El proyecto de reforma laboral redactado por el Gobierno tiene impacto en un amplio número de aspectos del mundo del trabajo. Dos de ellos son el “blanqueo laboral” y la reducción de aportes patronales, que un documento de Cifra, que depende de la CTA, critica no sólo porque representa una lesión para los trabajadores sino porque se inscribe en la línea de las reformas de los 90, cuyo resultado en materia laboral fue opuesto al que se decía querer alcanzar (ver nota central). Tanto el blanqueo laboral como la rebaja de aportes constituyen transferencias directas al empleador desde el trabajador y el Estado, con la idea de que la mejora de la rentabilidad empresaria es impulsora del avance en materia de empleo.

A partir del “blanqueo laboral”, el Gobierno le condona al empleador todas las deudas por aportes, contribuciones, infracciones, multas y recargos si aquel registra a un trabajador que no estaba registrado dentro de los 180 días de sancionada la ley. Si lo hace en los 180 días siguientes, abona sólo el 30 por ciento de esos conceptos. “El trabajador así registrado, cualquiera sea su antigüedad, sólo podrá tener acreditados cinco años a los fines de reconocimiento para su jubilación y pierde el derecho a las indemnizaciones por incumplimiento en la registración, total o parcial, de su contrato laboral y su remuneración”, subraya el informe de Cifra.

 Por otro lado, también está la reducción de aportes patronales destinados al régimen de jubilaciones y pensiones, el PAMI, el Fondo Nacional de Empleo y las asignaciones familiares. No se modifican, en cambio, los aportes para las obras sociales. El mecanismo de reducción de aportes consiste en la fijación de un “mínimo salarial no imponible” exento de contribuciones patronales que se va ampliando progresivamente hasta el 2022. El salario no imponible para el primer año, 2018, será de 2400 pesos, monto que se incrementa por escalones de 2400 pesos por año hasta alcanzar los 12 mil pesos en 2022. Si el salario no alcanza el monto no imponible, no tendrá contribuciones patronales, salvo para la obra social (6 por ciento del salario bruto). 

Además, tienden a unificarse los aportes para distintas ramas de actividad y zonas del país. “Esta reducción de aportes implicará menos costos para el empleador con la contracara de menos recursos para la ANSES y, en particular, para el régimen de jubilaciones y pensiones”, define Cifra.

Tanto el blanqueo laboral como la rebaja de aportes patronales implican una transferencia de ingresos directa para los empleadores. En el primer caso, mediante la falta del reconocimiento de la antigüedad real de los trabajadores y la condonación de todo tipo de multas derivadas de la no registración y en el segundo con el ahorro directo del aporte patronal. Del otro lado, se lesiona la posibilidad de que el trabajador obtenga un resarcimiento legítimo y de que el Estado cobre las multas, mientras que la baja de aportes reduce la recaudación del sistema de seguridad social.

“Si bien el Gobierno afirma que esta rebaja favorecerá el empleo registrado, entre 1994 y 2000 las contribuciones patronales bajaron del 33 al 17,8 por ciento mientras se incrementaron la desocupación y el empleo no registrado”, recuerda la CTA. En efecto, la lógica que subyace a los aspectos de la reforma laboral vinculados al blanqueo y a la rebaja de aportes es que la mejora del mercado de trabajo sólo se puede lograr si el empresario obtiene una mejora de la rentabilidad, que le incentivaría a aumentar la inversión productiva y la contratación de personal. Sin embargo, la propia experiencia argentina demostró que las reformas pro mercado generan un deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores y también de las finanzas públicas, lo que deprime el mercado interno y al contrario del objetivo planteado, genera más desempleo. En la misma línea, la corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio advirtió que “la reducción de aportes y contribuciones desafía todos los antecedentes históricos que enseñan que tales medidas no logran ni la creación de nuevos empleos ni su registro, sino que terminan desfinanciando los sistemas de la Seguridad Social”.