El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky elevó a juicio, este viernes, lo que se conoce como la causa de la mafia de los contenedores. En total, 97 personas procesadas, de ellos 53 funcionarios de la Aduana y 11 empresas. El delito es contrabando agravado en 571 casos, con contenedores de telas, de mercancías vendidas al estilo de todo por dos pesos y supuestas mudanzas desde Miami en las que junto con los muebles venían ecógrafos y sofisticados aparatos de medicina, además de decenas y decenas de juegos electrónicos. En un cuaderno figuraba cuánto se le pagaba a cada funcionario por cada contenedor: 1.500 dólares al director de la Aduana, 1.464 a la División Prohibiciones; 930 dólares al verificador; 5.140 verdes para los aduaneros del depósito fiscal y 5.000 para el propio depósito. En los allanamientos se encontraron correos electrónicos en que los aduaneros debatían con los empresarios el precio del dólar blue de la coima. Las secuencias de casos de corrupción en la Aduana argentina se suceden desde hace décadas, con apenas una pequeña proporción que tuvieron enorme repercusión: los autos supuestamente para discapacitados, los autos para diplomáticos, la Mafia del Oro y otros tristemente famosos. En escena aparecieron siempre gobiernos, fuerzas de seguridad y la SIDE.

La justicia tendrá que organizar un mega-juicio, ya que no es fácil realizar un proceso con 97 imputados. El expediente en sí mismo fue más que extenso: las operaciones de contrabando se hicieron entre 2014 y 2016, o sea que el trámite judicial llevó más de ocho años, con recursos de todo tipo y la intervención hasta de la Cámara de Casación. Intervinieron los fiscales Gabriela Ruíz Morales, Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta. Se trabajó en la investigación de 1.500 contenedores y, tras el secuestro de mercadería se hicieron donaciones por más de 300 millones de dólares.

Una de las maniobras consistía en subdeclarar la cantidad de productos. Por ejemplo, en un contenedor de 40 pies entraban 24.000 kilos de tela, pero sólo se declaraban 8.000 kilos. El problema fue que los contenedores ya no estaban en la Aduana, sino que ya se le habían entregado a los compradores: el contrabando se había concretado. Por eso, una clave de las evidencias que se recolectaron en la causa, fue que el juzgado obtuvo mapas de la ubicación de los contenedores en los barcos que venían de China y demostró que efectivamente contenían los 24.000 kilos no declarados, dado que de otra manera hubieran existido fuertes desequilibrios en los cargueros, con el peligro de una vuelta de campana en la travesía. 

Además de la jugarreta con las "mudanzas" desde Miami, otra maniobra típica fue que se declaraban mercancías de bajo valor, vasos y platos de plástico, pero en realidad venían celulares, cargadores, consolas y miles y miles de bebidas alcohólicas. Otra trampa consistía en traer textiles en enorme cantidad, pero la mercadería ya venía con la etiqueta Hecho en Argentina. Entre los principales imputados están los hermanos Miguel, Diego y Fernando Paolantonio y un largo listado de ex funcionarios de la Aduana. 

En función de lo verificado en este expediente, el juez viene planteando que los aduaneros tienen que portar las body-cam, o sea cámaras que registren todo lo que hacen durante las verificaciones y que esas imágenes queden grabadas. El planteo no sólo apunta a evitar la corrupción, sino que sirve para recolectar pruebas frente a maniobras de contrabando. “Ya no solamente son iniciativas privadas apalancadas por ciertos integrantes del órgano de control, sino una suerte de institucionalización del delito de contrabando enquistado en la estructura del servicio aduanero, coordinado por estudios y profesionales del comercio exterior y utilizado por determinados empresarios”, escribió Aguinsky en el fallo de 930 páginas a las que tuvo acceso Página/12.