El juicio por la muerte de 43 gendarmes el 14 de diciembre de 2015 en el sur de la provincia está llegando a su fin. Cuatro comandantes afrontan pedidos de pena de cinco años de prisión. La fiscalía los responsabiliza por el mal estado de las cubiertas del colectivo que volcó provocando la tragedia. 

Con los alegatos terminó el tratamiento de lo penal, pero sigue en trámite la demanda civil. Antes de dictar sentencia el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta decidió escuchar a los familiares, en cumplimiento de la ley nacional 23.732, de derechos y garantías de personas víctimas de delitos. En el inicio de esta etapa, el viernes último, la madre y la hija de dos gendarmes fallecidos dieron cuenta del maltrato que sufrieron por parte de la fuerza. Esta participación continuará hoy, falta que hablen al menos 20 personas, por lo que se calcula que el fallo podría dictarse en dos o tres semanas.

El fiscal Carlos Amad también destacó que en Gendarmería a los familiares "no los escucharon nunca". Dijo que "se probó en el juicio" que hubo funcionarios de la fuerza que "se hicieron los patriotas, se enjuagaron las lágrimas, se dieron vuelta" y después no atendieron más a las familias.

En base a ese señalamiento, el fiscal pidió también el encausamiento de Ana Clara Banegas, segunda comandante de Gendarmería y médica psiquiatra, por el abandono después del siniestro vial a familiares de víctimas y los siete sobrevivientes.

Amad requirió además que se investigue al extitular de Gendarmería Nacional, Gerardo Otero, por las declaraciones que brindó en este proceso desligándose de responsabilidad. "La lógica elemental del miserable. El jefe de la Gendarmería, el señor Otero, es quien dice, 'animémonos y vayan'. Mandó a su propia tropa (...), todos los vehículos, sin revisión técnica obligatoria", alegó el fiscal.

Otero fue denunciado en otra causa por asociación ilícita y defraudación al Estado nacional. Sandra del Valle Pinto, viuda de un gendarme fallecido, interpuso esa demanda para que se investigue la ruta presupuestaria, con la representación del abogado Mauricio Arriagada y de la abogada Nuria Monserratt. Otero era director de Logística al momento de siniestro vial.

El 13 de diciembre de 2015 la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich (que hoy cumple la misma función), ordenó que 150 gendarmes se dirigieran a Jujuy. "Lo que se sabe es que el entonces gobernador Gerardo Morales pidió el auxilio de la Gendarmería Nacional". Bullrich había asumido el 11 de diciembre "y el 14 el presidente (Mauricio) Macri le ordena que se haga cargo del asunto. La ministra manda una orden de intervención (...), para que vayan a hacer seguridad en Jujuy, por eso ellos salen, esa es la cadena de mando", dijo el fiscal.

Sin embargo, los mandatarios y la funcionaria nunca fueron investigados. Amad, que intervino ya en la etapa del juicio, consideró que no había una vinculación. El abogado Mauricio Arriagada, que representa 18 actorías civiles de families, opinó en el mismo sentido. En su caso señaló que los fondos presupuestarios estaban enviados desde el Ejecutivo Nacional para el Parque Automotor del Destacamento Móvil pero no se ejecutaron. El letrado manifestó que el reproche que hacen los familiares a Bullrich es por haber ascendido a los acusados. 

En su alegato el fiscal consideró probado que el siniestro vial se produjo por el reventón de la cubierta delantera derecha que estaba desgastada y afirmó que por irresponsabilidad de los acusados no se había cambiado pese a que los choferes habían informado con anterioridad que esto provocaba vibración en la dirección y la inestabilidad en el vehículo, dado que ya habían tenido inconvenientes en viajes previos.

En este proceso están siendo juzgados cuatro oficiales que cumplían funciones de mando en el Destacamento Móvil 5 de Santiago del Estero, de donde salió el colectivo que terminó volcando a la altura del kilómetro 956, en el puente ubicado sobre el arroyo Balboa, a 20 kilómetros de Rosario de la Frontera, en el sur de la provincia de Salta. Se trata de los comandantes Juan Carlos Germán, que era responsable de Logística; Juan Carlos Bordón, jefe de Personal; Elio Rafael Méndez, jefe del Destacamento, y Ramón Antonio Maidana, segundo en el mando. Están imputados por el delito de "estrago culposo con resultado de muerte". 

El fiscal pidió penas de cinco años de prisión para cada uno. En cambio, los querellantes penales Nicolás Vedia y Rubén Fernández acusaron a Germán por "homicidio calificado por abuso funcional" y pidieron que sea condenado a perpetua.

También estaba imputado el suboficial mayor Ricardo Ernesto Villasanti, encargado de la División Motorizada, pero falleció en enero último. A pesar de que corresponde el sobreseimiento por extinción de la acción penal, en el juicio sigue actuando su defensor, Pablo Del Pino, porque continúan en curso las actorías civiles, y al morir el acusado responden sus herederos. El suboficial era padre de una de las víctimas del vuelco, su hijo Ricardo Emilio Villasanti viajaba en el colectivo siniestrado.

Este juicio, que se lleva a cabo ante el juez Domingo Batule y las juezas Marta Liliana Snopek y Alejandra Cataldi, comenzó inicialmente en noviembre de 2021 pero fue postergado para corregir irregularidades procesales y recién en septiembre de 2023 comenzó el proceso que ahora está llegando a su fin. Las audiencias se realizan todos los viernes en el TOCF 2 de la Capital salteña.