU 70/2023. Ante cada aumento anunciado desde diciembre, las empresas de medicina prepaga indicaban que lo hacían debido a la decisión tomada vía decreto de necesidad de urgencia.
En ese sentido, como contó PáginaI12, la jueza Mercedes Maqueira se había declarado incompetente al sostener que la presentación de la administración de La Libertad Avanza (LLA) debía sumarse a un proceso colectivo que reclama la inconstitucionalidad de dos artículos del megadecreto. O sea, transformarse en una presentación del Ejecutivo contra sus propias medidas.
Mientras la causa judicial continuó curso, la Secretaría de Comercio anunció el jueves el mecanismo a través del cual las empresas de medicina prepaga deberán calcular sus aumentos; una práctica en las antípodas de los principios defendidos por Milei respecto de la regulación autónoma del mercado. Algo similar a lo ocurrido en la negociación con las grandes empresas alimenticias para que frenen la estampida de precios.
La Secretaría de Comercio informó que, en principio, el cálculo de aumento durará 5 meses, hasta septiembre, cuando el gobierno espera tener controlada la inflación y la economía con algún tipo de reacción. El tercer trimestre que Caputo ya prometió en la era Macri.
Todos los asociados de las prepagas enlistadas por el Gobierno, a partir del dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), no podrán recibir facturas que superen la cuota del plan de salud médico asistencial del mes de diciembre de 2023 multiplicada por 1 + la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el INDEC vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023.
De esta manera, para calcular el valor máximo de la cuota actual (dependiendo el caso podría ser de abril o de mayo), se podrá aplicar un ajuste de hasta 93,3% para la cuota de abril (es decir la inflación acumulada entre los meses de noviembre a febrero). Mientras que para la cuota de mayo se podrá aplicar como máximo un ajuste del 114,6% (es decir, la inflación acumulada en los meses de noviembre a marzo).
En la actualidad, el 36 por ciento de la población asiste al subsistema público, el 61 por ciento es cubierto por las obras sociales y el 13 por ciento restante contrata planes de salud con empresas de medicinas prepagas. La suma supera el 100 por ciento porque algunas personas tienen doble cobertura.
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el costo de las cuotas de las prepagas ya representan el 30 por ciento del ingreso familiar promedio, casi triplicando la incidencia que tenía en el período 2013-2019. En noviembre de 2023, la tarifa de la prepaga representaba el 17 por ciento del ingreso familiar.
Entre 2016-2018, esa relación subió un 61 por ciento en 19 meses. En los primeros 4 meses del gobierno de Milei, con el DNU 70/2023 dándole rienda suelta al mercado, la relación entre salarios y cuota de medicina privada subió un 59 por ciento.
¿Dónde comunicarse por incumplimientos?
En caso de que las empresas se nieguen a limitar el ajuste correspondiente, los usuarios se podrán comunicar al 0800-666-1518, que es la línea gratuita de la Dirección de Defensa al Consumidor, o a [email protected], informó el Gobierno.
Para formular denuncias, en tanto, se deberá ingresar a www.argentina.gob.ar/defensadelconsumidor.