Trabajadores docentes y no docentes de la Universidad Nacional de las Madres denunciaron que el Gobierno nacional discrimina “ideológicamente” a esa institución, a la que desde enero no le transfiere la partida presupuestaria que por ley le corresponde. “No cobramos sueldos, no podemos imprimir títulos para graduados, no podemos designar nuevos cargos ni presentar proyectos de investigación debido a la falta de recursos”, relataron la crítica situación desde la Asociación Docente de la universidad, que interpreta la actitud oficialista como un “intento de vaciamiento”. "Quieren que cierre la Universidad de las Madres, quieren que desaparezca. No lo van a lograr. Las Madres nos enseñaron a resistir", expresaron desde la casa de estudios.
A través de un comunicado que circuló en los últimos días, la asociación docente puso en conocimiento público que la Universidad Nacional de las Madres “no recibió ningún giro presupuestario” desde enero pasado. Si bien la institución creada bajo el ala de la Asociación Madres de Plaza de Mayo posee rango de universidad nacional desde octubre pasado, lo cierto es que funciona desde 2014 como instituto universitario de Derechos Humanos.
Sin respuestas
“Tenemos presupuesto asignado dentro de los recursos que maneja el Ministerio de Justicia –a cargo desde diciembre pasado de Mariano Cúneo Libarona–, pero esa cartera no nos ha transferido esas partidas que son nuestras, que le pertenecen a nuestra universidad, a sus trabajadores y a sus alumnos”, contó en diálogo con este diario Mariela Canessa, secretaria general de la asociación docente.
Según explicó la referente gremial de la casa, Justicia se rehúsa a entregar las partidas correspondientes al Ministerio de Capital Humano, con Sandra Petovello al frente, de cuya Subsecretaría de Políticas Universitarias depende la universidad desde el año pasado. El área a cargo del cuestionado Alejandro Álvarez “no ofrece respuesta alguna, lo cual evidencia no solo la intención de vaciar la universidad de recursos sino también de diálogo con el Ejecutivo nacional”, apuntó Canessa. Tanto la rectora de la casa de altos estudios, Cristina Caamaño, como la asociación docente, han solicitado reuniones con Álvarez en lo que va de conflicto, sin éxito.
“La universidad se encuentra completamente desfinanciada por el Estado Nacional”, denuncia el documento que difundió la situación, que habla de “incumplimiento de una serie de derechos y obligaciones” que afectan la generalidad de su funcionamiento. Además de no poder pagar los sueldos a trabajadores docentes y no docentes, la falta de recursos implicó la falta de pago de seguros estudiantiles para el inicio de las clases presenciales, de becas y del alquiler del edificio; también la imposibilidad de desarrollar proyectos de investigación vigentes y de poner en marcha nuevas líneas y áreas.
Perseguir y hostigar
En ese sentido, desde el gremio interpretan que no se trata solo de una línea más del ajuste que el gobierno de La Libertad Avanza vienen aplicando en otras áreas del estado, sino más bien una cuestión de asfixia presupuestaria con motivaciones ideológicas. “Puede advertirse la verdadera motivación del Poder Ejecutivo: perseguir y hostigar a la comunidad educativa de la Universidad de las Madres en razón de la opinión política e ideológica, cercenando sus derechos constitucionales más elementales”, puntualizaron en el documento público en el que piden difusión y acompañamiento de la comunidad.
Bajo el ala de la Asociación Madres de Madres de Plaza de Mayo que encabezó históricamente Hebe de Bonafini, la Universidad de las Madres alberga hoy a 240 docentes y a 60 trabajadores no docentes que no cobran su sueldo desde enero, aunque dan clases y mantienen el servicio educativo para 2.240 estudiantes universitarios. “El desprestigio para con nuestra universidad por cuestiones ideológicas de parte del Presidente (Javier Milei) y la vicepresidenta (Victoria Villarruel) lo venimos viendo desde antes de que fueran elegidos. Quieren que bajemos la persiana, pero nosotros seguiremos funcionando con las limitaciones que significa no tener un presupuesto, pero con todo el compromiso que podemos ofrecer”, concluyó la secretaria general docente.
El ajuste general
La delicada situación de la Universidad de las Madres se enmarca también en el feroz ajuste libertario sobre la educación en general. La decisión del Gobierno de prorrogar el Presupuesto educativo de 2023 sin considerar el 211,5 por ciento que acumuló el índice de precios al consumidor (IPC) el año pasado más el 51,6 por ciento del primer trimestre tuvo, como consecuencia lógica, el mayor desfinanciamiento de la educación pública superior del que se tenga registro (un 71 por ciento según el cálculo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.
La gestión de Milei pretendió aplicar para las 65 universidades nacionales y sus instituciones de salud un presupuesto inicial de 1.385.290 millones de pesos, la misma cifra que hace un año. En marzo hubo una ampliación insignificante (2,21 por ciento). Fue un manotazo de ahogado que intentó frenar la movilización del 23 de abril (un falso “70 por ciento”, pues sólo se aplica a gastos de funcionamiento). Así, el presupuesto pasó a ser de 1.440.397 millones, un mísero 4,1 por ciento más sobre el total. Del presupuesto destinado a las universidades, la partida principal se denomina “Desarrollo de la Educación Superior”, que explica el 90 por ciento del gasto total, según un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. En ella se incluyen el pago de salarios a docentes y no docentes, que representan el 52,2 y el 30,5 por ciento respectivamente.
Pese a la gran movilización en defensa de la educación, el Gobierno aún no dio respuesta a la falta de recursos. Frente a la demora de actualizar los presupuesto por inflación, rectores, docentes y dirigentes gremiales alertaron que ya se agotaron las partidas para afrontar los gastos salariales y de funcionamiento.
