Una alcaidía central, nuevos módulos "containers" de detención y más tobilleras electrónicas, son los puntos que anunció este viernes el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) ante la crisis de sobrepoblación carcelaria en las comisarías y alcaidías porteñas. Tras la seguidilla de fugas de presos de esos centros de detención, que motivó cruces entre Nación y Ciudad por el destino de los detenidos, ahora las dos jurisdicciones anunciaron las medidas en conjunto, echaron culpas a la "herencia" recibida y adelantaron que impulsarán una "rápida y ágil" deportación de detenidos extranjeros.
El anuncio se realizó este viernes por la mañana en la Comisaría Comunal N°8, barrio de Villa Soldati, frente a uno de los nuevos módulos inaugurados por el GCBA. La foto mostró unidad luego de los cruces que se produjeron durante las dos semanas en las que se acumularon cuatro fugas en territorio porteño: al lado del jefe de gobierno, Jorge Macri, estuvo la ministra de seguridad nacional, Patricia Bullrich. "Quiero agradecerte, Patricia, porque cambiamos esa sensación de que en la Ciudad se puede hacer lo que se quiere", comenzó a decir el jefe de Gobierno para luego asegurar que "heredamos una superpoblación en comisarías y alcaidías, y estas medidas son parte de la solución".
La principal obra anunciada es la construcción de una "alcaidía central" en la ciudad. Estará ubicada en la zona sur, también en el barrio de Villa Soldati, en el cruce de la autopista Cámpora y 27 de Febrero. Según informó el GCBA, la nueva alcaidía sumaría 700 plazas nuevas y el proceso licitatorio para su construcción ya está abierto, por lo que se prevé que en el lapso de un año pueda ser inaugurada. Mientras tanto, indicaron, se sumarán 19 módulos de detención equipados para alrededor de 300 plazas. Los módulos se instalarán a modo de anexo de las comisarías comunales N°12, del barrio de Saavedra, la N° 15, de Chacarita, y la N°4D, de Barracas. Según pudo saber este diario, los módulos están conformados por containers unificados con seis camas en cada uno.
En la conferencia de prensa de la que también participaron los responsables de Seguridad de Ciudad, el ministro Waldo Wolff y el secretario Diego Kravetz, se anunció además la incorporación de alrededor de dos mil tobilleras electrónicas nuevas para utilizar en detenidos con prisión domiciliaria. Según aseguró Wolff, con esas medidas esperan reducir en 600 la cifra de personas detenidas por sobre la capacidad con la que actualmente cuenta la ciudad. Semanas atrás, el propio ministro había sido el protagonista de los cruces públicos entre las dos carteras de seguridad al reclamarle a Nación que "tomen conciencia de que las comisarías no están ni habilitadas ni preparadas para albergar esta cantidad".
La disputa, en verdad, viene de larga data, desde antes de los recambios ejecutivos de diciembre. Ciudad sostiene que la mayor parte de los presos que están en sus comisarías y alcaidías son de jurisdicción nacional o federal, por lo que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) tendría que hacerse cargo de ellos. Bullrich había respondido entonces que Nación asigna todos los días un cupo de 90 presos para los traslados de Ciudad al SPF, y que "no siempre son cubiertos". "Si a la Ciudad se le escapan los presos es un problema de la Ciudad", lanzó la ministra hace ya un mes.
La postal de unidad de este viernes vino a exhibir algo de paz en esa interna. Además de los anuncios en territorio porteño, el jefe de Gobierno y la ministra informaron también que se retomarán las obras de la construcción del Complejo Penitenciario II de Marcos Paz, con el objetivo de trasladar hacia allí a los presos de la cárcel de Villa Devoto. Según Macri, esa obra estará terminada para fines del año que viene. Desde el GCBA también señalaron que buscarán "trabajar de manera rápida y ágil" la deportación de "extranjeros presos ilegales". "Es necesario que la Justicia pueda acelerar los trámites para extraditarlos", sostuvieron.
Según el último informe del Observatorio de Políticas Penitenciarias y Derechos Humanos del Poder Judicial porteño, al primero de abril de este año había 1980 detenidos en comisarías y alcaidías, casi el doble que un año atrás y también el doble de las plazas "ideales" de esos lugares. El informe indica que el 95,2 por ciento de esos presos corresponden a procesos llevados adelante por los fueros federales y nacionales, dato que le sirve a la administración porteña para seguir sosteniendo su reclamo a Nación.
Para el GCBA, esa sobrepoblación es la principal causa de las sucesivas fugas que se produjeron en los últimos tiempos. Fueron cuatro sólo durante la primera quincena de abril, en comisarías y alcaidías de San Telmo, Balvanera, Caballito y Villa Urquiza. Entre las cuatro llegaron a fugarse 17 presos. Durante 2023, en tanto, se produjeron 41 fugas en comisarías y alcaidías. Según informaron desde el GCBA, para concretar lo anunciado este viernes "se avanzará en un decreto de emergencia edilicia en alcaidías y comisarías".
Los hechos de abril ya habían despertado una fuerte reacción de la oposición en la Legislatura, donde presentaron diversos proyectos sobre la situación en los centros de detención. El diputado de Unión por la Patria (UxP) Matías Barroetaveña ingresó un pedido de informes para, entre otros puntos, conocer "si existe algún tipo de control interno y externo acerca de las condiciones de alojamiento", cuál es el presupuesto destinado a la creación de comisarías y alcaidías, y la cantidad de personal policial afectado a la custodia de esos lugares.
Por su parte, la diputada Claudia Neira, también de UxP, pidió a Wolff que convoque al Consejo de Seguridad y Prevención del Delito de la Ciudad "para discutir el tema institucionalmente y trabajar en soluciones". Este viernes, tras el anuncio, la legisladora criticó en su cuenta de X las "mini cárceles containers" y advirtió que "seguimos sin un plan para resolver el problema".
