Y finalmente sucedió: Fabián "Pepín" Rodríguez Simón empezó a preparar el terreno para volver al país. El operador judicial estrella del macrismo que huyó a Uruguay en 2021 para no prestar declaración indagatoria, ahora pidió a la jueza María Servini, a través de su abogado, que lo exima de prisión. Sobre él pesa un pedido de captura internacional y extradición de la magistrada mientras que en el país vecino se le negó la calidad de refugiado político. El fiscal Guillermo Marijuán firmó un dictamen donde se opone a conceder el beneficio. 

Rodríguez Simón está imputado por amenazas y coacción sobre los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, a quienes buscó presionar para desapoderarlos durante el gobierno de Mauricio Macri. Ahora "Pepín" plantea que está decidido a ponerse a derecho y aceptar la indagatoria porque la situación cambió y no cree estar en riesgo. Esto lo dice porque siempre alegó que fue un perseguido político del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, una condición que Uruguay no le reconoció aunque su escrito sostiene lo contrario. Aunque se crea a salvo su pedido es para no quedar detenido. Quien debe decidir si le hace lugar o no es Servini. 

Como anticipó Raúl Kollmann en este diario, Rodríguez Simón tendría una promesa de su jefe, Macri, de que en caso de ser detenido su prisión (que sería vip) será revocada por la Cámara Federal. El operador fue un hombre central en la estrategia de persecución judicial del macrismo que llevó a exfuncionarios a la cárcel y en el ataque a jueces y fiscales que el gobierno de Cambiemos no veía afines. 

Marijuán señala en su dictamen que "los hechos que se investigan resultan graves y de trascendencia institucional" y que la "hipótesis planteada en la instrucción implica la existencia de actos de corrupción llevados a cabo desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de estos". Por eso, recuerda, fue citado a indagatoria "pero nunca se presentó" "aunque estaba debidamente notificado, sino que permaneció" en Uruguay". "Considerando que no se registran parámetros que permitan considerar una alternativa para evitar el riesgo de evasión si el imputado se encuentra en libertad durante el proceso, me opongo a la concesión de la exención de prisión", concluyó el fiscal.