La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky, ratificó ayer los procesamientos dictados por el juez federal Julián Ercolini por asociación ilícita contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez, el ex ministro Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas, José López. De esta manera, quedó allanado el camino hacia el juicio oral y público.

La decisión del juez de primera instancia quedó firme luego de que los camaristas rechazaran tres recursos de queja. Dos de los recursos habían sido presentados por la defensa de Báez contra las decisiones de la Sala I de la Cámara Federal, que había confirmado el procesamiento y el embargo por 10.000 millones de pesos. El empresario santacruceño también había pedido la nulidad de la declaración indagatoria que prestó ante el juez federal Ercolini.

El tribunal tampoco aceptó la queja presentada por la defensa de la ex mandataria contra la decisión de la Sala I de la Cámara Federal, que había confirmado su procesamiento y otro embargo por 10.000 millones de pesos.

En la causa se investiga una supuesta estructura funcional orientada a la aparente sustracción de fondos públicos a través de la asignación de la mayor parte de las obras viales de la provincia de Santa Cruz a favor de Lázaro Báez por más de 46 mil millones de pesos.

Sin embargo, los procesamientos apuntan en forma casi exclusiva a decisiones políticas que Ercolini convirtió en delitos. Un punto clave es que lo que está en discusión es el 11 por ciento de la obra pública a Santa Cruz. El juez desestima que esa provincia tenga el 10 por ciento del territorio nacional y que por lo tanto las obras viales hayan sido proporcionales a ese porcentaje. Tal como informó PáginaI12 en diciembre de 2016, el juez tomó en cuenta la auditoría realizada por el propio macrismo sobre la obra pública en Santa Cruz. Ese trabajo concluyó que “no se perciben deficiencias de relevancia en las construcciones, los desajustes de certificaciones de obras no se consideran relevantes, el ambiente de control imperante resulta razonable, no se encuentran desvíos significativos”. Por otra parte el informe de Vialidad asegura que no detectó ningún sobreprecio. 

Ercolini dice que CFK y sus funcionarios formaron una asociación ilícita para derivar fondos de la obra pública hacia Báez. Es equiparar un gobierno, votado en elecciones, a una asociación ilícita.