Utilizando el pretexto de que “no hay plata” y la consigna del pretendido “déficit cero” el gobierno que encabeza el presidente Javier Milei está aplicando una política de desmantelamiento de instituciones y medios creados por la democracia para resguardar el derecho ciudadano a la comunicación y, por añadidura, el conjunto de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales.
Porque como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones –también en estas páginas- el derecho a la comunicación es un derecho humano fundamental reconocido en el mundo entero y también en nuestra legislación. Pero no basta con decir esto, sino que el derecho a la comunicación se comprende como un derecho transversal y habilitante del conjunto de los derechos sociales. Porque sin comunicación democrática los derechos humanos se ven afectados. Sin comunicación democrática la democracia se pone en riesgo.
En principio y fundamentalmente porque sin información amplia, plural y diversa, ciudadanos y ciudadanas ven restringidas las posibilidades de demandar aquello que les pertenece por su sola condición de partícipes activos de la comunidad. De allí la condición de habilitante.
Si a lo anterior sumamos la idea de que el Estado gestiona a través de políticas públicas es preciso admitir también que no hay políticas públicas democráticas sin comunicación democrática.
La comunicación de las políticas públicas permite el acceso de la información a la ciudadanía que por esta vía no solo está en condiciones de conocer los derechos y sus alcances sino que, llegado el caso, podrá reclamar cuando éstos le sean negados o conculcados.
En estos primeros meses de gobierno de LLA estamos asistiendo a decisiones del Estado nacional que significan recortes en la comunicación pública con el argumento de que “no hay plata”.
Podríamos decir que lo que no hay son políticas públicas que apunten a la restitución de derechos quebrantados. Pero aún en los pocos casos donde hay iniciativas de gestión así éstas sean aisladas e inconexas –como puede ser en el caso de la salud pública- no existe comunicación e información que las sostenga.
Porque es insuficiente la información o se la falsea sistemáticamente. La consecuencia es que se confunde y se burla a las y los titulares de derecho. Y cuando los funcionarios o quienes ejercen la vocería del Estado esconden información o directamente mienten, están violando derechos ciudadanos.
Es así que las audiencias, en este caso ciudadanas y ciudadanos, se ven privados de algo que les corresponde: el acceso a la información para la libre toma de decisiones.
La mentira tipifica por sí misma una violación de derechos. No solo del derecho a la comunicación sino de derechos humanos y sociales.
La situación se agrava todavía más cuando el Estado, bajo cualquier excusa, decide recortar, desfinanciar los medios públicos que, aclaremos, no son medios gubernamentales, no son oficiales… son públicos en términos ciudadanos.
Es lo que sucede con la agencia de noticias Telam, con red de Radio Nacional y con la Televisión Pública. Sin dejar de lado la arremetida contra los organismos de la cultura y la práctica disolución del ENACOM (Ente Nacional de Comunicación), un ente generado democráticamente para regular y proteger derechos en el sector. En un país como Argentina donde existe una enorme concentración de la propiedad en manos de grandes corporaciones, la falta de medios públicos conlleva además una carencia para el derecho ciudadano a la comunicación.
La frase de que “no hay plata para la pauta oficial” impacta de manera significativa y primordial en la sostenibilidad los medios comunitarios, populares, alternativos. Todos ellos son víctimas del recorte, porque el aporte estatal a estos medios y espacios es esencial para garantizar la pluralidad y la libertad de expresión. No se trata de dádivas, es una responsabilidad de quienes administran el Estado.
Detrás del “no hay plata” en materia de comunicación se encubre un menosprecio por derechos adquiridos y reconocidos, porque, en primer lugar, se limitan las posibilidades de generar información plural para audiencias que lo necesitan para discernir y tomar decisiones ciudadanas y en definitiva para garantizar el acceso a la totalidad de los derechos sociales. Si como antes se señaló, el derecho a la comunicación es un derecho habilitante del conjunto de los derechos humanos y sociales, si no hay información plural, diversa y verdadera, no hay derechos vigentes. El Estado no puede desligarse de esa responsabilidad. Hacerlo implica, ni más ni menos, que una violación a los derechos humanos.
