Organizaciones de la sociedad civil de la comunidad cannábica de todo el país motorizan una serie de marchas que tendrán lugar este sábado 4 de mayo. Este año se confirmaron movilizaciones en Buenos Aires, Bariloche, Córdoba Capital, Rosario, La Plata y Paraná. En conversación con Negrx, Nicolás Millione, secretario de la Federación Argentina de Cannabis y Cáñamo (FACC), nos explicó que en la ciudad de Buenos Aires, por las condiciones del protocolo de seguridad, no se hará una marcha sino una concentración frente al Congreso Nacional.

Argentina cuenta con la ley 27.350, desde el año 2017, que regula el uso medicinal del Cannabis. En el 2020 se habilitó el autocultivo y se creó el registro REPROCANN, luego de dos reglamentaciones distintas de la ley nacional. La experiencia del REPROCANN ha sido positiva, en tanto fue un cambio en el paradigma prohibicionista que tenía casi un siglo. Sin embargo, desde la asunción de la nueva administración del gobierno nacional, los trámites se han frenado, según explicaron a Negrx varias de las ONG de cultivadoras de distintas regiones del país. Puede que las objeciones del gobierno sean simplemente retóricas a los efectos de distraer a la opinión pública de sus enormes inconvenientes en múltiples frentes, pero para quienes dependen de la medicina, las palabras del ejecutivo generan zozobra. En este contexto las organizaciones llaman a la reflexión colectiva y redoblan los esfuerzos para congregarse en las calles por la defensa de lo conquistado, exigiendo el fin de la persecución a la tenencia simple y la legalización de la industria.

La tenencia simple sigue siendo penada bajo los criterios de la ley 23.737, convirtiéndose en la puerta de entrada al sistema de justicia penal que perpetúa desigualdades raciales y sociales. La criminalización del cannabis ha impactado desproporcionadamente a las mayorías racializadas, creando un ciclo de pobreza, encarcelamiento y exclusión. Esta persecución no solo desgarra el tejido social, sino que también desvía recursos de la centralidad del problema del narcotráfico que es el lavado de activos. A su vez, según explica el investigador de la universidad de Quilmes Rodriguez Alzueta, esto repercute en la sociedad, que va construyendo una percepción del mundo narco como “un espejo del racismo social”.

Así se puede ver como todas las semanas se presentan, en los noticiarios más vistos del país, a supuestas bandas narcos desbaratadas por las fuerzas de seguridad. Las imágenes nos devuelven casas derruidas que servían de puntos de ventas barriales en los lugares más pobres. Más que una política de seguridad integral y combate al narcotráfico, ese accionar sistemático de las fuerzas constituye una política de publicidad racista. Según explica Claudia Pérez de Madres Cultivadoras Argentinas, el cannabis “vuelve a ser un instrumento de persecución” que temen que se convierta en parte de “las políticas represivas de la Ministra Bullrich”. Algo parecido manifiesta Mariana Amanto, de la organización Mamá Cultiva Argentina: “Es otra muestra de la política de crueldad que este gobierno impulsa. Al final, la libertad era la libertad de los que vienen a arrasar con la soberanía, no la de todos, todas y todes. Por eso creemos que hay que salir a defender lo que nos pertenece, lo que conseguimos luchando como comunidad. La única forma que tenemos para evitar una política de prohibición total es defendiendo los derechos ganados”.

Más allá del enfoque particular que intenta adoptar la gestión de Milei, la ley 27.350 del 2017 no solucionó el problema de fondo que constituye el control desigual de la población a través de una linea de color, bajo el discurso de un supuesto combate al narcotráfico. La requisa compulsiva por perfilamiento racial justificada en la supuesta tenencia de drogas ha sido, histórica y sistemáticamente, la excusa de las fuerzas de seguridad. Un caso emblemático en este sentido es la Masacre de Budge, que popularizó el concepto “gatillo fácil”. Desde entonces contamos con un fatídico historial de poco más de 35 años de casos similares, donde la policía utiliza la excusa de la tenencia simple para detener por perfilamiento racial. Incluso Argentina cuenta con una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2020 por un caso de violencia institucional racista donde también se utilizó esta técnica policial.

Aunque es cierto que la justicia en la mayoría de los casos de tenencia simple no termina condenando a los acusados, esta práctica de control callejero nunca se detuvo por parte de las fuerzas de seguridad. El REPROCANN en este sentido le da cobertura a los usuarios medicinales, pero aun así, no resuelve el problema de fondo.

La legalización total del cannabis no es solo un acto de justicia, sino un paso crucial hacia un futuro más equitativo. En este contexto, las marchas y concentraciones del 4 de mayo se erigen como un llamado a la acción. Es tiempo de poner freno a la vulneración de derechos que se ejercen a través de políticas obsoletas, cuando no racistas, que llevan más de un siglo de fracaso.