Los fuertes cuestionamientos que empezó a tener en el debate público el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) -que como parte de la Ley Ómnibus otorga obscenos beneficios impositivos y financieros a capitales extranjeros que quieran invertir en Argentina desde 200 millones de dólares- sumó otro polo de rechazo. Los empresarios nacionales de varios sectores, tocados en sus intereses y negocios, salieron a hacer lobby contra dicho artículo, pidiendo que se le hagan modificaciones muy puntuales, lo que suma tensión al debate en Comisiones del Senado y adelanta un tratamiento caliente cuando llegue al recinto. Además, le generá escosor al Gobierno, cuyo interés en la Ley Bases se centra, básicamente, en el blanqueo y el RIGI. 

En esa misión de protección de intereses propios se cuentan, según supo Página/12, a la Unión Industrial Argentina (UIA), algunas de las más importantes automotríces, petroleras, empresas del agro y los metalúrgicos pyme, nucleados en la cámara ADIMRA. Todos ellos están manteniendo reuniones con senadores del PJ, la UCR y el PRO, para mostrarles el daño que generá esta cesión casi total de recursos energéticos y naturales que se abre con el RIGI. 

En un principio, ellos mismos se acercaron a los senadores de La Libertad Avanza para intentar convencerlos de hablar "con el Presidente y con Caputo", para que vean el daño que se generará si se aprueba. Pero la respuesta que obtuvieron fue categórica: "Milei lo quiere a libro cerrado", les blanquearon. 

En este contexto, en la Casa Rosada hay mucha inquietud con el tema por una razón de instalación de agenda y disputa discursiva: contaron a este diario dirigentes libertarios que la aparición de una posición corporativa, aún vinculada a sacar tajada para negocios propios, no es lo mismo que un rechazo desde la política partidaria opositora, sino que marca de la necesidad, sobre todo de las pymes, de sobrevivir y no tener más impacto en empleo y actividad del que ya tienen por la recesión. Es decir, en el Gobierno ven que no se puede canalizar ese rechazo empresario al RIGI, en la agenda diaria, como "un embate de la casta".

Los puntos más sensibles que se plantearon en los lobbies son cuatro: el cobro del Impuesto a las Ganancias, las retenciones a las exportaciones, libre disponibilidad de divisas para exportaciones y, sobre todo, la no obligatoriedad para las empresas que inviertan de abastecerse con proveedores argentinos. En Ganancias, se ofrece Alícuota reducida del 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU); Amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura y Transferencia de quebrantos impositivos no absorbidos dentro de los primeros 5 años. Mientras que en derechos de exportación, les da las empresas retenciones 0 luego de los primeros tres años y por 30 años. 

Los tibios y los (pocos) calientes

Luego de su reunión de Junta Directiva del martes, la UIA emitió un comunicado con un apartado dedicado al RIGI, bancando la ley pero mostrando los límites de ese artículo. "Los representantes destacaron la importancia de contar con un régimen que dinamice las grandes inversiones, pero advirtieron que la actual configuración del capítulo podría fomentar la competencia desleal en detrimento de los proveedores nacionales. Remarcaron además la importancia de desarrollar las cadenas de valor para consolidar el entramado productivo, apalancar a las PyMEs y generar empleo de calidad en todas las regiones del país". Luego de este texto, y tras ver los números recientes de la industria, hubo quejas sobre por qué no ir un poco más allá en la crítica. Este miércoles por la tarde hubo una reunión en UIA para coordinar un texto más amplio de rechazo al RIGI. La presión para salir fuerte la está ejerciendo el Departamento PYMI.

De todos modos, ante la pasividad hubo acciones paralelas de sus integrantes. Los metalúrgicos de ADIMRA, además de articular en el Congreso, hicieron la movida quizás más interesante. Ante la pasividad y frialdad de la UIA en el inicio, armaron un lobby por fuera de la entidad y se aliaron con el gremio de UOM para encarar juntos la queja, mostrando el doble efecto de daño a la actividad y a los puestos de trabajo. De paso y no por casualidad, saltearon también la disputa interna con Techint en la UIA. La empresa de Paolo Rocca está particularmente interesada, en las últimas horas, en que no se agiten mucho las aguas y hasta pide revisar cada comunicado que sale de la entidad que preside Daniel Funes de Rioja. 

Asimismo, la Federación de Industriales de Santa Fe no sólo mandó una carta a los legisladores, sino que además elaboró un documento interno que detalla que más de 7700 pymes que proveen al sector petrolero, esas emplean a 220 mil trabajadores. También hay en la zona núcleo mucha pyme proveedora de minería. Por eso alertan sobre la no obligación de compre nacional que tiene el RIGI. 

Los lobbistas del campo, parte de la Mesa de Enlace y dirigentes de economías regionales, les plantearon a senadores la preocupación por el tema retenciones, con un argumento que busca equiparar su estatus (soja paga 31 por ciento), pero que también tiene algo de lógica. Tanto el agro como los industriales analizaron otros casos mundiales de planes de estímulo a la inversión, y todos dan beneficios impositivos en el inicio, para la instalación de plantas, pero no sigue favorenciendo el flujo del negocio, como sí ocurre con el RIGI y más precisamente con el tema retenciones.