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Desde Ciudad de Panamá
El abogado y diplomático derechista José Raúl Mulino fue electo presidente de Panamá en las elecciones generales de este domingo 5 de mayo. Al cierre de la edición el sistema de Transmisión Extraoficial de Resultados (TER) había escrutado el 74.37 por ciento de los sufragios, y le otorgaba a Mulino un 34.25 por ciento de los votos emitidos válidos, a 9 puntos de distancia de los otros contendientes, en sintonía con lo que pronosticaban la mayoría de los sondeos.
Mulino es el heredero político del expresidente Ricardo Martinelli, quien originalmente encabezaba la fórmula del partido Realizando Metas, pero fue condenado a 10 años y medio de prisión por lavado de activos e inhabilitado para ejercer cargos públicos. Así fue como Mulino, antes candidato a vicepresidente, pasó a competir por la jefatura del país. Al presentarse con un binomio incompleto y al no haber sido electo por internas partidarias como lo estipula la ley electoral, un grupo de abogados interpuso una demanda de inconstitucionalidad en su contra.
Recién el día 3 de mayo, dos días antes de los comicios y en un clima de gran incertidumbre, la Corte Suprema de Justicia resolvió la demanda y habilitó su candidatura en un fallo que no estuvo exento de polémicas. De hecho, en plena jornada electoral y en un acto muy discutido, Mulino visitó a Martinelli en la embajada nicaragüense en donde el ex presidente se encuentra refugiado, tras alegar “persecución por razones políticas” y obtener el asilo por parte del gobierno sandinista.
Su perfil autoritario queda de relieve con sus recientes declaraciones, en donde propuso “cerrar” la selva del Darién en la frontera panameña con Colombia, por donde anualmente se desplazan cientos de miles de migrantes caribeños y sudamericanos que buscan llegar a los Estados Unidos.
Los resultados
Por debajo de Mulino quedó Ricardo Lombana del Movimiento Otro Camino, que ya había dado la sorpresa en 2019 al quedar tercero postulándose como candidato independiente. El abogado y comunicador escaló otra posición, repitiendo una muy buena performance, y alcanzando un 25.04 por ciento de los votos.
En tercer lugar se ubicó Martín Torrijos, hijo del presidente de facto Omar Torrijos, quien obtuvo el 15.96 por el Patido Popular; cuarto quedó Rómulo Roux, impulsado por la alianza entre Cambio Democrático y el tradicional Partido Panameñista, con el 11.47; y quinta Zulay Rodríguez con el 6.15, una candidata testimonial y diputada del PRD que competía a la vez por otros dos cargos electivos. Pero el candidato oficial del PRD, partido en el gobierno durante la presidencia de Laurentino Cortizo, sufrió una auténtica debacle. Castigado por la ciudadanía, su representante José Gabriel Carrizo, en alianza con el MOLIRENA, obtuvo apenas el 5.82 por ciento de los votos. Por último quedó la candidata de libre postulación Maribel Gordón, representante de la izquierda y el progresismo, con un 1.06 por ciento.
El nivel de participación electoral, tradicionalmente alto, superó levemente al de las elecciones del año 2019, ubicándose en torno al 77 por ciento. Por otro lado, una vez más se confirma la tradición de alternancia que sostiene Panamá desde el retorno a la democracia; en los últimos 35 años ningún partido se repitió al frente del ejecutivo, aunque seis de los siete quinquenios fueron presididos por el Partido Panameñista y el PRD. De hecho, pese a que el abanderado del partido histórico del torrijismo tuvo un pésimo desempeño, 5 de los 8 candidatos y candidatas de las elecciones están o estuvieron vinculados en el pasado reciente a aquella formación política, que sigue conservando la mayor cantidad de afiliados y la estructura territorial más poderosa del país.
Además del ejecutivo, la Asamblea Nacional, el órgano legislativo unicameral del país, renovó la totalidad de sus 71 bancas. Panamá tendrá ahora un parlamento mucho más fragmentado que antes. El gobierno del presidente electo no contará con mayoría propia y deberá negociar sus proyectos de ley con cinco partidos de oposición y con dos listas independientes con representación parlamentaria (aunque en realidad una funcione como satélite del PRD). Al cerrar esta nota aún quedaban por asignar 15 de las 71 bancas totales. En el balance preliminar, apenas 13 correspondían al nuevo oficialismo (12 para Realizando Metas y uno para el Partido Alianza). El resto se repartían entre el PRD (12), Cambio Democrático (11), el Partido Panameñista (7), el Movimiento Otro Camino (2), el Partido Popular (1) y 10 para dos de las tres listas de libre postulación.
Los desafíos del nuevo gobierno
Panamá viene de atravesar años conflictivos, con un gobierno que se vio paralizado por la emergencia de la pandemia y el impacto de la guerra de Ucrania, que afectó gravemente las cadenas de suministros, hecho sensible en un país que deriva buena parte de sus ingresos de la renta obtenida en el estratégico canal interocéanico.
Además, en el último tiempo se registraron las protestas sociales más importantes desde la resistencia a la invasión estadounidense de 1989. La carestía de la vida, la deficiente calidad de los servicios públicos y la inequidad social en un país que fue declarado por el Banco Mundial como el cuarto más desigual del planeta, fueron un foco permanente de conflictos durante la administración de Cortizo. A eso se sumó un resistido contrato firmado entre el Estado panameño y una filial local de la minera trasnacional First Quantum Minerals, que explotaba una mina de cobre a cielo abierto en Donoso.
El gobierno de Mulino deberá enfrentar complejos desafíos. Una de las primeras incógnitas es si el mandatario intentará o no indultar a Martinelli. Si bien la legislación panameña contempla esta posibilidad, el Código Penal es muy explícito al definir que sólo los condenados por crímenes políticos pueden ser indultados.
Otro desafío es la economía, que ha comenzado a desacelerarse de manera visible, luego de registrar unas de las tasas de crecimiento más altas de la región. La crisis hídrica que afecta el funcionamiento del canal agrava este escenario. Por último están los recurrentes escándalos de corrupción, la baja recaudación fiscal, la crisis de la Caja del Seguro Social, así como la candente cuestión migratoria.
