Con una amplia convocatoria y junta de firmas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) junto a familiares y sobrevivientes, querellantes en la causa conocida como el Villazo, exigieron que el juicio continúe en los Tribunales de Villa Constitución. "A esta altura del desarrollo del debate entendemos que trasladarlo (a los Tribunales de Rosario) significa un grave retroceso en el respeto y la reparación efectiva a las víctimas y familiares del Terrorismo de Estado", reclamaron. El juicio, a cargo del tribunal integrado por Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci, comenzó en noviembre y se estima está a la mitad del proceso, teniendo en cuenta la prueba que resta producir.
En una concentración de la que participaron las partes del debate, familiares, sindicatos, representantes de organizaciones sociales, barriales y políticas, reclamaron que se dé marcha atrás con lo anunciado el pasado 7 de mayo por el presidente del Tribunal Oral Federal N° 1, donde comunicó que el juicio no podría continuar en la ciudad de Villa Constitución con la consecuente mudanza a Rosario. El motivo que dieron es que "el Poder Judicial de Santa Fe ya no prestaría el espacio" que según indicó necesita "para agendar audiencias provinciales de un día para el otro, por los cambios en el código procesal", indicó el abogado querellante Federico Pagliero. "Y el Tribunal opta por ir a Rosario a pesar de haber alternativas en Villa Constitución, que ya hemos presentado". Ante el pedido entregado ayer, se espera una resolución para esta semana.
"Haber llegado a esta instancia, de que el juicio se tramite en Villa Constitución, fue fruto de nuestra tenacidad en reclamar los derechos de las víctimas. Hemos acompañado todos los requerimientos judiciales y en cada instancia llevamos cientos de firmas que reclamaban y acompañaban esta solicitud, siempre convencides de que cuando la ley ordena que los juicios deben realizarse en el lugar de los hechos deben extremarse los medios y recursos para que eso sea una realidad y no sólo palabras", plantearon sobre lo que se reclamó desde antes del inicio del juicio y que hasta ayer fue "una realidad", con un proceso "ordenado y seguro", de unos 50 testimonios, durante seis meses.
En el reclamo de continuidad del debate en Villa Constitución, desde APDH plantearon que "los sobrevivientes en su mayoría mayores de 70 años, han podido asistir a las audiencias en el lugar donde residen y donde acontecieron los hechos. Un claro punto de respeto y reparación a la sociedad villense", valoraron. "Sabemos que la reparación de la ciudad es clave en materia del juzgamiento de delitos de Lesa Humanidad. Por eso, debemos reiterar la necesidad y obligación de utilizar todos los recursos disponibles para continuar en Villa Constitución, haciendo efectivo el derecho de las víctimas a ser escuchadas, a contar con acompañamiento y la contención que significa habitar el juicio en la ciudad donde viven y tienen a sus seres queridos. Para ello contamos, como ya lo hemos dicho, con la sede del Concejo Deliberante y el auditorio de la UOM Villa Constitución, que cuentan con las instalaciones necesarias", plantearon como alternativa.
En el debate se juzga a una veintena de imputados --un exjefe militar, expolicías federales, un expolicía santafesino y dos civiles, Roberto Pellegrini, exjefe de personal de Acindar y Ricardo Torralvo, personal jerárquico de la empresa-- por crímenes del terrorismo de estado, previos al 24 de marzo de 1976, por los sucesos ocurridos en Villa Constitución. Se ventilan 69 hechos entre homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos agravados y asociación ilícita, cometidos contra 67 víctimas en el marco de la represión desatada a partir del 20 de marzo de 1975 en esa zona industrial, como respuesta a la histórica protesta conocida como "El Villazo".
Desde APDH siempre describieron que se trató de delitos contra la histórica lista Marrón que ganó las elecciones de la UOM Villa Constitución de 1974 y que los hechos cometidos "tuvieron como objetivo derrotar la lucha sindical de lxs trabajadorxs metalúrgicxs. El operativo 'Serpiente roja del Paraná' fue una prueba piloto del terrorismo de estado en el gobierno de María Estela Martínez de Perón, que luego se aplicaría durante la dictadura de forma sistemática".
La parte acusadora busca "acreditar que hubo un plan económico, teniendo en cuenta que el presidente del directorio de Acindar, en el momento de la cruenta represión de Villa Constitución, era (José Alfredo) Martínez de Hoz, quien luego del golpe de Estado pasó a ser ministro de Economía de la dictadura cívico militar", describió Pagliero en su momento.
En la audiencia de ayer declararon Daniel Yofra, de Aceiteros, por el caso de su papá; Gerardo Gómez, Alfonsina Martín, Leoncio Jaime y Marta Graff.
