Desde Lima

La sinvergüencería del exdictador Alberto Fujimori no tiene límites. Después del cuestionado indulto que le otorgó el gobierno de Dina Boluarte en diciembre pasado por los crímenes de lesa humanidad por los que fue condenado a 25 años en 2009 y hacer evidente en sus apariciones públicas que el argumento de un grave estado de salud para otorgarle ese perdón fue una farsa, ahora pretende que el Estado le pague una pensión vitalicia como expresidente. Reclama 15.600 soles mensuales (4.200 dólares), el sueldo de los mandatarios en ejercicio. También demanda le paguen un asistente personal y que el Estado cubra sus gastos de combustible.

Fujimori, que también fue sentenciado por varios cargos de corrupción, reclama una pensión del Estado pero no ha pagado un sol de los 57 millones de soles (15,4 millones de dólares) que debe como reparación civil. Su abogado ha dicho que el exdictador no tiene intención de pagar esa reparación civil impuesta por los tribunales y buscará anularla con el argumento que el indulto lo exonera de ese pago. Un argumento que la opinión jurídica mayoritaria descalifica.

Condenado

La ley señala que los expresidentes recibirán una pensión, pero excluye explícitamente de ese beneficio a los que han sido acusados por algún delito por el Congreso para ser procesados judicialmente, beneficio que se les restituye solamente si reciben un fallo absolutorio en el Poder Judicial. Fujimori fue condenado por la Corte Suprema. El procurador del Estado y diversos juristas coinciden en que por esta razón legalmente no procede el pedido de Fujimori para recibir una pensión. El abogado del exdictador, Elio Riera, y el fujimorismo, alegan que el indulto lo rehabilita y tiene derecho a cobrar una pensión como expresidente, argumento que colisiona con la ley, que señala que el indulto es un perdón pero no elimina la condena recibida.

En este tema la norma legal es clara y se esperaría que este pedido de Fujimori para cobrar una pensión sea rechazado, pero la decisión la tiene el Congreso, controlado por la mayoría de una coalición de derecha y extrema derecha en la que el fujimorismo tiene un papel clave. En ese escenario parlamentario cualquier cosa puede pasar. Aunque no serán los legisladores los que decidan si se otorga o no la pensión que reclama Fujimori, sino las instancias administrativas del Congreso, esa mayoría de derecha que maneja el Legislativo tiene una muy importante influencia y una alta capacidad de presión en las instancias administrativas que decidirán sobre el tema.

Reivindicación

Desde el fujimorismo y otras bancadas de derecha y ultraderecha ya se han pronunciado a favor de otorgar esa pensión a Fujimori, desoyendo los argumentos legales en contra. Pretenden convertir el cuestionado indulto en una reivindicación del exdictador sentenciado por graves violaciones a los derechos humanos y corrupción, y eso incluye darle el trato de un expresidente sin cuentas legales. La minoría de legisladores de izquierda, de centro y algunos de derecha que no integran la coalición autoritaria, han rechazado la posibilidad de una pensión a Fujimori.

Fujimori, de 85 años, fue indultado alegando razones humanitarias por un supuesto mal estado de salud, pero una vez fuera de prisión se le ha visto paseando exhibiendo una buena salud para su edad y está políticamente activo en redes sociales -en su propio canal de YouTube, Tik Tok, Instagram, Facebook, la red X- defendiendo su régimen autoritario, justificando violaciones a los derechos humanos y apoyando al gobierno de Boluarte, que tiene apenas siete por ciento de respaldo. El régimen de Boluarte y el Congreso de mayoría derechista juegan en pared en un proceso de restauración conservadora y autoritaria, con un copamiento institucional, una ofensiva negacionista sobre violaciones a los derechos humanos que pretende reescribir la historia convirtiendo en héroes a los represores y la criminalización de los opositores a este plan autoritario.

El Grupo Colina

Durante el régimen fujimorista (1990-2000) se formó un escuadrón de la muerte integrado por miembros en actividad del ejército, llamado Grupo Colina, que, bajo la dirección y protección del gobierno, cometió secuestros, asesinatos, desapariciones, torturas. Fujimori fue sentenciado por dos de estos crímenes: el asesinato a balazos en noviembre de 1991 de quince personas, entre ellas un niño de ocho años, en una modesta vivienda de Barrios Altos en el centro de Lima, y el secuestro, ejecución y desaparición de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta en julio de 1992. Actualmente enfrenta un nuevo juicio por otro crimen del Grupo Colina, el asesinato de seis campesinos en enero de 1992. El indulto no lo libera de este juicio. Por este caso podría recibir una nueva condena.

Fue el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), ahora procesado por corrupción, quien le dio el primer indulto a Fujimori en la noche de Navidad de 2017 argumentando razones humanitarias. Rápidamente quedó al descubierto que el indulto fue parte de un pacto de impunidad para que legisladores fujimoristas voten en contra de la destitución de Kuczynski en el Congreso por cargos de corrupción. Kuczynski evitó la destitución y Fujimori salió libre. Pero poco después, en marzo de 2018, Kuczynski renunció por las acusaciones de corrupción y compra de votos en el Congreso, y en octubre de ese año la Corte Suprema anuló el indulto a Fujimori por ser ilegal y el exdictador volvió a prisión. En diciembre pasado el gobierno de Boluarte restituyó ese indulto anulado y liberó a Fujimori. Tomó esta decisión luego de un fallo en ese sentido del Tribunal Constitucional, integrado mayoritariamente por magistrados cercanos al fujimorismo nombrados por el actual Congreso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el indulto a Fujimori viola el derecho internacional.