El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, defendió el decreto con el que instruyó a las escuelas secundarias a que expulsen a los alumnos que participen en peleas callejeras, impidiéndoles que se reincorporen en cualquier otro colegio por lo que quede del ciclo lectivo. También ratificó que mantendrá su orden a la Policía de Tucumán para que detenga a los menores y los ponga a disposición de la justicia. “No vamos a retroceder con las medidas preventivas. A esto había que darle un corte definitivo”, sostuvo, reafirmándose ante las críticas que señalaron que dejar a los adolescentes sin colegio sólo agravará el problema. El gobernador, que ya venía reperfilándose con su apoyo a Milei en el Congreso, continúa con el giro a la derecha, ahora apoyándose en un tema de fuerte impacto en la opinión pública. A nivel nacional, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habla de bajar la imputabilidad a los “13 o 12 años” de edad.
El jueves pasado, Jaldo puso en vigencia el decreto 1.290, luego de que se hicieron virales los videos de una pelea callejera entre estudiantes secundarios de la Escuela Técnica y del Instituto Privado Tucumán. Fue la segunda refriega de este tipo en una semana.
En el decreto recordó que en 2017 una pelea entre secundarios terminó con la muerte de Matías Albornoz Piccinetti, de 17 años. Con este sensible argumento, dispuso una serie de medidas que incluyen sanciones contra los padres de los adolescentes implicados en peleas, en el caso de que trabajen para el Estado, y el corte de subsidios para los colegios de estos alumnos, en el caso de que sean privados.
El contenido del decreto borra de un plumazo los acuerdos construidos dentro del sistema educativo sobre cómo abordar los conflictos con adolescentes, acuerdos que Jaldo reemplaza por decreto con una fórmula de mano dura. La decisión del gobernador fue cuestionada por organizaciones como la Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente de la Nación -entre otras-, que advierten sobre su carácter inconstitucional. Junto con esta cuestión legal, las críticas plantean que el mandatario ha optado por dar una respuesta efectista en lo mediático y muy peligrosa, ya que desconoce que los niños y adolescentes deben tener la especial protección del Estado.
Está claro que el decreto no es sólo una respuesta a la violencia de los adolescentes registrada en Tucumán, sino que inscribe en el contexto nacional: la semana pasada, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo saber, en una entrevista con un medio afín que el gobierno redacta un proyecto para bajar la edad de imputabilidad penal “a 13 o 12 años”.
Durante el fin de semana el gobernador, en respuesta a las crìticas recibidas, ratificó sus medidas: “Lo que hicimos en Tucumán es defender la vida con acciones preventivas”, sostuvo. Agregó que “las disposiciones son para no lamentar la pérdida de un niño y las lágrimas de una madre". Por otra parte, aludiendo a los adolescentes involucrados aseguró que “esto no terminó”.
Las críticas
En una carta dirigida al gobernador, la agrupación Mujeres Peronistas le recordó a Jaldo que en nuestro país “se encuentran expresamente prohibidas las sanciones que atenten contra el derecho a la educación o que impidan la continuidad de chicas y chicos en el sistema educativo”.
“La expulsión de adolescentes de las escuelas no hace más que quitarle uno de los soportes fundamentales de su formación ciudadana, además de negarles un derecho fundamental”, indicaron.
Para Mujeres Peronistas, el gobernador ha tomado el camino de “responder a la violencia con más violencia, a tono con los lenguajes y formas violentas de época”, en lugar de ejercer “con prudencia, sabiduría y raciocinio el poder político que deviene de la representación democrática”. La nota está firmada por dirigentes como Carolina Brandariz, Mara Brawer, Lucìa Corpacci, Marìa Teresa García, Nilda Garré, Juliana Marino, Kelly Olmos, Marita Perceval y del ámbito académico o la cultura, como Virgina Franganillo y Marìa del Carmen Bianchi, entre otras.
El pedido recuerda que las escuelas tienen mecanismos para abordar conflictos, consensuados por el Consejo Federal de Educación, “que incluyen escuchar la voz de chicas y chicos , el dialogo, la mediación, la resolución pacífica” de las diferencias “y fundamentalmente trabajar el principio de no discriminación”.
La abogada y magíster en Criminología Claudia Cesaroni había formulado también sus críticas al decreto. "No sólo autoriza a la policía a que los detenga y los alojen en lugares ilegales para adolescentes, como son las comisarías, sino que además ordena la expulsión y establece que no pueden ser incorporados a ningún otro establecimiento educativo en lo que resta del año. O sea, el Gobernador les quita el derecho a la educación", advirtió Cesaroni en el programa Escuchá Página/12, de la AM 750.
La especialista recordó que tanto la Comisión Interamericana como la Comisión del Niño de las Naciones Unidas recomienda acercar la edad de imputabilidad a los 18 años, en sentido contrario al debate que busca dar Bullrich. Argentina fue uno de los países a los que estos organismos recomendaron modificar su régimen penal para adolescentes porque el vigente viene de la última dictadura militar, pero no por la edad de imputabilidad"
La Defensoría de Niños, niñas y adolescentes de Tucumán también se manifestó contraria a la decisión del gobernador del PJ, al igual que otras organizaciones como Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES).
Sin embargo, el intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, ya adhirió a la resolución de Jaldo. Por otra parte, en un nuevo gesto político, Jaldo se reunirà este lunes con la fiscal a cargo del caso, Gilda Pedicone de Valls.
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