El referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni acusó al gobierno nacional de emprender una “persecución política” en contra suya y de los movimientos sociales, y negó estar vinculado a las supuestas denuncias de “extorsión” por las cuales las fuerzas de seguridad allanaron los comedores comunitarios de la organización que él encabeza.
“Tengo la conciencia limpia, vivo en Burzaco hace 50 años. A mí no me llamaron porque saben que no soy un delincuente”, puntualizó el dirigente y adelantó que tanto él como su fuerza política se presentarán ante la Justicia para esclarecer la veracidad de las acusaciones.
Belliboni es uno de los dirigentes de izquierda a los que el gobierno de Javier Milei puso en la mira a partir del dispositivo telefónico creado por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich para que personas de cualquier índole denuncien si son obligadas a movilizarse a cambio de un plan social o ayuda alimentaria.
La recolección de varios llamados a la línea 134 apuntaron contra el Polo Obrero y por esto el fiscal Gerardo Pollicita ordenó una serie de 27 allanamientos a comedores populares, entre los cuales se incluyó a varios de esa organización social.
El dirigente acusado negó tener vínculo con esas acusaciones pero consideró que “probablemente exista una persona denunciada” por coaccionar a militantes y aseguró que, si eso se comprueba, se la va a “echar de la organización”.
Tanto la denuncia como los allanamientos realizados de madrugada en distintos barrios porteños y bonaerenses tuvieron como base una serie de mensajes de WhatsApp presentados por los supuestos denunciantes en los que un integrante del Polo Obrero les habría advertido que “no van a retirar la mercadería porque no marchan”.
Belliboni no descartó que eso fuera verdad pero advirtió que recurrirá a la Justicia para “ver si son reales estas denuncias”. Por lo que él sabe, aclaró, de la serie de supuestos llamados que se tomaron para la causa, “confirmaron la denuncia de 45 personas y solo 12 la ratificaron ante la Justicia”.
En su opinión, detrás de esa causa “hay una ofensiva contra las organizaciones” por parte del Gobierno, al que los mismos movimientos sociales “denunciamos por vaciar de comida los comedores populares”.
"Esta cosa empezó el 20 de diciembre. No tenemos acceso a toda la causa, pero vamos a presentarnos, vamos a dar el debate”, recalcó en entrevistas radiales, desde donde además apuntó contra los allanamientos.
“Fueron todos hechos en la ilegalidad, de noche, apagando las cámaras de seguridad” que las propias organizaciones tenían en los comedores donde miles de familias se acercan a buscar alimento.
El dirigente acusó a los funcionarios nacionales de “mentirosos y ajustadores” y dejó claro que, por ello, “los vamos a combatir en todos los terrenos", es decir tanto en el político como en el social.
“No tengo miedo de ir preso. Hace muchos años que lucho con los mismos métodos y las mismas convicciones y muchos gobiernos dijeron que me iban a meter preso”, concluyó.
