Durante más de tres décadas, Patricio Miguel Finnen fue uno de los hijos dilectos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Entró en 1974 con 22 años, se formó y escaló. Hizo cursos en Estados Unidos e Italia. Sus superiores le reconocían la excelencia. A principios de los ‘90, fungía como enviado de la Secretaría en Israel. El atentado contra la embajada de Israel en la Argentina lo encontró allí. Volvió al país y quedó al frente de la llamada Sala Patria, que terminó haciéndose cargo de la investigación del ataque contra la AMIA. Para la justicia argentina, Finnen fue uno de los responsables de que se desviara la pesquisa hacia un grupo de policías bonaerenses que nada tenían que ver con la bomba del 18 de julio de 1994. En diciembre de 2002, lo echaron de la SIDE.  Ahora, Finnen deberá sumarle una mancha más a su legajo: el juez federal Daniel Rafecas lo mandó a juicio por crímenes contra la humanidad cometidos en el centro clandestino conocido como Automotores Orletti. Compartirá el banquillo de los acusados con César Estanislao Albarracín y Rubén Héctor Escobar, que serán juzgados, además, por su rol en la base de la calle Pomar. El proceso estará en manos del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de la Ciudad de Buenos Aires.

En la SIDE, Finnen era Patricio Fonseca. Para su familia, “Paddy”. Con ese nombre también hay sobrevivientes de Orletti que lo recordaron como uno de los guardias del campo de concentración de la calle Venancio Flores.

Finnen cree que detrás de todos sus males está Miguel Ángel Furci –y posiblemente algún otro de sus enemigos de “La Casa” como Antonio “Jaime” Stiuso. Furci, exagente de la SIDE condenado por su rol en Orletti y también por haberse apropiado de Mariana Zaffaroni Islas, lo mencionó en unos mails que le mandó hace casi 20 años al periodista Fabián Kovacic mientras hacía una investigación para el semanario Brecha de Uruguay. Para defenderse, Finnen apareció con una carta –fechada en 1999– en la que Furci se arrepentía de haberlo difamado. Pero la estrategia le sirvió de poco: el juez Rafecas le respondió que los correos eran posteriores.

En 1976, Finnen estaba destinado a Operaciones Tácticas (OT)1. Sus calificaciones las firmó ese año Marcos Calmon, un militar que fue jefe de la OT 18 –que, para los tribunales argentinos, fue la estructura que contuvo a Automotores Orletti. Pese a las quejas de su defensora, Rafecas lo mandó a juicio, acusado por 82 secuestros y el robo de los hermanitos Anatole y Victoria Julien Grisonas –que pasaron por Orletti, el Servicio de Informaciones de la Defensa (SID) de Montevideo y fueron abandonados en una plaza de Valparaíso, Chile.

Finnen había salido indemne del juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, que terminó en 2019. Sin embargo, el 11 de abril pasado, la Cámara Federal de Casación Penal lo condenó a dos años de prisión –en suspenso– por su rol en esa maniobra. Según él mismo contó, Finnen coordinó con el juez Juan José Galeano el pago de 400.000 dólares a Carlos Telleldín. El desembolso–con fondos reservados de la SIDE– se hizo para que Telleldín involucrara a un grupo de policías bonaerenses.

Finnen, un peso pesado de los servicios y uno de los hombres más importantes de la SIDE menemista, deberá compartir el banquillo en los próximos meses con Albarracín y Escobar. Los dos eran también agentes de la SIDE, pero nunca escalaron como Finnen. Eran parte de la banda de Aníbal Gordon, un hampón devenido en el lugarteniente de los centros clandestinos de detención que regenteó la SIDE durante los primeros años de la dictadura.

Para Rafecas, la SIDE fue responsable de un circuito represivo conformado por tres centros clandestinos: Bacacay, Orletti y Pomar. En esta oportunidad, ninguno de los represores será juzgado por los secuestros, desapariciones y asesinatos ocurridos con las víctimas que pasaron por Bacacay porque la Cámara Federal porteña entendió que no había suficiente mérito para vincularlos con estos hechos.

La banda de Gordon tuvo una base en la calle Bacacay al 3570 (actual 3558). Según lo que reconstruyó Rafecas, la base Bacacay estuvo activa entre marzo y mayo de 1976. Su cierre se produjo después de los asesinatos de los políticos uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz junto con los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw, que aparecieron acribillados en un Torino el 21 de mayo de 1976 en el cruce de Perito Moreno y Dellepiane.

Para entonces, el grupo Gordon ya había alquilado un taller mecánico, que estaba ubicado en la misma manzana. Entre junio y noviembre de 1976, el lugar que se conoce como Automotores Orletti funcionó como una base del Plan Cóndor, donde no solo operaban represores argentinos sino también uruguayos y chilenos.

Después de una fuga de película, Gordon y su gente abandonaron el taller de Venancio Flores. En febrero de 1977, se instalaron en un galpón de Pomar y Chiclana, en pleno barrio de Nueva Pompeya. En ese lugar, mantuvieron secuestrados a un grupo de militantes del Partido Comunista (PC) y al financista León Pedro Zavalía. Rafecas recién logró identificar el lugar a finales de 2022. Fue fundamental una declaración que había dado uno de los imputados, Albarracín, en plena dictadura en la que había mencionado el número de teléfono de la base.

En pocos días, el 20 de mayo, se cumplirán 47 años de los secuestros del PC de la Avenida Callao. Para los familiares de las víctimas y para el sobreviviente Juan Carlos Comínguez será un aniversario doloroso pero con un horizonte de justicia a la vista.