La abogada y magíster en Criminología Claudia Cesaroni cuestionó la disposición del gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, de detener, expulsar del colegio y sancionar a los padres de los estudiantes que protagonizaron esta semana una pelea en San Miguel de Tucumán.
"No sólo autoriza u ordena a la policía a que los detenga y los alojen en lugares ilegales para adolescentes, como son las comisarías, sino que además ordena la expulsión y establece que no pueden ser incorporados a ningun otro establecimiento educativo en lo que resta del año. O sea, el Gobernador les quita el derecho a la educación", zanjó Cesaroni en la 750.
La exintegrante de la Procuración Penitenciaria (2001-2004) calificó de "inconstitucional" las disposiciones del jefe provincial tucumano tras las violentas peleas entre alumnos de la Escuela Técnica y del Instituto Privado Tucumán el pasado 7 de mayo y aseguró que viola una serie de legislaciones y tratados internacionales a los que Argentina adhirió, como la Convención sobre los Derechos del niño y la ley de Protección Integral.
La Defensoría de Niños, niñas y adolescentes de Tucumán ya se manifestó contraria a la decisión del gobernador del PJ y otras organizaciones de derechos humanos de la provincia, como la ONG Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), se sumarán al repudio. Sin embargo, el intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, ya adhirió a la resolución de Jaldo.
"Desde cualquier punto de vista no se puede quitar un derecho básico y elemental como el derecho a la educación frente a una transgresión", advirtió Cesaroni en Escuchá Página\12, al tiempo que consideró que la medida del gobernador sumada a la amenaza con bajar la edad de imputabilidad a los 12 años del Gobierno nacional significa "mandar a los pibes a la calle".
Además, la especialista en Criminología recordó que detener a una persona -menor o adulto- sin una orden judicial está prohibido y que tanto la Comisión Interamericana como la Comisión del Niño de las Naciones Unidas recomienda acercar la edad de imputabilidad a los 18 años, en sentido contrario al debate que busca dar la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Argentina fue uno de los países a los que estos organismos recomendaron modificar su régimen penal para adolescentes porque data de la última dictadura militar, pero no por la edad de imputabilidad.
"No estamos diciendo que el joven se vaya a la casa, estamos diciendo que no es el sistema penal el más adecuado para intervenir en estos casos. Hay muchísimas otras herramientas, dispositivos y organismos que deben intervenir", concluyó.
