"Prepárense porque todavía falta que vuelva del Senado". Eran las 9 de la noche, la Cámara de Diputados venía debatiendo el proyecto de ley ómnibus y el paquete fiscal hace más de ocho horas y un agotado diputado de Hacemos Coalición Federal sintetizaba así lo que, días después, confirmarían los mismos senadores: si el gobierno quería sancionar sus leyes tendría que introducirles algunas modificaciones. Y es que a pocos días de que comience el debate en el Senado, los senadores pretenden diferenciarse de las negociaciones que marcaron el pulso en Diputados y deciden plantear sus propias objeciones. Uno de los capítulos que se encuentra en mayor peligro es la restitución del impuesto a las Ganancias, ya que los gobernadores patagónicos están muy cerca de hacerse con el número para voltearlo. Pero no es el único: senadores de la oposición que analizan acompañar la ley en general sostienen, en cambio, que podrían votar en contra de la delegación de facultades, el blanqueo de capitales y la moratoria previsional.
La confianza que manifestó Guillermo Francos, arquitecto del acuerdo que habilitó la aprobación en Diputados, pareciera ser excesiva: el camino de los proyectos en el Senado no será ni "rápido" ni "sencillo". Así lo dejaron entrever los senadores de la oposición de la que depende la sanción de la ley. "No somos una escribanía", le apuntó el entrerriano Edgardo Kueider, un exFrente de Todos cuyo acompañamiento (o no) será el fiel de la balanza de la ley ómnibus. No es el único cuya postura será determinante para la aprobación de la ley: los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco, el correntino Carlos "Camau" Espínola, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, son también una incógnita que demanda, por lo bajo, más tiempo para analizar los proyectos.
La recriminación puede escucharse en varios despachos. "Para dos leyes tan abarcativas lo normal sería que el Senado planteara alguna modificación. Porque en estos cinco meses el gobierno solo se concentró en negociar con Diputados, pero no hizo nada con el Senado", cuestionaba un importante senador radical que, como muchos opositores, mastica bronca por haber quedado fuera de las negociaciones que dieron forma a los dos proyectos. El malhumor, sin embargo, no quedará en la nada: los senadores buscarán tomarse su venganza planteando algunas modificaciones a los textos.
Lo que abre un interrogante: ¿Javier Milei llegará a tiempo para sancionar su dos leyes antes del 25 de mayo, fecha que había marcado en el calendario para celebrar el "Pacto de Mayo" con los gobernadores amigos? El objetivo del gobierno nacional es sesionar el 16 de mayo, pero de introducirse cambios, la Cámara de Diputados tendría volver a tratar los proyectos una semana después, es decir entre el 23 y 24 de mayo. Y ahí se abre otro punto de conflicto: en tanto Cámara de origen, Diputados tiene la potestad de aceptar los cambios o ratificar su media sanción. Es decir que cualquier cambio que el oficialismo pueda aceptar en el Senado para que la ley salga podría ser fácilmente desestimada por los diputados, que con sus 140 votos pueden volver a insistir en la versión original.
"Todas las reformas que plantees en Diputados te las liquidan", viene deslizando José Mayans, titular del interbloque de Unión por la Patria, a los opositores que dudan. El peronismo juega y viene trabajando para rechazar las dos leyes, aunque en el proceso eso signifique tener también que convencer a los propios.
Estamos bien los 33
La frase se repetía, irónica y autocomplaciente, el jueves por la noche. Como el mensaje que enviaron los mineros chilenos sepultados en Atacama para dar cuenta que seguían con vida, los senadores de UxP bromeaban: "Estamos bien los 33". Y es que ese es el número de senadores con los que cuenta UxP y que, en los últimos días, había comenzado a ponerse en duda de que actuarían de manera uniforme. El ojo estaba puesto principalmente en los dos senadores que responden al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien había llamado a votar a favor de las dos leyes en el Senado. En Diputados, mientras tanto, sus legisladores habían votado en contra en general, pero después habían acompañado el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
La bancada de UxP, sin embargo, intentaba mostrarse confiada. En el zoom del jueves, ninguno de los senadores apuntados que podrían darse vuelta --incluidos los santiagueños que responden a Gerardo Zamora o, incluso, el sanjuanino Sergio Uñac-- habían dado muestras de que acompañarían la ley. "Estamos trabajando todos para voltear la ley. Si conseguimos cuatro más la volteamos", se entusiasmaba un senador de UxP que afirmaba que, hasta ahora, ninguno de los senadores les había "dado pelota" a sus gobernadores en las votaciones pasada. El caso de Lucía Corpacci suele sacarse a relucir: la senadora y exgobernadora de Catamarca ya salió a diferenciarse de Jalil y aseguró que votaría en contra de las leyes. El otro catamarqueño, Guillermo Andrada, es todavía una incógnita.
Los cambios
La mayor amenaza para el oficialismo, por estas horas, es el capítulo del paquete fiscal que restituye el impuesto a las Ganancias para todos los solteros que cobren más de 1,8 millones de pesos (para los casados es 2,2 millones). Todos los gobernadores patagónicos, indistintamente del color político, están en contra: Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Rolando Figueroa (Neuquén). En la práctica, esto significa que hay seis senadores que acompañan en general la ley que, en cambio, jugarán para voltear Ganancias. Y no están muy lejos de lograrlo, ya que aspiran a tejer acuerdos con otros senadores patagónicos que no responden directamente a sus gobernadores.
Otro de los puntos en tensión son las facultades delegadas. Hay senadoras como la rionegrina Mónica Silva que no quieren acompañar y se le podrían sumar, incluso, algunos radicales, como Lousteau, que ya habían manifestado su desconfianza a cederle facultades extraordinarias a un presidente como Milei. La moratoria previsional, que fue aprobada por varios senadores el año pasado, también es defendida por algunos de los opositores más dialoguistas, que insisten en que no puede eliminarse porque dejaría en una situación de desamparo a varias personas (particularmente mujeres).
En el caso del RIGI, mientras tanto, hay algunos senadores que plantean modificar algunos puntos para atender a las denuncias del GAFI, que sostiene que favorece el lavado de activos.