Por primera vez como parte acusadora en un juicio oral y público de lesa humanidad, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) solicitó penas a un grupo de personas acusadas de planificar y ejecutar maniobras para "lavar dinero" robado a una víctima de la última dictadura cívico militar. Les acusados son les hijes de Miguel Save, represor integrante de la patota que dirigía Aníbal Gordon y operaba en el centro clandestino “Automotores Orletti”, quien utilizó varios millones de dólares robados de la casa de un dirigente uruguayo detenido desaparecido para adquirir unos terrenos en Chascomús. La UIF solicitó penas de entre 3 y cinco años de prisión para ellos, además de multas millonarias y el decomiso de los bienes.
El abogado querellante en representación de la UIF, Roberto Martínez, inició su alegato afirmando que "durante este juicio quedó probado que, a través de una cadena de poderes, sesiones, y escrituras públicas finales, se falsearon identidades, se labraron actos y se consignaron valores simbólicos de acciones de compraventa para arribar a la titularidad de los bienes" que fueron adquiridos con la plata que la banda de Gordon se robó de la casa de Alberto Mechoso Méndez el día de su secuestro, en septiembre de 1976. También se acreditó que les hijes de Save, Marcelo, María Eugenia, María Natalia y Ana María, "tenían conocimiento de las acciones de su padre durante el terrorismo de Estado" así como el “origen ilícito de los bienes que pretendieron ingresar a su patrimonio dándole apariencia legítima”.
Así, al cabo de poco más de dos horas durante las cuales describió cada una de las “maniobras” mediante las que les acusades intentaron “lavar” los bienes adquiridos con el dinero “malhabido” de su padre represor: dos parcelas de 36 hectáreas en total ubicadas en un barrio residencial a la vera de la laguna de Chascomús, ciudad natal de los Save.
Se trata del primer juicio de lesa humanidad que se lleva a cabo por delitos de lavado de bienes provenientes o vinculados con el plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio desplegado durante la última dictadura. La UIF también es querellante en el expediente que investigó, en el marco de la megacausa ESMA, la apropiación de bienes de detenides desaparecidos de ese centro clandestino. Por esos hechos deberá responder en juicio oral el genocida Jorge Rádice y su hermana.
Dinero malhabido
Save padre, exagente de la SIDE, miembro de la banda de Aníbal Gordon y patota activa de “Automotores Orletti” durante la dictadura, adquirió esos terrenos con la parte que le tocó del botín que el grupo se robó de la casa de Alberto Mechoso Méndez, un dirigente del uruguayo Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), que se escondía en la Argentina desde 1972 de la dictadura en su país. Gordon, Save y el resto de un grupo de represores argentinos y uruguayos fueron a buscar a Mechoso Méndez en septiembre de 1976 a su casa, en Villa Lugano. A él se lo llevaron secuestrado y lo torturaron en Orletti hasta obtener el dato del dinero que gestionaba para la subsistencia de les integrantes del PVP en la clandestinidad argentina. Luego lo asesinaron y desaparecieron. Fueron a su casa y se llevaron todo el dinero, que se calcula entre 2 y 8 millones de dólares.
Con el tiempo, involucró a sus hijos en las operatorias de lavado con las que quiso blanquear la compra de esos terrenos en los que él y sus hijos intentaron luego poner en marcha un emprendimiento inmobiliario. Save padre murió impune, pero Marcelo, María Eugenia, María Natalia y Ana María, lejos de denunciar sus crímenes, continuaron con la estrategia ilegal.
La lavandería
Así, les hermanos Save llegaron imputades por haber “adquirido, transferido, ocultado y administrado” las parcelas identificadas en el expediente, según la acusación fiscal. Según la querella de la UIF, estas “operaciones para poner en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal calificado como crimen de lesa humanidad” se encontraron “probados”. Les acusades “disimularon, transfirieron y siguen administrando” esos activos a través de “poderes, escrituras y actos simulados reconocidos por los propios imputados en los que se usaron identidades falsas”.
Martínez solicitó al juez Roberto Falcone que condene a les cuatro hermanos. Para Marcelo y María Natalia, pidió penas de 5 años de prisión y una multa equivalente a cinco veces “el valor de la operación” de compra-venta del predio. Para María Eugenia y Ana María, tres años de prisión. La audiencia anterior, la Fiscalía había solicitado tres años de prisión para los cuatro y también la aplicación de multas. Ambas partes acusadoras pidieron el decomiso de los bienes en cuestión.
