El 8 de Mayo de 1987, la localidad de Ingeniero Budge fue escenario de lo que se conoce como la Masacre de Budge. Agustín Olivera de 26 años, Oscar Aredes de 19 años, y Roberto Argañaraz de 24 años, fueron asesinados por suboficiales de la Policía Bonaerense mientras estaban en la esquina de Guaminí y Figueredo. Este hecho ocasionó una movilización sin precedentes, convirtiéndose en un caso emblemático en toda la Argentina porque allí se popularizó el concepto de “gatillo fácil” para referirse a la violencia institucional de la naciente democracia.

El crimen no solo dejó un profundo dolor en las familias de las víctimas, sino que también desencadenó una serie de acciones en busca de justicia. Amigos y vecinos se reunieron para acompañar a los familiares y juntos iniciar una incansable lucha por esclarecer los hechos y exigir el castigo correspondiente a los culpables.

Sin embargo, lo que siguió como respuesta de las autoridades, para nada sorprendente, fue perseguir a quienes reclamaban justicia. La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) desplegó un operativo de espionaje sobre los familiares, la Comisión de Amigos y Vecinos de la Masacre de Budge, y los abogados que representaban a las víctimas. Infiltrándose en cada marcha, asamblea o reunión, recopilaban información detallada sobre los participantes y sus acciones. Esta persecución no solo buscaba intimidar a los que estaban en la lucha, sino también obstaculizar cualquier avance en la causa judicial.

A pesar de esto, la resistencia de las familias y la comunidad logró que luego de 11 años del crimen fueran condenados a 11 años de prisión Balmaceda, el cabo primero Juan Alberto Miño y el cabo Isidro Rito Romero. Quienes estuvieron prófugos protegidos por la propia policía.

El caso de la Masacre de Budge dejó un antecedente y se convirtió en un símbolo de resistencia contra el gatillo fácil. Por eso en 2012, se instituyó mediante la Ley 26.811 el “Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional en Argentina” en conmemoración de los tres jóvenes asesinados.

Tanto el mural que está ubicado en la esquina del trágico suceso, como el propio memorial realizado por la provincia, son hoy en día un llamado a continuar con la lucha contra el perfilamiento racial, acción que se conoce popularmente como portación de rostro, y es básicamente una forma de control social de las fuerzas de seguridad.

El próximo miércoles 15 de mayo, en el marco del trigésimo séptimo aniversario de la masacre, se realizará el conversatorio “Violencia Institucional es Racismo. Perfilamiento racial, genocidio por goteo y persecución política en contexto democrático”, con la participación de Lilia Saavedra, presidenta de la Fundación VEI, y madre de Ramón Santillan, asesinado en el año 1999; Federico Pita, fundador de la Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR), y Germán Arévalo, de la Comisión de Amigos y Vecinos de la Masacre de Budge (CAV). La cita es en el Instituto ISFD n°103 “Prof. Francisco Zimei” ubicado en la calle Gabriela Miró 2450, de Villa Urbana en el partido de Lomas de Zamora, a las 18:00 hs. El encuentro lo organiza el profesor Lucas Santillán, de la Cátedra de Historia del Mundo Moderno del profesorado. Aunque han pasado 37 años del hecho, en Budge, como en tantos otros barrios, los casos de gatillo fácil siguen sucediéndose, por eso el memorial es tan importante, no solo para el barrio, sino para las mayorías populares de todo el país.