Las prepagas lograron lo que querían: ganar tiempo y no devolver, por el momento, el dinero que les cobraron de más a los afiliados. Los incrementos siderales se vienen registrando desde que el presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 –con el que anuló las facultades de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para autorizar o vetar los aumentos en las cuotas.

A pedido de las empresas de medicina privada, el juez Juan Rafael Stinco convocó a una audiencia para el 27 de mayo próximo en la que deberán verse las caras con el gobierno de La Libertad Avanza (LLA). Además, el juez suspendió los plazos procesales en la causa.

El viernes pasado, Stinco había otorgado la medida cautelar que había pedido la administración Milei frente a los aumentos exorbitantes y les había dicho a las prepagas que en un plazo de cinco días debían presentar una propuesta de cómo serían los reintegros a los asociados. El edicto con la resolución del juez se publicó el jueves y, desde entonces, empezaron a llover las presentaciones de las empresas diciendo que no podrían cumplir con los plazos.

Hubo otras, como Swiss Medical, que directamente apelaron la decisión de Stinco. Entre las que se presentaron para pedir que se suspendieran los plazos y se convocara a una nueva audiencia están Medicus, Met Córdoba SA, OSDE, Sancor, CEMIC, el Sistema Integrado de Prestadores de Salud SA y el Hospital Italiano.

Desde el gobierno, salieron a decir que la nueva resolución de Stinco no significaba un parate. “La Superintendencia de Servicios de Salud aclara que no existe suspensión alguna de lo ya dictaminado. La medida se encuentra vigente, por lo que las Entidades de Medicina Prepaga deben cumplirla. El juez convocó a una audiencia el día 27 del corriente mes, a fin de darle continuidad al proceso judicial y resolver cómo se devolverá el dinero a los beneficiarios”, escribieron en la red X de la SSS.

“La SSS, que es el gobierno, miente”, responde la abogada Valeria Carreras –que presentó varios amparos contra las prepagas y consiguió en las últimas horas uno a favor del periodista Samuel “Chiche” Gelblung. “Con esta suspensión de plazos, las prepagas ganan más de un mes de tiempo con facturas al valor que impusieron y sin un solo descuento por reintegro. Siguen usando financieramente el dinero de los afiliados –más de siete millones de personas que durante cinco meses han pagado un valor sideral y en un tiempo lejano recibirán descuentos a valor nominal. Está claro quién pierde siempre”.

El gobierno en su laberinto

El gobierno de Milei está entrampado en el laberinto que edificó con sus propias manos el 20 de diciembre pasado, cuando se firmó el DNU 70. A través de esa decisión, se derogó la facultad de la SSS para autorizar los aumentos de las prepagas. A las entidades, según el propio gobierno, se les fue la mano. Aumentaron en promedio, según estimaciones oficiales, un 145,72 por ciento desde finales de 2023.

El 17 de abril, el titular de la SSS, Gabriel Gonzalo Oriolo –exejecutivo de OSDE– se presentó ante la justicia civil y comercial para pedir que les ponga límites a las prepagas. Pidió textualmente que cesen con su “actitud abusiva frente a los usuarios, dejando sin efecto en forma definitiva los aumentos desmedidos en las cuotas de prestaciones de salud que tuvieron lugar con posterioridad al dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023 y solo se permita un eventual incremento de aquellas conforme al o a los índices que Vuestra Señoría estime más conveniente, atendiendo a la naturaleza de la materia en cuestión”.

En otras palabras, el gobierno que se ató las manos con el megaDNU le pidió a la justicia que fije los índices para los aumentos de las empresas de medicina prepaga. La movida gubernamental tuvo lugar después de que empezara a crecer el descontento porque las cuotas se volvieron impagables. En paralelo, los tribunales están ante un aluvión de pedidos de amparo solo comparable con lo que pasó después de diciembre de 2001 con el corralito. Una curiosidad de la presentación inicial del gobierno es que pedía que se retrotraigan las cuotas al valor que tenían al 1 de diciembre de 2023, cuando todavía gobernaba el Frente de Todos.

En un primer momento, el caso estuvo en manos de la jueza Mercedes Maquieira, que el 30 de abril se declaró incompetente y le remitió el expediente a Stinco. El argumento para mandárselo fue que Stinco tiene abierto un proceso colectivo de afectados por las subas en las prepagas que reclaman la inconstitucionalidad de dos artículos del DNU 70/2023.

En menos de 48 horas, Stinco dictó la cautelar que el gobierno reclamaba. Eso sí, aclaró que no se estaba pronunciado por la inconstitucionalidad del megadecreto –que fue rechazado por el Senado y aún está pendiente de ser tratado por la Cámara de Diputados. En su fallo, Stinco le quitó responsabilidad a la administración Milei por las subas que vienen sufriendo los afiliados. “Cabe destacarse que el DNU Nº 70/23 no dispuso incremento alguno y que las modificaciones sobre las competencias de contralor que fueron dispuestas mediante el mismo tampoco presuponen incrementos automáticos, siendo éstos actos particulares y unilaterales de los agentes del sistema de salud”, escribió Stinco.

En principio, la resolución del juez alcanza a 23 prepagas: OSDE, Swiss Medical, Medicus, Omint, Galeno, Medifé. Hospital Italiano, Obra Social de la Dirección de Sanidad Luis Pasteur, Hominis, Medicina Esencial, Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, Unión Personal, Mutual Federada 25 de junio Sociedad de Protección Recíproca, ACA, Sancor, Prevención Salud, Sistema Integrado de Prestadores de Salud SA, MET Córdoba, Hospital Alemán, Grupo DDM, Hospital Británico, Centro de Investigación Médica e Investigaciones Clínicas y Círculo Médico de Lomas de Zamora.

A contramano de lo que había pedido inicialmente la SSS, Stinco dijo que no le corresponde al Poder Judicial establecer los índices para los aumentos y convalidó el que había dispuesto la Secretaría de Industria y Comercio –que fijó como tope de aumento para mayo del 114, 6 por ciento.

“Esta medida del gobierno de Milei fue para las prepagas, dejando el servicio de medicina privada para unos pocos, con un precio alto al valor del IPC y generando más confusión que soluciones. Sin duda hay que seguir accionando judicialmente por los derechos de los consumidores y contra el DNU 70/2023”, insiste la abogada Carreras.