Desde Lima

 Se va cerrando el círculo sobre la presidenta Dina Boluarte en las investigaciones fiscales por corrupción. Esas investigaciones han llevado a prisión a su entorno más cercano. Este viernes fueron detenidos su hermano y su abogado. La Fiscalía los acusa por integrar una organización criminal, tráfico de influencias, uso indebido de recursos del Estado e intentos de obstruir investigaciones fiscales que involucran a la presidenta y otras. Las acusaciones contra su hermano y su abogado tocan a la mandataria, que es investigada por enriquecimiento ilícito y posible cobro de sobornos por un desbalance patrimonial y por sus relojes Rolex y costosas joyas. En otro caso, Boluarte también debe responder por las muertes de 49 personas por disparos de las fuerzas de seguridad durante las protestas contra su gobierno de fines de 2022 e inicios de 2023.    

Nicanor Boluarte y el abogado Mateo Castañeda han sido detenidos preliminarmente por diez días, plazo durante el cual la Fiscalía pediría se les imponga prisión preventiva, la que puede prolongarse hasta por tres años. Las autoridades allanaron las viviendas de ambos. De acuerdo a la Fiscalía, por los cargos en su contra el hermano de la presidenta podría recibir una condena judicial de hasta 31 años, y el abogado una pena de 12 años. Nicanor Boluarte fue sacado esposado de su casa. “Niego absolutamente todo. Soy inocente”, dijo entre el tumulto de periodistas y los policías que lo llevaban detenido. “No sé por qué me están deteniendo”, señaló luego, al ingresar a una dependencia policial, tratando de hacerse el desentendido de los cargos en su contra.

La acusación

Al hermano de la presidenta, que no tiene cargo público, se le acusa de haber dispuesto el nombramiento de prefectos y subprefectos a cambio de pagos para otorgar esos puestos y utilizar a estos funcionarios, que tienen presencia en todas las provincias del país, para recolectar firmas para inscribir un partido político. Varios de estos funcionarios han confirmado que negociaron el puesto con Nicanor Boluarte y que para mantenerse en el cargo se les exigía una cuota mínima de firmas para inscribir el partido del hermano de la presidenta, Ciudadanos por el Perú. También se le imputa tener influencia decisiva en designaciones de funcionarios involucrados en denuncias de corrupción y para que allegados obtengan contratos con el Estado.

Poco después del arresto de su hermano, la presidenta apareció en un evento público, pero no tuvo contacto con la prensa. Obvió el tema. “No nos vamos a distraer con asuntos menores”, dijo en su discurso, tratando de minimizar la gravedad de la situación. No se ha pronunciado sobre estas detenciones, pero en el pasado siempre ha salido en defensa de su hermano.

“No difamen a mi hermano”

Reiteradamente ha negado su influencia en nombramientos de funcionarios públicos y contratos del Estado, a pesar de las notorias evidencias de esa influencia. “No difamen a mi hermano”, señaló en una ocasión, en tono amenazante, dirigiéndose a los medios que divulgaban las denuncias contra su hermano. “Tiene derecho a reunirse con quien se le dé la gana”, dijo en otra ocasión, con notoria molestia, ante denuncias que su hermano tenía reuniones con funcionarios del gobierno y empresarios beneficiados con contratos públicos.

Al abogado Castañeda se le acusa de ser el brazo legal de la organización criminal denunciada por la Fiscalía y operar para neutralizar las investigaciones a la presidenta y su hermano. Se le imputa haber ofrecido beneficios, como ascensos, a los jefes del equipo policial que bajo la dirección de la Fiscalía investiga por denuncias de corrupción a la presidenta y a su hermano, con el objetivo de manipular esas investigaciones para que sean archivadas. Testimonios, mensajes y audios obtenidos durante la investigación fiscal comprometen al abogado. En el pedido fiscal de detención se señala que como Castañeda no tuvo éxito en esos ofrecimientos ilegales, se tomaron represalias. Hace unas semanas fue suspendido el coronel Harvey Colchado, jefe de este equipo policial, lo que ocurrió días después que el coronel encabezara a la policía que, por orden fiscal, participó en el allanamiento a la casa de la presidenta por el caso de los Rolex y las joyas. En la noche del jueves, horas antes de las detenciones del hermano y el abogado de Boluarte, fue desactivado el equipo policial que apoya las investigaciones fiscales. Esta decisión del gobierno le corta los brazos de investigación operativa al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder, que dirige la fiscal Marita Barreto, que lleva adelante las investigaciones a la presidenta y su entorno, y pidió la detención del hermano y el abogado de la mandataria.

El fiscal general, Juan Carlos Villena, señaló que la desactivación de este equipo policial que trabajaba con la Fiscalía obstruye las investigaciones por corrupción y exigió su reposición inmediata. Dijo que se analiza abrir una investigación por obstrucción a la justicia por esta razón, la que alcanzaría a la presidenta. Ha trascendido que el equipo de la fiscal Barreto tiene información y testimonios que involucran a Dina Boluarte en acciones para obstruir las investigaciones. En un documento fiscal se señala que la mandataria habría encargado “desacreditar, quebrantar y desmembrar” al equipo fiscal y policial que la investiga.

Además del hermano y el abogado de la presidenta, otras seis personas también fueron detenidas en el operativo fiscal este viernes. La investigación de la Fiscalía incluye a veintidós personas. A la cabeza de los miembros identificados de la organización criminal que se denuncia, la Fiscalía coloca a Nicanor Boluarte, pero encima suyo, en el espacio reservado para la jefatura de la organización, hay un signo de interrogación. Todo apunta a Dina Boluarte para ocupar ese lugar.