“El mencionado registro es una puerta de acceso camuflada con visos de legalidad para que capitales provenientes del tráfico de estupefacientes, armas y personas entre otros, ingresen al circuito económico y financiero de la República Argentina sin exigencias legales de licitud de origen y trazabilidad.”
La cita corresponde a las objeciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le hizo a la Ley Bases de Javier Milei, pero particularmente al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Con la incorporación de esta información, el diputado provincial y ex intendente de General Pueyrredón, Gustavo Pulti, presentó un proyecto de declaración pidiendo el rechazo a la ley y al RIGI porque “favorece el lavado, atenta contra la industria, entrega la soberanía jurídica y viola facultades provinciales”.
La postura del GAFI, transcripta en la presentación de Pulti, hace referencia a las facilidades que tendrán las inversiones que van desde los 200 millones de dólares para poder ingresar al país. Según el organismo internacional que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero de lavado de activos, no existe en la Ley Bases "ningún requisito sólido de acreditación de origen lícito de los fondos o su trazabilidad para evitar un lavado de organizaciones criminales".
"Todos los grandes fondos de flujo ilícito de dinero calificarían para ingresar al registro de incentivo para grandes inversiones con lo cual Argentina se transformaría en un nuevo paraíso fiscal para capitales de origen incierto", afirma el GAFI.
De esta manera, la Cámara de Diputados bonaerense se apronta a debatir la iniciativa que, según Pulti, “les da a los grandes capitales multinacionales de origen incierto una serie de ventajas injustificadas, que violan el principio de igualdad ante la ley, pero sobre todo inclinan el escenario económico en favor de esos grupos y capitales”.
El legislador marplatense no es el único en hacer esta observación. Durante el debate de la Ley Bases, el diputado nacional bonaerense y nacido en Dolores, Ramiro Gutiérrez, criticó duramente al RIGI y la política exterior orquestada por Javier Milei.
“Es una invitación a todos los cárteles de la droga, a todos los capitales oscuros y manchados con sangre a que vengan a un nuevo paraíso fiscal que se llama República Argentina”, dijo el legislador del Frente Renovador en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación.
Además, el texto del proyecto presentado por Pulti advierte que, de aplicarse este régimen, se favorecerá “el extractivismo y la primarización de la economía, en lugar del agregado de valor, el empleo y el desarrollo industrial”.
Este planteo es parte de los reclamos de Industriales PyMEs Argentinos desde diciembre del 2023, a pocos días de la asunción de Milei. Con base en el Parque Industrial de Plátanos en Berazategui, IPA marchará al Senado de la Nación junto a empresarios bonaerenses y del resto del país para evitar la sanción del régimen.
También, afirma la declaración del Pulti, el RIGI atenta contra las recaudaciones provinciales y las tasas municipales, y al mismo tiempo entrega la soberanía jurídica porque prevé que las empresas beneficiadas por el régimen puedan demandar al Estado nacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) y no en la justicia local.
El proyecto
Las siete páginas del proyecto presentado por Pulti divide el planteo del diputado contra la Ley Bases y, puntualmente, contra el capítulo que explica en más de 60 artículos el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones en cuatro ejes. El primero, como ya se describió, es el vinculado a lavado de dinero y las apreciaciones del GAFI.
Entre los puntos más polémicos, el RIGI otorga facilidades impositivas a las inversiones que estén por encima de los 200 millones de dólares que no existen para las PyMEs. El último informe del Centro Economía Política Argentina (CEPA) los detalla:
- Pago de IVA con crédito fiscal
- Reducción de impuesto a las ganancias
- Eximición del pago de tasa estadística, impuesto país y derechos de importación
- Eximición del pago de derechos de exportación luego del tercer año y del segundo si es considerado exportación estratégica
- No aplican percepciones de IVA y ganancias
- Es posible utilizar el impuesto a los débitos y créditos bancarios a cuenta del impuesto a las ganancias
- Cuenta con amortización acelerada para las inversiones
Entre los beneficios cambiarios, dice el CEPA, se encuentra la eliminación de la exigencia a liquidar dólares producidos por las exportaciones de las empresas que adhieran al RIGI en el mercado de cambios de Argentina, a partir del tercer año desde la fecha de adhesión.
De esta manera, las empresas incluidas en el régimen podrán disponer libremente del 20 por ciento de las divisas generadas por sus exportaciones al cabo del primer año, del 40 por ciento a partir del segundo, y del 100 por ciento a partir del tercer año.
Todos estos planteos están presentes en el segundo punto del proyecto de Pulti. “El régimen es un ataque a las empresas medianas, grandes y pequeñas de carácter nacional y auténticamente productivas", indicó el legislador.
Así, con el paquete de medidas que componen el RIGI, se constituye un sistema de liviana o nula barrera para el ingreso de productos importados finalizados, tanto nuevos como usados. Con una industria nacional que padece los precios en sus insumos que a veces triplican los valores del resto del mundo, el peligro de cierres y despidos está a la orden del día en los diálogos con empresarios PyMEs.
Beneficios y cesión de soberanía
En tercer lugar, Pulti explica en su proyecto que “se fijan beneficios fiscales que alcanzan a los impuestos nacionales y provinciales, lo que viola la autonomía de las provincias y municipios para cobrar impuestos y tasas, competencias reconocidas en la Constitución Nacional y la Constitución Provincial”.
Efectivamente, el texto de la norma que ya tiene media sanción, establece que las empresas adheridas estarán exentas del pago de derechos de importación para sus insumos, así como “tributos nacionales y/o locales”. De esta manera, se incluyen a las tasas municipales, el impuesto inmobiliario e, incluso, el Impuesto a Bienes Personales.
El cuarto eje analizado por Pulti advierte que el RIGI “implica la cesión de la soberanía jurídica del país”. Con la habilitación para que las firmas adheridas puedan litigar contra el Estado nacional desde el CIADI, cuyos antecedentes muestran una ferviente empatía hacia las empresas multinacionales, socavan las esperanzas de poder defender, por ejemplo, los recursos naturales nacionales.
