El viernes pasado, a una semana del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia que se celebra cada año el 17 de mayo, el Ministerio de Salud de Perú publicó un decreto que identifica a la transexualidad como un "trastorno mental". La decisión fue repudiada por activistas del colectivo LGBT+ y grupos defensores de derechos humanos.
El decreto, que lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte, consiste en una actualización del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), que contiene una lista detallada de las condiciones, intervenciones y atenciones que que deben curbrir los centros de salud públicos y privados de Perú a las personas aseguradas.
En ese documento, el Ministerio de Salud incorporó nuevos diagnósticos en la categoría de trastornos mentales y del comportamiento, basándose en la décima versión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades (CIE-10), que quedó caduca en 2022 al entrar en vigencia una versión actualizada, la CIE-11.
El nuevo decreto publicado por el Gobierno de Boluarte menciona “el transexualismo, el transvestismo de rol dual, el trastorno de la identidad de género en la niñez, otros trastornos de la identidad de género, el transvestismo fetichista y la orientación sexual egodistónica” como algunos de los "problemas de salud mental" que están cubiertos por el plan de salud.
Esta medida va en contra de la postura de la OMS, que excluyó la transexualidad de su manual de enfermedades desde hace dos años (en realidad, podría decirse que desde hace más tiempo, ya que la CIE-11 fue presentada para su adopción por los Estados miembro en el 2019).
Ola de críticas
La decisión fue repudiada por distintos activistas y grupos defensores de derechos humanos, entre ellos el colectivo Más igualdad Perú, que empezó a recolectar firmas para enviarle una carta al ministro de Salud, César Vásquez, exigiéndole la derogación del decreto.
El científico Percy Mayta Tristán, director del área de investigación de la Universidad Científica del Sur, también mostró su alerta por el decreto. “La población trans no tiene acceso al servicio de salud, porque tiene problemas con el Documento Nacional de Identidad (DNI); en teoría, es una forma ‘en buena intención’ de dar acceso. El problema es que usan el CIE-10, que le está diciendo que está enferma; entonces, la comunidad LGTBI, la población trans, se opone y dice: ‘¿cómo quieres que me acerque al servicio de salud si ya me están diciendo que estoy enfermo por ser trans?'”, señaló a Perú 21.
Un planteo similar hizo Jorge Apolaya, vocero del Colectivo Marcha del Orgullo Lima, quien instó al Ministerio de Salud a modificar el decreto ya que se apoya en un conjunto de normas que están en desuso. “La norma de por sí está desfasada y más bien deja una puerta abierta a las terapias de conversión, así como al uso de hormonas con fines de corrección de la homosexualidad, terapias que son consideradas una tortura por el derecho internacional”, dijo al diario El Comercio.
La respuesta del Ministerio de Salud
Frente a la ola de críticas recibidas, el Ministerio de Salud emitió un comunicado contradictorio: si bien sostuvo que la diversidad de género y sexual no son enfermedades ni trastornos, aseguró que el decreto es necesario para “garantizar que la cobertura de atención sea completa en salud mental”.
La cartera también afirmó que "el CIE-10 todavía se mantiene vigente en el país, en tanto se inicie la implementación progresiva del CIE-11, tal como ocurre en otros países de la región”.
"El Ministerio de Salud reafirma categóricamente el respeto de la dignidad de la persona y su libre accionar en el marco de los derechos humanos, brindando servicios de salud en su beneficio”, finaliza el comunicado.
