“Invito a todas las provincias y gobernadores a imitar la medida a nivel provincial. Es justa y, por sobre todas las cosas en momentos difíciles, es necesaria”. Con esta frase el gobernador Gustavo Sáenz invitó a sus pares de otras provincias a imitar el cobro de atención sanitaria a personas extranjeras que residan de manera transitoria o precaria en el país.
La medida se empezó a aplicar en la provincia el 28 de febrero último, a través de un decreto de necesidad y urgencia, que fue promulgado como ley antes de los 90 días y con solo la aprobación del Senado de la provincia. La Constitución provincial establece que para que un decreto se convierta en ley antes de los tres meses debe ser aprobado por ambas cámaras, pero una interpretación afirma que el resquicio legal es que en realidad para que no se convierta en ley, en esos 90 días el DNU debe ser rechazado por una de las cámaras, lo cual no ocurrió.
Según se viene afirmando con cifras (diferentes) dadas por funcionarios del Ministerio de Salud Pública, el decreto disminuyói la concurrencia de personas extranjeras a los hospitales. Fabián Valenzuela, gerente del Hospital San Vicente de Paul, de la ciudad de Orán (cabecera del departamento homónimo), afirmó que esta reducción liberó camas y turnos. “A partir de ese momento (de la publicación del decreto), hay camas disponibles, cirugías programadas para salteños y argentinos”, sostuvo.
“Es verdad que bajó la cantidad de atenciones, pero no me aventuraría a decir que es solo por la falta de atención a extranjeros, hay muchos pacientes que por el contexto social llegan muy deteriorados”, dijeron otras fuentes del Hospital oranense consultadas por Salta/12. “Nunca tuve demasiados pacientes extranjeros o al menos no noté que (el número) fuera significativo”, dijeron otros médicos de hospitales del norte provinciales que pidieron mantener el anonimato, preocupados por el discurso que en las redes llamadas sociales avala la decisión gubernamental. En general, prima la felicitación por dejar sin atención a ciudadanos de países limítrofes.
El caso de una residente
A fines de la semana pasada se conoció la historia de una mujer que hace 12 años trabaja en fincas de Apolinario Saravia, en el departamento Anta. Denunció a través de un medio de ese departamento de raigambre agrícola, que los administrativos del hospital local quisieron cobrarle la atención tras habérsele diagnosticado una mastitis.
La médica que la atendió le dio la orden para medicamentos y su aplicación. “Pero esa señora que se llama ser secretaria fue hasta la enfermería a decir que no me atiendan y llamó a los que entregan medicamentos que no me entreguen”, contó la mujer a la comunicadora Marina Torres, quien inmediatamente hizo conocer la situación en sus redes sociales. La mujer, de origen boliviano (y que pidió encarecidamente mantener su identidad en reserva), trabaja en fincas de la zona, alquila y tiene cuatro hijos por lo que sostuvo que la plata no le alcanza.
“Ella nunca presentó el DNI”, dijo Cristian Aguirre, coordinador de zona este del sistema sanitario de la provincia al ser consultado por este diario. El funcionario dijo que esto ocurrió el jueves de la semana pasada. “Fue atendida pese a todo y llegó dos horas después por guardia y se le puso la medicación, pese a que no presentó el DNI”, detalló. Los medicamentos que se debían aplicar eran ketorolac, diclofenac y corticoide.
“Hay que hacer un control de la entrega de medicamentos”, afirmó el coordinador para explicar la razón por la que se pide el documento de identidad a un paciente. Sin embargo, y pese a esta falta de documentación, reconoció que la mujer estaba registrada en el sistema del hospital con atenciones médicas anteriores.
Por otros testimonios indican que la mujer tiene en trámite el cambio de domicilio, dado que el suyo figuraba en Jujuy y se le exigía tener residencia formal en la provincia para ser atendida. Mientras tanto, cuenta con una constancia de su domicilio, a la espera del nuevo DNI.
De ser así, el requisito de residencia para ser atendida según la ley provincial estaría cumplido. Salta/12 consultó a Aguirre si se estableció un protocolo de actuación apra la atención a personas de otros países: “es el que se usa para pacientes (no extranjeros) del hospital”, respondió. “Pero se la atendió”, insistió.
Un proyecto en el Congreso
En su cruzada por la nacionalización del cobro de la atención de salud a extranjeros, siempre resguardando la atención en urgencias y emergencias, Sáenz mencionó el proyecto de ley presentado por la diputada Pamela Calletti, junto a Pablo Outes y Yolanda Vega, que responden al gobernador.
Según los fundamentos, el proyecto tiene “como objetivo principal promover e incentivar la concreción de convenios de reciprocidad o de cooperación en materia sanitaria con otros estados, atendiendo a materializar políticas públicas que garanticen igualdad de tratamiento en el derecho de acceso a la salud y asistencia médica de argentinos residentes en otros estados, todo ello en comunión con el tratamiento y amparo asistencial brindado a los extranjeros en los hospitales públicos de nuestro país”.
Los tres legisladores elegidos por Unión por la Patria y que, ya con bloque aparte, votaron a favor de la Ley Bases, añaden que “es necesario reconocer la crisis económica que atraviesa Argentina, la que nos obliga a revisar y reducir los costos de hasta las más mínimas prestaciones, garantizando que se mantenga la accesibilidad del servicio de calidad a quienes lo requieran conforme las leyes que reglamentan su ejercicio”.
Asimismo, afirman que en “las provincias que tienen fronteras con países limítrofes, se registra un 20 por ciento de pacientes extranjeros", aunque no informan cuál es la fuente de la que surje ese porcentaje, que está por encima de los cálculos de operadores de centros sanitarios del norte provincial. Los legisladores agregan que estas personas no nacionales "vienen exclusivamente por los bajos o nulos costos en tratamientos médicos, vacunaciones y cirugías, entre otros. Situación a la que, conforme información de público conocimiento, se sumaron los tours de servicios de salud ofrecidos en otros territorios”.
