Todos los gobiernos provinciales descontaron días de paro a docentes y estatales, principalmente a maestros. Socialistas, peronistas y ahora radicales actuaron de la misma manera a lo largo de los últimos años desde la recuperación de la democracia en Santa Fe. Es más, es rastreable en el tiempo y en los archivos periodísticos, el cambio de postura de los mismos funcionarios según les tocara ser oposición o gobierno. El último caso y más cercano es el de la actual vicegobernadora Gisela Scaglia que durante el gobierno de Omar Perotti y como diputada nacional de Juntos por el Cambio, grabó un video en redes sociales acusando duramente la “inhumanidad” del mandatario peronista al proceder a un descuento salarial de los maestros. Pero todos hicieron lo mismo.

Ni siquiera la actual diputada provincial del Frente Amplio por la Soberanía, Claudia Balagué que ahora entiende a los docentes y asegura que el actual gobierno infla desmedidamente los índices de ausentismo y se pregunta por las razones profundas de las faltas de los maestros, fue tan comprensiva cuando le tocó ser ministra de Educación de Miguel Lifschitz. Actuó con mano dura y se quejó sonoramente de los paros y faltazos en el sector y trató de negociar paritarias a la baja como cualquier ministro.

Sin duda el período más duro para los trabajadores de la educación de Santa Fe, coincidió -como ahora- con el período más trágico para todos los trabajadores de todo el país. En los ´90 el gobernador Carlos Reutemann y su ministro (un ingeniero paisajista llamado) Fernando Bondesio lograron imponer el presentismo que obligó a los docentes a ir a trabajar enfermos para no perder una parte sustancial de su salario.

Ahora el gobierno de Maximiliano Pullaro maquilla la misma medida y la llama “premio” para el docente con asistencia perfecta. Según el decreto conocido justamente en medio del último paro, el beneficio alcanza sólo a una parte de los directivos y a los maestros que estén frente al aula. Es decir, porteros y auxiliares no tendrán nunca el premio tengan o no asistencia perfecta. Los gremios dijeron inmediatamente que “si creen que las escuelas funcionan sólo con quienes están frente a los alumnos, se equivocan”.

Alrededor del ministro José Goity están convencidos e impulsados por el gobernador, por supuesto, de que deben quebrar estructuralmente al gremialismo docente de la provincia y hacer las correcciones que hagan falta para depurar el sistema y lograr que más maestros que cobran sueldo estén efectivamente frente al aula. El objetivo es siempre el mismo: Pagar los salarios más bajos que se pueda y ahorrar en reemplazos. “Nos tocó a nosotros empezar el trabajo antipático y lo vamos a hacer hasta el final”, sostienen en el equipo del ministro de Educación. Pero nadie creía que iban a tener que llegar hasta el barro para tratar de alcanzar los objetivos que siguen estando muy lejos. El camino más largo pero más racional sería el de hacer más eficaz el sistema de controles que autorizan a un docente a salir del frente de una clase para tomar una larga licencia. Está la enfermedad común y a veces grave, pero también está la enfermedad derivada del mismo trabajo. Esa es la más difícil de probar y ahí empiezan conflictos y quizás hasta abusos. 

Las múltiples conferencias de prensa de los últimos días de los ministros Goity, Pablo Olivares de Economía y Fabián Bastía de Gobierno se enfocaron en hablarles a los docentes y a tratar de enemistarlos con sus dirigentes gremiales. Hasta denunciaron que sindicalistas del sector “mintieron” e incluso "incumplieron la ley" al completar declaraciones juradas "truchas" para demostrar lo vulnerable del sistema elegido por el gobierno para tratar de establecer quién estaba dispuesto a ir a dar clases el día 8 de mayo y quién quería hacer paro. El gobierno asegura que “un 40% de los docentes quería ir a trabajar” y que al dejar abierto el registro ese porcentaje “va a llegar al 50% de los maestros de la provincia”.

 

Un arma de doble filo

Pero mientras el gobierno se encierra todos los días a cranear estrategias para dominar a los docentes como en el dibujo animado Pinky y Cerebro, las clases no se normalizan y ya se va consumiendo el quinto mes de gestión. Los dirigentes gremiales están acostumbrados al desgaste que les producen ante la sociedad estas refriegas. Pero también saben que arriesgan mucho menos capital político que los funcionarios del gobierno. A ellos los eligen sus pares para conducir al gremio, mientras que los políticos deben juntar votos en toda la sociedad para conducir al Estado. Y, en realidad, la política provincial es más visible para la gente en tres rubros: Seguridad, educación y salud. Y en estos meses de gobierno hay problemas en los tres, aún con la enjundia que se demostró para abordar el flagelo de la inseguridad donde los resultados recién se verán -si es que aparecen- en el largo plazo.

“Estamos casi todos en los 50 años, con más de 20 de experiencia en los conflictos y consolidados en nuestras organizaciones. Nos agarran muy bien parados, no les va a ser fácil”, confió a este diario un dirigente sindical docente con amplio rodaje en la provincia. “Tenemos todo el tiempo del mundo y el apoyo inquebrantable de nuestras bases y ellos se han encargado de reforzar esta situación con estos últimos caprichos vergonzosos”, completó.

Es lógico además que los gremios de los estatales de la administración central -ATE y Upcn- vayan a la retaguardia de los docentes. También tienen organizaciones poderosas, hicieron paro y se exponen a los descuentos por los días de huelga. Pero tienen menos impacto en la gente: No es lo mismo parar una escuela que el Registro de la Propiedad, la atención en API u otra oficina de trámites. 

Pero los empleados públicos sienten el clima de época y ya vieron las primeras muestras de un momento cruel y sin contemplaciones para con los asalariados. Si bien en la provincia no existe un horizonte de despedidos en la administración pública como el que llevó adelante nación; sí pueden estar afectados por las derivaciones de las políticas libertarias que parecen tener por ahora respaldo de un amplio sector social que se fogueó en ese odio al empleado público que en el fondo todos quieren ser. Basta observar la cantidad de inscriptos que se registraban en los últimos años cuando había convocatorias, por ejemplo, en la municipalidad de Rosario.

Un ejemplo de esta coyuntura es el debate abierto en torno a la Caja de Jubilaciones de la provincia. Hay un déficit de 23 mil millones de pesos mensuales en el sistema que quedó en evidencia cuando el presidente Javier Milei cortó los fondos para compensar esos desajustes de las cajas provinciales no transferidas en su momento a la nación. Santa Fe empezó por reclamar sonoramente esos recursos, pero en poco tiempo comprendió que la crisis era una oportunidad para meterse con el tema y producir las reformas. Los agentes públicos creen que en la discusión intentarán llevarse puesto el 82% móvil con el que se jubilan en el ámbito provincial. El gobernador Pullaro prometió que ningún derecho "se verá afectado". El tiempo dirá.