“Parece un domingo”, “me recuerda la pandemia”, son las frases con las que algunos dirigentes sindicales de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, describieron la situación y el "altísimo nivel de acatamiento" que tuvo el paro general de este jueves, conjuntamente declarado por la CGT y ambas CTA que en la región capital, fue de 95 por ciento.

Los sindicalistas coinciden también en que se trata de “un mensaje para los senadores”, porque “la Ley de Bases es una de las principales preocupaciones de los trabajadores en este momento, porque vulnera sus derechos”.

Juan Martín Andrés conduce la Regional Mercedes de la Asociación de Empleados Fiscales y de Ingresos Públicos (AEFIP) e integra, en calidad de secretario de Organización Interior, la Mesa Directiva Nacional de ese sindicato, que preside Pablo Flores.

“Nuestra prioridad es la defensa del convenio colectivo, la defensa del organismo y sus funciones, que son estratégicas", dice mientras asegura que el actual Gobierno va contra de sus funciones como trabajadores del Estado, la recaudación. "Contra nuestros derechos y nuestro salario", describe poniendo como ejemplo los momentos en que "el presidente dice el que fuga es un héroe". "eso atenta directamente contra nuestra tarea”, afirma. 

En los últimos días, cuenta Andrés, “circularon toda clase de rumores y operaciones contra el organismo, especialmente cuestionando el fondo de jerarquización", que es el incentivo que perciben los trabajadores, por convenio y desde hace más de tres décadas, por cumplimiento de objetivos recaudatorios. "Todo eso conspira contra el clima de trabajo, razón por la cual hay mucha preocupación”, describe. 

Andrés, que también dirige la seccional Mercedes, Navarro y San Andrés de Giles de la CGT, que reúne a unas 40 organizaciones sindicales, explica que viene recorriendo lugares de trabajo y haciendo asambleas, encontrando un escenario en el que "todos perdieron algo o están en peligro". "Esperamos una respuesta de los senadores de fuerzas de origen popular porque ellos tienen la obligación de rechazar esta ley". "De los otros, de los de mentalidad colonial o los que buscan la personal, no esperamos nada”, dice. 

Agrega, a modo de ejemplo, que “los despedidos de organismos nacionales acá no eran ñoquis, eran laburantes que iban todos los días y hacían muy bien su trabajo”. Dos de los mayores empleadores privados del distrito, la automotriz Agrale y la curtiembre Agromer están virtualmente paradas por la crisis. Más de 600 familias dependen de esas empresas, situación ante la cual poner la mierada sobre uno de los puntos centrales de la ley del oficialismo: "A un pueblo como este, con mucha pyme, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) lo mata, es el certificado de defunción".

También refiere que "entre los trabajadores que votaron a Milei ya hay una mezcla de impotencia, desconcierto y desazón, entonces ahora la clave es no enojarse con ellos y acompañarlos en el proceso de comprensión, porque esto ya lo vivimos". "Acá ya no se oye eso de darle tiempo", figura. 

Desde Mar del Plata, la titular del sindicato de docentes privados de la provincia, SADOP, Adriana Donzelli, refiere un panorama similar, de “calles vacías” y “enorme quietud”. “Hablé todo el día con secretarios generales de nuestras regionales en distintos puntos de la provincia y el acatamiento es histórico", dice mientras cuenta que pararon escuelas que no suelen hacerlo. "Charlamos mucho con las bases a través de los delegados, había necesidad de dar una señal como esta”, asegura. 

Donzelli indica que “el recorte del FONID significó para los docentes de escuelas privadas una caída de 10 puntos del salario en promedio, justo cuando todos los precios suben, ese fue un enorme disparador que empujó el proceso de toma de conciencia que es cada vez mayor”.

“Algunos empleadores, para esmerilar el paro, amenazaron con descontar el día: les salió al revés, gente que no suele parar, paró contra ese atropello", cuenta mientras anticipa que el gremio iniciará acciones ante el ministerio de Trabajo por ese motivo”, agrega.

Un tercio de las escuelas bonaerenses son de gestión privada. La matrícula no cayó tanto, en parte porque la provincia mantiene todavía sus subsidios al 70 por ciento de ese universo y en parte porque las familias intentan postergar la decisión de cambio de escuela de sus hijos, porque implica un alto nivel de estrés.

Pero el sindicato teme que, si la crisis se sigue profundizando, la provincia no tenga con qué sostener ese aporte. A la caída de la matrícula, sobrevendrá el achicamiento de los planteles docentes, el escenario más temido.

Acatamiento

La Federación de Sindcatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) indica un acatamiento superior al 95 por ciento en la provincia, con guardias mínimas en servicios esenciales como cementerios y guardias médicas. 

La refinería de YPF en Ensenada, que suele recibir a unos 5 mil trabajadores por turno, quedó también con guardias mínimas, de unas 100 personas.

"A pesar del intento del Gobierno nacional, junto a los grandes medios de comunicación y las patronales para denostar la expresión del movimiento obrero organizado en lo largo y ancho del territorio nacional, las trabajadores y trabajadores se han expresado rotundamente contra un Gobierno que continúa generando pobreza y desocupación, y que está empecinado en destruir el Estado, entregar nuestra soberanía nacional, y cercenar derechos laborales y sociales", sostiene un comunicado difundido por la Regional La Plata , Berisso y Ensenada de la CGT, difundido en horas de la tarde.