Desde Barcelona
En prisión. Así pasaron la noche el destituido vicepresidente del Gobierno catalán Oriol Junqueras y siete de sus ex consellers (ministros del Poder Ejecutivo local). Acusados de desarrollar de manera “meditada, perfectamente preparada y organizada” los pasos para lograr la independencia de Cataluña e imputados por los posibles delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos, Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Joaquim Forn, Carles Mundó y el ex vicepresidente acudieron ayer a declarar a la Audiencia Nacional en Madrid y no volvieron ya a Barcelona. La jueza Carmen Lamela –considerando que existe alto riesgo de reiteración delictiva, alta probabilidad de destrucción de pruebas y, debido al nivel adquisitivo de los investigados, mucha probabilidad de fuga del país–dictaminó prisión incondicional para todos ellos y cárcel eludible bajo fianza de 50.000 euros para el ex consejero Santi Vila. La diferencia con este último la marcó el hecho de que dimitiera de su cargo un día antes de la declaración de independencia por no acordar con esta decisión del resto del Govern.
La magistrada de la Audiencia Nacional recordó en su auto publicado ayer por la tarde que los tres delitos por los que la Fiscalía General del Estado presentó sus querellas contra el Gobierno catalán –rebelión, sedición y malversación de caudales públicos– pueden alcanzar los 25, los 10 y los 8 o, incluso, 10 años de prisión, teniendo en cuenta que “cobra especial importancia el papel que todos los querellados protagonizaron desde sus cargos públicos, sin los cuales el proceso independentista no hubiera podido impulsarse”. Lamela se valió de la amenaza que puede suponer para todos los imputados una condena de hasta 30 años de cárcel para determinar su alto riesgo de fuga, del mismo modo que, según apuntó en su dictamen judicial, “que ya varios querellados se han ido a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que puedan incurrir”, en referencia al ex presidente catalán Carles Puigdemont, exiliado en Bruselas desde el lunes.
En el auto de la jueza se explica que el documento elaborado tras las elecciones catalanas de 2015 en las que ganó la confluencia independentista Junts pel Sí, “diseñó un plan estratégico cuyo principal objetivo era crear un Estado propio”. Para ello, el plan contemplaba “la posibilidad de recurrir a una eventual desconexión con el Estado Español derivando, si fuese necesario y como último recurso, un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano, orientado a generar inestabilidad política y económica que forzara al Estado a aceptar la negociación de la separación o en su defecto un referéndum forzado que igualmente les permitiera declarar la independencia”. Según la magistrada, además, la cúpula del Gobierno catalán puede ser perfectamente acusada del delito de sedición porque “impulsaron movilizaciones tumultuarias” para apoyar su plan secesionista. “Se valieron de la población alentando actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado”, desarrolla Lamela en el auto presentado ayer.
Ya son diez los líderes independentistas que yacen en centros penitenciarios de Madrid gracias al martillo de la misma jueza. Carmen Lamela fue quien también envió a prisión incondicional a los presidentes de las asociaciones secesionistas Assamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart acusados de un delito de sedición por las concentraciones que el pasado 20 de septiembre organizaron mientras la Guardia Civil realizaba registros para impedir el referéndum. Ahora, la magistradaultima la orden de detención, nacional e internacional, contra el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los cuatro ex consellersque no acudieron ayer a la citación judicial por los mismos presuntos delitos de rebelión, sedición y malversaciónde caudales públicos tras la declaración de independencia de Cataluña fuera de las vías legales.
Desde Bruselas, el ex presidente Carles Puigdemont, no tardó en reaccionar. A través de un mensaje institucional grabado en el hotel donde lleva cinco días evitando su comparecencia ante los Tribunales españoles, pidió la liberación inmediata de los nueve miembros de su Govern depuesto: “Exijo la liberación de los consellers y el final de la represión política. Es un gravísimo atentado a la democracia”, espetó. Sobre la repercusión que pueden provocar estas detenciones y fijando la mirada en los comicios de Cataluña convocadas por el Ejecutivo central para el próximo 21 de diciembre, Puigdemont avisó que este varapalo judicial “es un golpe contra las elecciones, que se realizarán en un clima de represión sin precedentes”.
También al propio vicepresidente de la Generalitat cesado, Oriol Junqueras, le dio tiempo a manifestar públicamente su repudio a la resolución de la Audiencia Nacional, antes de que lo trasladaran a la cárcel de Estremera de Madrid. En un artículo escrito para el diario catalán ARA, Junqueras pidió a sus ciudadanos “no desfallecer por difícil que sea el camino, porque la causa que representamos es la de la libertad y la fraternidad entre todos los pueblos”. Junqueras también se preguntó en esos momentos decisivos “si habría sido posible la aplicación del 155 sin la absoluta complicidad de los socialistas (PSOE)”y, pensando en las elecciones del 21 de diciembre, el líder de Esquerra Republicana señaló a la secretaria general de su partido, Marta Rovira, como “el futuro” de la formación.
En el ámbito político estatal, las reacciones a la detención de los ex miembros del Gobierno catalán fueron de dos clases: de “respeto absoluto hacia las decisiones judiciales y la separación de poderes”, por parte de los partidos que promovieron la aplicación del 155- Partido Popular, Socialista y Ciudadanos- y de crítica severa por parte de quienes, aunque no apoyen la independencia, siempre defendieron la autodeterminación de Cataluña. “Me avergüenza que en mi país se encarcele a opositores. No queremos la independencia de Cataluña pero hoy decimos: libertad presos políticos”, se apresuró a publicar en Twitter el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. “La independencia fue ilegítima e ilusoria. Encarcelar a la oposición política es predemocrático, pirómano y propio de tiempos oscuros”, escribió por su parte el número dos de la formación, Pablo Echenique.
Miles de ciudadanos también salieron a pronunciarse a la calle, exigiendo, una vez más, “¡Llibertat!”. Las plazas de los ayuntamientos de las principales ciudades catalanas se llenaron de proclamas ni bien conocerse el auto de la Audiencia Nacional, siendo la concentración ante el Parlament de Barcelona la más numerosa, con cerca de 50 mil personas. El grito de “Fuera, fuera, fuera, la justicia española” se mezcló con el de “vergüenza Europa”, en una crítica generalizada por la falta de intervención de la Unión Europea en un conflicto que ya lleva a cuestas diez detenidos, casi 300 heridos y la suspensión de un autogobierno.
