El 10 de agosto de 1989 la Cámara de Diputados daba media sanción a la ley de reforma del Estado del menemismo y el proyecto volvía al Senado. Fue la génesis del saqueo, del desempleo consolidado, la precarización, del abandono a la mano del mercado y la destrucción del tejido social. 35 años más tarde, unos cuantos que formaron parte de esa infamia le balbucean al actual presidente cuáles deben ser los instrumentos legales para el reseteo del nuevo pillaje.

La ley bases enviada al Congreso sintetiza en una sola norma todo el daño que en la década del ´90 le llevó a la gestión de aquel entonces no menos de tres años de reformas legislativas. Nada que rescatar a favor del pueblo, los trabajadores y los usuarios de este mamotreto que en breve el Senado tendrá que debatir.

La reforma del ´89 habilitó el desguace del Estado, el remate de sus empresas, la fuga y el inicio del peor proceso de desempleo que nunca haya padecido el país. El mismo que empezó a picar a partir de las prematuras medidas económicas y la vigencia del DNU 70/2023.

La estigmatización y el dedo acusador apuntan contra el empleo público, lo hicieron hace tres décadas, lo vuelven a hacer hoy. Quienes sobrevivimos esos años ya vimos esta película, y como en los cines que solía haber en nuestros barrios, que pasaban la programación en continuado, la película vuelve a empezar.

En este siglo de redes sociales, de desinformación y limitados caracteres, las canas no parecen servir de mucho. Dicen que cada quien debe hacer su experiencia, sin embargo a pesar de los años, cuesta resignarse y duele que las nuevas generaciones tengan que padecer una historia cuyo funesto final ya conocemos.

Los despedidos de las empresas del Estado de los ´90 (in-voluntariamente retirados) no dejamos de alertar, a quien quiera escuchar a estos viejos testarudos, para que la historia no se repita. Las privatizaciones de entonces empujaron al límite el desempleo. Quienes no se sientan particulares damnificados de esta situación no tengan ninguna duda que más temprano que tarde el efecto llegará a toda la sociedad, que ya no tiene espalda para soportar más.

El desempleo profundiza la precarización y empuja a la baja a los salarios. Nada nuevo bajo el sol. Las privatizaciones del menemismo liquidaron 65 empresas del Estado provocando la pérdida directa de 155.000 puestos de trabajo. Con la aplicación del DNU 70/2023, los despidos en estos primeros meses de 2024, trabajo registrado, ya llegan a 43.000. La posible sanción de la ley bases consolidará esta situación.

Como hace 35 años, nuevamente el Poder Ejecutivo Nacional espera del Congreso luz verde para el saqueo. Un Congreso que no tuvo aún, a pesar del tiempo transcurrido, la grandeza histórica de reparar el daño permitido en los ´90. Pasan los dirigentes, los partidos, las alianzas y a nuestros compañeros y compañeras se les va la vida en la espera.

Hace treinta años, los ex trabajadores de las empresas privatizadas reclamamos en distintas instancias, administrativas, judiciales y legislativas la reparación histórica para los damnificados de esas privatizaciones. Las y los trabajadores excluidos del Programa de Propiedad Participada (PPP ley 23.696) de las empresas privatizadas.

Solicitamos a las y los senadores el rechazo al proyecto de ley Bases y la pronta reparación a las y los trabajadores de las empresas privatizadas de los ´90. Inversión y fortalecimiento de las empresas públicas. Recuperación de las concesiones vencidas. Reincorporación de las y los compañeros despedidos. 

Fin a la dispensa de las y los trabajadores de la Agencia Telam. Protección a la Radio y la TV pública. Amparo legislativo para el cuidado de todas las empresas del estado. Ni cierre, ni retiros in-voluntarios, ni privatizaciones. Preservar las empresas del Estado es consolidar la soberanía nacional.