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Desde Ciudad de Panamá
Este domingo Panamá elige presidente. Tres millones de ciudadanos están convocados a unos comicios en los que también se renovará el Legislativo unicameral, alcaldías y cientos de cargos locales. La votación culmina una campaña de tres meses en la que la corrupción fue el principal tema de agenda y en la que la grilla de candidatos se fue depurando hasta alcanzar las siete nominaciones que llegan como opciones válidas a la jornada electoral.
Los candidatos
En efecto, la oferta electoral ha ido achicándose con el correr de las semanas. De todos los precandidatos que manifestaron su interés por alcanzar la presidencia, muchos de los cuales buscaban competir por el sistema de libre postulación, o sea apartidarios habilitados por recolección de firmas, sólo ocho lograron superar los escollos legales, ya sea presentándose por los partidos políticos tradicionales o bien de manera independiente.
Luego de que Melitón Arrocha declinara su candidatura a cinco días de las elecciones, siete son las nóminas que finalmente competirán en las urnas. El favorito de las encuestas es el abogado y diplomático José Raúl Mulino, heredero del ex presidente de derecha Ricardo Martinelli, quien quedó fuera de carrera tras ser inhabilitado políticamente como resultado de un proceso judicial que lo encontró culpable del delito de lavado de activos. Tras la confirmación de la condena, Mulino, hasta ese entonces pre-candidato a vicepresidente, pasó a encabezar la fórmula del partido Realizando Metas.
Pero su candidatura también sufrió un pedido de inhabilitación, dado que no fue producto de internas partidarias y a que compite con una nómina incompleta, es decir, sin un candidato a vice que le acompañe. Tras varias semanas de incertidumbre, finalmente la Corte Suprema de Justicia dispuso el día 3 de mayo que Mulino podrá competir, en un fallo no exento de polémicas y que atendió a consideraciones de índole más política que jurídica.
Por debajo del favorito, se disputan la segunda plaza otros tres candidatos, a mayor o menor distancia según los diferentes sondeos. Martín Torrijos, por el Partido Popular, quien fue mandatario en el período 2004-2009 y es hijo del célebre líder militar populista Omar Torrijos, presidente de facto entre los años 1968 y 1981. También está Ricardo Lombana, por el Movimiento Otro Camino, un comunicador y abogado que dio la sorpresa en las elecciones generales del 2019, cuando conquistó el tercer lugar como candidato independiente y obtuvo el 18.78 por ciento de los votos. Y cierra la terna Rómulo Roux, un funcionario clave del gobierno de Martinelli que estuvo al frente de la Cancillería y de la administración del estratégico canal interocéanico, y que se presenta al frente de una alianza entre Cambio Democrático y el tradicional Partido Panameñista.
Algo más relegados en las encuestas aparecen José Gabriel Carrizo, el candidato del oficialismo, vicepresidente en ejercicio y miembro del PRD, así como Zulay Rodríguez, una candidata testimonial del mismo partido que compite a la vez por tres cargos electivos: una alcaldía, una diputación y la presidencia de la república. Completa la oferta electoral la economista y docente Maribel Gordón, quien se postula con las firmas de la ciudadanía y como única representante del progresismo y la izquierda local. Gordón encabeza un amplio arco de sindicatos con gran poder de convocatoria, así como a movimientos sociales y partidos políticos que se unificaron con el impulso de las masivas protestas que sacudieron a Panamá en los últimos dos años.
Los temas en debate
La corrupción ha sido uno de los temas de discusión privilegiados en estos tres meses de campaña. El proceso en firme contra el ex presidente Martinelli lo convirtió en el primer presidente condenado de toda la historia panameña, agravando el desencanto de la ciudadanía. En Panamá, delitos como el lavado de activos se ven favorecidos por la economía rentista y canalera, y por un régimen fiscal que convirtió al país en un atractivo paraíso fiscal, como quedó de manifiesto en elescándalo que estalló tras la publicación de los Panamá Papers en 2016, megafiltración de millones de documentos internos de la firma de Mossack Fonseca, que se especializaba en la creación y manejo de estructuras offshore. Esta semana comenzó un juicio a 27 imputados vinculados con el estudio, que cerró en 2018, incluyendo sus fundadores Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
Uno de los nudos de la política local es la crisis de un sistema de partidos que hasta hace poco contaba con estructuras políticas antiguas y bien consolidadas. La multiplicación de sellos partidarios, la crisis de formaciones tradicionales como el PRD y el panameñismo, así como el auge de las candidaturas independientes, dan cuenta de que los viejos partidos tienen cada vez tienen más dificultades para seducir y movilizar el voto popular, lo que ha multiplicado en los últimos días las denuncias de clientelismo y la coacción electoral sobre los funcionarios públicos.
Otra cuestión se vincula con la recomposición del movimiento social panameño, desarticulado de manera forzosa con la invasión estadounidense de 1989, cuando 26 mil soldados ocuparon el país con la excusa de deponer al dictador Manuel Noriega, ocasionando más de 3 mil víctimas fatales y cientos de desaparecidos. Así, nuevos debates y nuevas agendas surgieron de las protestas del año 2018 contra la carestía de la vida y la crisis de los servicios públicos en la Zona Libre de Colón, así como en las protestas del 2019 –las más importantes en 35 años– contra una filial de la minera canadiense First Quantum Minerals, que explota a cielo abierto el cobre en la región de Donoso.
El último de los debates que irrumpió en la escena pública durante la campaña es la propuesta de elaborar una constituyente originaria, dado que la carta magna vigente en el país –aunque reformada– es todavía la de 1972, heredada del régimen militar torrijista. Mientras Lombana postuló un plebiscito para decidir si se hace una nueva constitución o se reforma la de 1972 o se la deja como está, Gordon fue mas lejos y directamente propuso crear nueva Carta Magna a través de una Asamblea Constituyente. Este debate se relaciona estrechamente a la discusión del modelo de desarrollo panameño, asentado en la economía del canal, el turismo y los servicios financieros y logísticos. Aunque este modelo garantizó una tasa de crecimiento interanual del 6.5 por ciento en 2023, a la vez consolidó a Panamá como el tercer país más desigual de todo el hemisferio.
El sistema electoral
El sistema electoral panameño es relativamente sencillo: el binomio presidencial será elegido por mayoría simple y en una única vuelta electoral. El presidenta o presidenta electa gobernará el país por un período de cinco años, sin derecho a la reelección consecutiva. La Asamblea Nacional, el parlamento unicameral del país, renovará la totalidad de sus 71 diputados, como sucede cada cinco años en las elecciones generales. Además, a nivel local se elegirán a 81 alcaldes, a 701 representantes de corregimientos y a 11 concejales.
La peculiaridad del sistema electoral panameño radica en su estructura administrativa, que reconoce la existencia de diez provincias y de seis comarcas indígenas, que representan más del 20 por ciento del territorio nacional. De estas comarcas, autogobernadas por sus propios pueblos originarios, cuatro tienen un estatus similar al de las provincias, mientras las otras dos son reconocidas como corregimientos, la unidad administrativa más pequeña en el país, equivalente a un municipio.
