Con una bomba motolov, Fernando Barrientos prendió el fuego que mató a Pamela Cobos, dejó con el 90% del cuerpo quemado a Mercedes F, y con heridas que cubren el 75% de los cuerpos de Andrea A y Sofía C. De inmediato los vecinos de Barracas advirtieron que se trató de un crimen homoodiante: Barrientos, inquilino del mismo hotel familiar donde ellas residían, “tenía problemas” con las cuatro mujeres por ser lesbianas.
Desde la organización 100% Diversidad y Derechos compartieron un comunicado en el que exigen justicia por ataque lesbofóbico ejecutado a la madrugada del 6 de mayo en el hotel ubicado en Olavarría al 1600. Reclaman que el Juzgado en lo Criminal y Correccional N°14, a cargo de Edmundo Rabbione, que lleva adelante la investigación, aborde el caso “con perspectiva de género y como motivado por el odio hacia la identidad lésbica”.
En ese sentido, Ricardo Vallarino, presidente de 100% Diversidad y Derechos, dijo en diálogo con Página 12: “El ataque estuvo motivado por su condición de mujeres y lesbianas. En la medida en que las lesbianas y las personas LGBTIQ+ son especialmente vulnerables por las prácticas discriminatorias, es que el crimen tiene que ser investigado bajo esta hipótesis. Así es como el Poder Judicial envía un mensaje a la sociedad y advierte que este tipo de ataques no van a ser tolerados”.
Desde la organización resaltan el hecho de que el ataque y asesinato suceden en un contexto de “abandono y desprotección de las personas LGBTIQ+”, donde se han desarticulado los organismos y políticas nacionales de protección contra la violencia machista y lesbofóbica, como el Inadi y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y sus programas de atención y prevención contra la violencia de género, la identidad de género y la orientación sexual.
“La desarticulación de las políticas públicas agrava la situación porque deja desprotegida a la comunidad y desprovista de los recursos necesarios para su autonomía”, explicó Vallarino, y agregó: “Desde los inicios de la constitución de nuestro país, las personas LGBTIQ+ fueron perseguidas y silenciadas, a eso lo llamamos desigualdad estructural. Entonces, cada vez que no avanzamos en políticas específicas para revertir esto, estamos dando un paso atrás”.
Frente a la ausencia del Estado, aparecen los discursos de odio legitimados “desde las más altas esferas del poder político”, que según 100% Diversidad y Derechos, “autorizan simbólicamente estos ataques y envían un mensaje de odio e impunidad”.
El jueves pasado el abogado de ultraderecha, escritor y biógrafo de Javier Milei, Nicolás Márquez, brindó una entrevista en Radio Con Vos donde, entre otras polémicas declaraciones, aseguró que “cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad, como lo ha hecho hasta la aparición de Milei en escena, está incentivando una conducta autodestructiva”. Estas declaraciones impactaron no solo por lo contundente del mensaje, sino por el vínculo de amistad que sostiene Márquez con el presidente.
“Estos discursos generan un orden simbólico, un mensaje social sobre lo que está bien y lo que está mal. Si se banaliza la violencia hacia las lesbianas, hacia las personas LGBTIQ+, o si se reproducen prejuicios, entonces se genera un clima de tolerancia y legitimidad para todo tipo de discriminación y de violencia. Así las personas odiantes se sienten habilitadas para agredir sin temer consecuencias, o pueden creer que lo hacen porque está bien”, afirmó Vallarino.
“En ese sentido los discursos de la política son relevantes también porque se trata de la palabra de representantes electos, con representación política y con autoridad legal. Si la autoridad incentiva, tolera o ignora este tipo de violencia, ¿qué podemos esperar sino una carta blanca para todo tipo de agresiones?”, sumó.
Según Vallarino, este tipo de ataques conllevan un mensaje de terror y disciplinamiento para las personas LGBTIQ+. El presidente de la organización que trabaja hace años en la defensa de las personas que pertenecen al colectivo remarcó la importancia de “conocer nuestros derechos y saber que surgieron como respuesta a esta desigualdad y discriminación”.
Frente a situaciones como esta, Vallarino resaltó la importancia de “realizar las denuncias pertinentes, buscar ayuda en nuestra comunidad y organizaciones afines como pueden ser las defensorías, tanto en caso de sufrir este tipo de ataques, o si queremos trabajar en prevenirlos”
“Pero, sobre todo, no hay que tolerar discursos discriminatorios que alimentan prejuicios contra las mujeres, contra las lesbianas y las personas LGBTIQ+ en general. Este tipo de discurso hoy está legitimado por el poder político y hay que enfrentarlos especialmente”, completó.
“Exigimos que las autoridades políticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Poder Ejecutivo Nacional condenen el hecho como lesbofobia. El presidente Javier Milei y los ministros Sandra Pettovello, Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich; así como el Jefe de Gobierno, Jorge Macri y el ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, deben condenar explícitamente este hecho y proporcionar los recursos de asistencia para las víctimas y sus redes afectivas”, compartió la organización en su comunicado.
Informe: Lucía Bernstein Alfonsín
