Un proyecto de ley para crear el Mecanismo de Prevención de la Tortura, en jurisdicción porteña, avanza en consensos en la Legislatura. La necesidad del MPT está ahora impulsada por el reciente escándalo por torturas contra dos adolescentes, que estalló en las narices del gobierno nacional. El sábado 24 de octubre pasado un operativo de la Federal terminó con la detención de dos adolescentes, de 15 y 18 años, integrantes de la revista La Garganta Poderosa. Después de maltratarlos durante un buen rato, los dejaron seguir media cuadra, pero convocaron a patrulleros de la Prefectura que los levantaron, torturaron, simularon un fusilamiento y los robaron, antes de soltarlos bajo amenaza de balearlos. Ahora, escándalos semejantes se transferirán al socio menor, el gobierno porteño, cuando las 54 comisarías de la Federal dejen de pertenecer a Nación y pasen a jurisdicción porteña. Hay acuerdo en que las comisarías se traspasarán. Junto con sus prácticas.

El 18 de diciembre de 2002, las Naciones Unidas establecieron un sistema global de visitas de inspección y mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel de cada estado, por medio de lo que se denominó Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Los estados debían firmar su adhesión y transformarlo en un instrumento de ley interno. Argentina ratificó el Protocolo Facultativo contra la Tortura con la ley 25.932 el 30 de septiembre de 2004. Ocho años después, en 2012, el Congreso sancionó la Ley N° 26.827 que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, junto al cual funciona el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Aunque la ley ya fue reglamentada, la Comisión Bicameral no convocó aún para la conformación de sus integrantes.

La ley nacional, al mismo tiempo, regula la creación de organismos semejantes a nivel provincial y crea el Consejo Federal de Mecanismos de Prevención. Algunas provincias ya pusieron en funcionamiento sus respectivos Mecanismos: Chaco, Río Negro, Mendoza, Salta, Corrientes, y la provincia de Buenos Aires (a través del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria). Tucumán y Misiones sancionaron la ley pero no pusieron el Mecanismo en funcionamiento. San Luis, Córdoba y Santa Fe están en el escalón de proyectos de ley, igual que la CABA. El resto lava la cáscara con la teoría de la manzana podrida.

La Ciudad de Buenos Aires tuvo su ley aprobada (un proyecto impulsado por el ex legislador Juan Cabandié), y vetada mientras Macri era jefe de Gobierno, el 8 de enero de 2010. Otros dos proyectos, uno del macrista Daniel Lipovetzky y otro de la Defensoría del Pueblo, fueron archivados. Ahora, se encuentra para el debate un proyecto de José Cruz Campagnoli y Pablo Ferreyra (FpV). Campagnoli es presidente de la Comisión de DDHH, cabecera del proyecto, que también integra Ferreyra.

“En este contexto –señaló Campagnoli a Páginai12–, donde ocurrieron episodios como lo que sucedió con Iván y Ezequiel, los pibes de la Garganta Poderosa que fueron torturados por efectivos de la Prefectura en la Villa 21-24, a lo que se agrega el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad y la transferencia de los centros cerrados para adolescentes, creemos que es fundamental poder implementar un Mecanismo local para la prevención de la tortura que evite nuevos casos de abuso policial. La Ciudad tiene que contar con herramientas para evitar situaciones que vulneren el cumplimiento de los derechos humanos. Para la prevención y erradicación de la tortura resulta fundamental  poder monitorear lo que pasa al interior de los lugares de privación de la libertad”.

El proyecto crea el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura dentro  del ámbito de la Defensoría del Pueblo porteño, luego del consenso. El motivo aducido para vetar la ley en 2010 fue que ésta proponía crear el MLPT por fuera de la Defensoría, lo que provocaría colisiones constitucionales con ésta. El MLPT quedará compuesto por el Comité Contra la Tortura y el Consejo para la Prevención de la Tortura. El primero, que tendrá ingreso irrestricto a los lugares de detención, estará integrado por 7 miembros: 2 representantes de la Legislatura (presidencia y vicepresidencia de la Comisión de DDHH);  2 representantes de la Defensoría del Pueblo (a consensuar); c) 3 representantes de las organizaciones no gubernamentales que desarrollen actividades de defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad, que formen parte del Consejo. Este último estará integrado por representantes de las organizaciones dedicadas a los DDHH interesadas en el cumplimiento de los objetivos del Protocolo Contra la Tortura.