La contracción económica generada por el severo ajuste del gasto del Estado no ha sido reemplazada con una expansión de la actividad en el sector privado. En cambio, ésta se ha visto también retraída como efecto de la restricción de la actividad pública y el proceso de desregulación de precios, que han reducido el consumo de bienes y servicios, como resultado de incrementos de precios superiores a los aumentos salariales.

Los gastos del Estado, como por ejemplo la obra pública, se replican en la economía mediante el efecto multiplicador de la inversión pública. Estas actividades ejercidas e impulsadas por el Estado generan empleos, redistribuyen recursos, crean infraestructura imprescindible para el desarrollo integral de todos los sectores de la sociedad tanto empresariales como familiares y producen bienes y servicios en sectores de la economía y territorios de poco rendimiento para el sector privado.

La intensa contracción en apenas cinco meses de gestión del gobierno sobre el gasto público genera consecuencias crecientes en la capacidad de satisfacción de necesidades básicas en vastos sectores de la sociedad, con mayor impacto aún en aquellos más humildes. También se observa una mayor regresividad de la distribución del ingreso, dada la ausencia regulatoria y redistributiva del Estado.

PBI y recaudación

Si la actividad económica cae, la recaudación y los ingresos del Estado también se reducen. La contracción del nivel de actividad de la economía se está reflejando en la disminución de las principales variables del producto bruto interno, como son el consumo, la inversión y el gasto público.

Esta situación, a la vez, provoca menor cantidad de ingresos fiscales del Estado, lo cual genera un nuevo desbalance entre ingresos y gastos públicos, conocido como déficit fiscal. La solución utilizada por el gobierno para eliminar el déficit es el ajuste del gasto, con lo que se genera un círculo vicioso de ajuste del gasto, recesión económica, caída de la recaudación, déficit fiscal y nuevamente ajuste fiscal, repetitivamente.

La recaudación fiscal del mes de abril de 2024 disminuyó en términos reales comparada con la del mismo mes de 2023. Los ingresos tributarios del Estado crecieron de forma nominal un 239,6 por ciento, siendo este crecimiento menor al ritmo que la inflación que para ese mismo periodo anual desde marzo de 2023 ascendió a 287,9 por ciento. El principal motivo de esta situación es el menor nivel de la actividad económica.

Este hecho no sólo afecta directamente a las arcas del Estado nacional, sino también a las Provincias, que ven reducidos los recursos que reciben tanto por la caída de sus propias recaudaciones, compuestas fundamentalmente por el impuesto a los ingresos brutos y las tasas por servicios públicos, como los que reciben del Estado nacional por la coparticipación de los impuestos nacionales.

Recesión y coparticipación

Los impuestos nacionales acordados en la Ley de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, como el IVA, el impuesto a las Ganancias, el impuesto a los Bienes Personales y Derechos de importación y exportación, entre otros, son recaudados, administrados y distribuidos por el Gobierno nacional. Para la distribución entre las provincias y el Estado Nacional, se aplican coeficientes o porcentajes sobre la recaudación en función de la cantidad de población de las provincias entre otras variables.

El sistema de coparticipación tiene entre sus objetivos evitar la doble imposición –-que un impuesto se cobre dos veces por diferentes niveles de gobierno-- y utilizar una parte de los recursos con fines redistributivos hacia las provincias de inferior nivel de desarrollo.

Si disminuye el nivel de actividad y el consumo en la economía, la recaudación de IVA, que es uno de los ingresos más importantes del Presupuesto del Estado Nacional Argentino, también se reduce, afectando tanto los recursos financieros que recibe el Estado nacional como los que se transfieren a las provincias en concepto de coparticipación.

Este ciclo se revierte con políticas de redistribución de los recursos y de eficiente administración de las regulaciones, que generen una mejor y más eficiente asignación de los recursos y la riqueza.

* Docente en la UBA y en UNQ en Economía y en Impuestos.