La Justicia española ordenó ayer la búsqueda y captura internacional del ex jefe de Gobierno catalán Carles Puigdemont y de cuatro ex consejeros que se encuentran con él en Bélgica por varios presuntos delitos vinculados al plan independentista que abrió una crisis sin precedentes en el país.

La Audiencia Nacional había enviado a prisión ya el jueves a otros ocho ex consejeros (ministros) catalanes investigados por sedición,rebelión y malversación, delitos castigados con hasta 30 años de prisión. Puigdemont y cuatro ex miembros del gabinete que eludieron esa cita judicial están imputados por esos tres cargos y por prevaricación y desobediencia a la autoridad, indicó la jueza.

La perspectiva de ver los próximos días a todo el ex “Govern” en prisión abre un nuevo capítulo en la crisis que tiene en vilo a España y Europa desde hace semanas. Los independentistas respondieron convocando a protestas y manifestaciones “masivas”, justo cuando Cataluña prepara las elecciones del 21 de diciembre.

La decisión llegó poco después de que Puigdemont dijera en una entrevista televisiva  con la cadena belga RTBF desde Bruselas que estaba “dispuesto a ser candidato” en los comicios convocados en Cataluña para el 21 de diciembre, incluso desde el extranjero”. Además, el líder secesionista, explicó que se encuentra en la capital belga para “preparar su defensa” y que desea comparecer ante la “verdadera justicia, la justicia belga” y no la justicia española que “evidentemente está politizada”. 

Justo mientras se emitía la entrevista, la Audiencia Nacional difundió los autos de la jueza Carmen Lamela, que remitió a la fiscalía belga una orden europea de detención contra Puigdemont y sus cuatro ex consejeros y dictó también una orden internacional de búsqueda y captura por si dejaran el país. Los autos consideran probado que Puigdemont “lideró la movilización de los sectores independentistas de la población para actuar en apoyo del referéndum ilegal” del 1 de octubre, organizado y celebrado por su Gobierno pese a que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional español.

En ese proceso, añade, se vulneraron diversas leyes y la Constitución española, al tiempo que “promovieron y utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población”.

Los cuatro ex consejeros sobre los que pesa la orden de detención son Antoni Comín (Salud), Meritxell Serret (Agricultura), Clara Ponsatí (Educación) y Lluis Puig (Justicia).

Otros ocho quedaron detenidos el jueves, mientras que Santi Vila (Empresa) salió ayer en libertad tras pagar una fianza de 50.000 euros. Fue el único que dejó el cargo antes de que el Parlamento catalán culminara el plan soberanista aprobando una resolución para crear una república catalana.

La jueza considera que Vila jugó un papel activo impulsando el proceso de secesión junto con el resto del gobierno catalán, pero a diferencia de los otros investigados, no aprecia un riesgo de reiteración delictiva ya que dimitió el día antes de la proclamación de la independencia, poniendo de manifiesto su “voluntad contraria” a la secesión.

“Estar privado de libertad es una situación muy extrema, desgarradora”, dijo Vila a la prensa al abandonar la prisión madrileña de Estremera, donde calificó a la medida de prisión de “desproporcionada” y llamó a los partidos de España “con un sentimiento democrático” a que intercedan para poner fin a esta situación tan terrible que acaba con políticos encarcelados”. 

También le reclamó al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que “tome cartas en el asunto” porque, apuntó, esto “solo lo resolveremos desde la política”. Vila, quien representa al “sector moderado” del PDeCAT (Partido Demócrata Europeo Catalán), el mismo en el que milita Puigdemont, anunció que se presentará como candidato a las elecciones. 

Las autoridades belgas confirmaron que recibieron la orden y adelantaron que la estudiarán mañana. 

La detención de Puigdemont y sus cuatro ex ministros podría ser rápida a partir de entonces, si es que no se entregan antes.

En virtud de la denominada “euroorden”, un mecanismo que simplifica y acelera el proceso de entrega de un sospechoso entre dos países miembros de la Unión Europea (UE), Puigdemont podría ser llevado luego a España en un plazo de diez días, si acepta ese traslado, o 60 si lo rechaza.

La situación de Puigdemont podría acaparar así la atención en plena campaña para las elecciones regionales del 21 de diciembre, convocadas por Rajoy tras intervenir la autonomía de Cataluña y destituir al “Govern”. 

En prisión seguirán Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes respectivos de las entidades civiles independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, después de que la Audiencia Nacional rechazara ayer el recurso de la defensa para dejarlos en libertad. Ambos están detenidos desde el 16 de octubre por presunta sedición.

El frente judicial fue recibido como una “humillación” por sectores soberanistas, que tras una semana de desmovilización y desconcierto volvieron a activarse y convocaron diversas protestas para los próximos días. Ya por la tarde, miles de personas se concentraron ante los ayuntamientos de toda Cataluña pidiendo libertad a los “presos políticos”.

ANC y Òmnium llamaron además a una gran manifestación el 11 de noviembre en Barcelona. “Queremos que sea masiva”, dijeron ayer sus vicepresidentes en una presentación ante la prensa. Ambas entidades llamaron también a celebrar un “paro país” el miércoles 8, cuando algunos sindicatos convocaron una huelga por motivos laborales.

En un tuit difundido por ANC, Sànchez llamó a “resistir” el embate judicial. “No tienen suficientes prisiones. La democracia ganará. El 21D el mundo lo verá”, dijo citado por la entidad. “Nos quieren humillados y destruidos. No podrán”.