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“Si hubieran tenido la intención de no interferir con el Banco, lo hubieran incluido en la lista de exclusiones, pero no está. Tanto el presidente como la vicepresidenta son abiertamente negacionistas, lo han dicho muchas veces. ‘En Argentina no pasó nada y si pasó, en realidad fueron excesos’, dicen. No ocultan lo que piensan”. Las palabras del reconocido genetista y miembro consultivo del Banco Nacional de Datos Genéticos Víctor Penchaszadeh advierten sobre un peligro concreto: la posibilidad de que el organismo de prestigio mundial, clave en la lucha de organismos de derechos humanos en la Argentina, sea disuelto.
En el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) confluyen la ciencia, la memoria y la defensa de los derechos humanos: tres pilares que durante las últimas décadas gozaron de legitimidad social y política. En el proyecto de la Ley Bases, sin embargo, el BNDG no fue incorporado a la nómina de organismos que no pueden ser eliminados por la gestión Milei. Entonces, de sancionarse la norma, podría ser eliminado. La preocupación no es menor ya que desde 1987 se encarga de guardar la “memoria genética” de las Abuelas de Plaza de Mayo y sus familias para cruzar los datos y realizar la identificación de nietos apropiados durante la última dictadura. En el presente, atesora la información de más de 300 familias que aguardan por conocer la verdad y ya permitió la restitución de más de 100 identidades.
Aunque el vocero Manuel Adorni haya confirmado que “el Gobierno tomó el compromiso de no avanzar ni en la modificación ni en el cierre del Banco Nacional de Datos Genéticos”, las dudas quedan. Si algo caracteriza a la administración libertaria es su discurso negacionista que discute y relativiza, cada vez que puede, el terrorismo de Estado durante el último gobierno de facto. De hecho, en la Ley Bases y Puntos de Partida que Diputados aprobó y será debatida en el Senado hay un artículo que habilita al gobierno a “modificar o eliminar las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario”.
El caso del Banco Nacional de Datos Genéticos es similar al de otros organismos como la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación o el INTI, ya que de sancionarse la norma podría ser disuelto. Por otra parte, otros como Conicet, Anmat, Incaa, Enacom, Conae, Cnea e Inta no podrán ser disueltos pero el gobierno estaría habilitado para realizar acciones que transformen el funcionamiento y sus objetivos.
“El valor simbólico del Banco es muy grande. De hecho, las Abuelas de Plaza de Mayo han sido las propulsoras de su creación hace 35 años y de todo su trabajo hasta ahora. Es una institución bandera de la ciencia argentina, que ha desarrollado la genética forense en el país y en el mundo. La disciplina cobró cuerpo cuando las Abuelas comenzaron a moverse. Al menos, la aplicación de estos conocimientos para el derecho a la identidad convierte al Banco en pionero a nivel internacional”, explica Penchaszadeh, actual director del Posgrado de Genética, Derechos Humanos y Sociedad en la Universidad Nacional de Tres de Febrero, en diálogo con Página/12.
La identidad como tesoro
“El testimonio de los nietos sirvió para probar que en Argentina existió el terrorismo de Estado y que se trató de un plan sistemático de apropiación de niños. No es un eslogan, es un activo para la democracia, la memoria, la verdad y la justicia. Por eso, es una piedra en el zapato en la intención del gobierno de terminar con los juicios de lesa humanidad. Los están podando al no dar fondos y al desmantelar la fiscalía especial para búsqueda de niños apropiados. Que tienen al Banco Nacional de Datos Genéticos en la mira no me cabe ninguna duda”, advierte el genetista.
A la fecha, gracias al trabajo incansable de las Abuelas, la ciencia permitió la restitución de 133 nietos, que representan “un valor incalculable para la memoria histórica y los juicios de lesa humanidad”. El genetista observa: “Quedan muchos más por encontrar. Según estimaciones, se cree que unas 400 personas fueron nacidas en cautiverio con madres y padres desaparecidos, con lo cual solo un tercio se halló hasta ahora. En el Banco, hay datos genéticos de 311 familias”.
El BNDG trabaja mucho más ya que por cada recuperación hay, por lo menos, mil estudios que permiten llegar a ese resultado. “En sus años de existencia, el Banco ha realizado más de 20 mil análisis y los sigue haciendo, porque hay mucha gente que duda y quiere saber", explica el investigador.
El enfoque con respecto a la restitución identitaria va más acá y también más allá de la perspectiva ideológica. En efecto, la legislación nacional e internacional se pronunció al respecto para eliminar grises. “El derecho a la identidad fue promulgado por la Convención Internacional de Derechos de la Niñez de Naciones Unidas en 1993. El artículo que lo consagró es denominado como el ‘artículo de las Abuelas’ haciendo honor a su esfuerzo para que fuera reconocido. De ahí en adelante, el derecho a la identidad fue convalidado por la legislación internacional de los derechos humanos, determinando que su violación es un crimen de lesa humanidad no prescriptible.”
Un índice de ciencia y verdad
Penchaszadeh es un médico pediatra (UBA) que debió exiliarse y continuar su formación en Venezuela y Estados Unidos, tras ser perseguido por la Triple A. Se especializó en genética, derechos humanos y salud pública. El primer contacto que tuvo con las Abuelas fue en 1982. Fue cuando Estela de Carlotto y Chicha Mariani le consultaron por sus saberes científicos, y puntualmente querían averiguar cómo iban a identificar a los nietos una vez que la democracia retornara. Así fue cómo ante el pedido de las Abuelas, se gestó la creación del Índice de Abuelidad, una fórmula estadístico-matemática que fija la posibilidad de establecer las relaciones de parentesco sin los padres y a partir de la información genética provista de los abuelos.
Además de Penchaszadeh, el grupo que investigó cómo solucionar el problema estaba en California. Fue coordinado por la genetista estadounidense Mary Claire King (de manera reciente distinguida con el título de doctora honoris causa por la UBA), que trabajó en colaboración con el italiano Luca Cavalli-Sforza, el chileno Cristian Orrego y el francés Pierre Darlu. Luego de un arduo trabajo, dieron con la fórmula. Solo era cuestión de localizar casos para probar que funcionara y funcionó, ya que en 1984 Paula Logares se convirtió en la primera nieta restituida a través de la ciencia.
El BNDG se creó hacia finales de década, en articulación con otras instituciones igual de emblemáticas como el Equipo Argentino de Antropología Forense. Constituye el archivo público y sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de personas secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura. A través del análisis de ADN, los estudios permiten identificar vínculos biológicos entre personas que sospechan ser hijos de desaparecidos y sus familias de origen. Las probabilidades de parentesco (paternidad, hermandad o abuelidad) son lo suficientemente altas como para confirmar o descartar un vínculo genético.
Así es como desde hace décadas, el BNDG emplea la evidencia científica para conocer la verdad y hacer justicia. Reconocida en el mundo, la ciencia forense local quizás constituya una de las muestras más concretas de cómo el conocimiento impacta en la sociedad.
