La figura de Esteban Lindor Alvarado sumó esta semana otra acusación más que lo ratifica en el protagonismo detrás de escena de la violencia urbana de los últimos años en Rosario. Pese a estar condenado a prisión perpetua por un cúmulo de delitos que van desde el homicidio y otros conexos con el narcotráfico, el hombre sigue bajo sospecha de ordenar acciones violentas desde su reclusión en la cárcel federal de Ezeiza. 

Luego de un raid de 40 allanamientos desplegados entre Rosario y la provincia de Córdoba, entre el jueves y ayer los fiscales Miguel Moreno y Marisol Fabbro acusaron a Alvarado de mandar a usurpar con uso de violencia un galpón en la zona oeste de la ciudad, hace dos años, con el propósito de establecer allí una suerte de garaje y depósito de vehículos adquiridos por Alvarado con dinero cuya procedencia ahora es materia de investigación federal. Un lugar como se denomina en la jerga del hampa "para enfriar" vehículos con pedido de secuestro, y para someterlos a adulteraciones o mejoras que hicieran falta para su reventa en el mercado formal.

El galpón funcionaba desde entonces como un aparente depósito mayorista de carbón vegetal.

Entre ambas jornadas transcurridas en el Centro de Justicia Penal, los fiscales expusieron un voluminoso expediente ante el juez Florentino Malaponte, quien además advirtió en la investigación maniobras de lavado de activos que en el mismo acto derivó a la Justicia Federal.

Con Alvarado, también quedaron imputados y ahora a la espera de juicio oral, tres presuntos cómplices que ejecutaron en la calle las órdenes de aquel desde intramuros. Se trata de César Patricia L. C., Yamir Nahuel C., y Lucas Fabián G. Se les endilgó haber desplegado aprietes sucesivos sobre un mecánico que alquilaba  un inmueble en Bolivia al 2300 (zona de Provincias Unidas y Viamonte, Belgrano Sur) con el propósito de desalojarlo y apoderarse del lugar.

Las intimidaciones fueron de menor a mayor, y el 11 de mayo de 2022 directamente los secuaces de Alvarado llegaron y dispararon sus armas contra el mecánico amedrentado, y también contra un cliente que tuvo la mala fortuna de estar allí en ese momento. Ambas víctimas resultaron con heridas de bala, pero sobrevivieron.

Días más tarde, ya repuesto de las heridas, el inquilino del taller acabó por resignar todo y entregó la llave del galpón a los violentos.

En el acta imputativa que firmaron los fiscales, se consignó que "esta organización criminal procuró ocupar distintos establecimientos dentro de Rosario, incluso por intermedio de la violencia, excluyendo de allí a las personas que detentaban la legítima posesión, y bajo la fachada de venta de carbón, a fin de utilizarlos como base para actividades ilícitas y para ocultar vehículos adquiridos a través de maniobras tendientes a ocultar el origen del dinero con el que se adquirían, realizándole modificaciones que incrementaban su valor, como ser pulidos o alteraciones de su cuenta kilómetros, para luego colocarlos en venta y de esa forma dar apariencia de licitud a las operaciones y a los bienes mencionados". 

Por ahora, la instrucción de la causa permitió contabilizar un monto de lavado de dinero cercano a los 6 millones de pesos y 40 mil dólares, en función de los vehículos secuestrados en ese taller: tres pick ups (VW Amarok, Ford F100, dos Toyota Hilux), un utilitario Mercedes Benz Sprinter y un Ford Falcon restaurado. Todos bajo custodia de Yamir C., quien sería el nexo directo de Alvarado en prisión.

La imputación tuvo su antesala la semana pasada, cuando la Policía de Investigaciones libró unos 40 allanamientos en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Córdoba, sobre estos presuntos negocios ilegales con vehículos. De esas requisas, hubo siete personas detenidas, y una de ellas, con renombre y prontuario: Gustavo "Tuerto" Cárdenas, con antecedentes por narcotráfico en la zona noroeste de Rosario. 

Alvarado está preso desde 2019, cuando una misión de la Tropa de Operaciones Especiales lo encontró oculto en un cámping de Embalse Río Tercero, en la provincia de Córdoba.