Días atrás el gobierno de Milei votó en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) en contra de Palestina. Lo hizo junto a ocho países, entre ellos, Israel y Estados Unidos, aislándose de la región y atentando contra el principio de integridad territorial. La inmensa mayoría (ciento cuarenta y tres) votó afirmativamente impulsando el reconocimiento de Palestina como estado miembro de pleno derecho, mientras que veinticinco se abstuvieron. Dado el poder de veto de EEUU en el Consejo de Seguridad y su alianza estratégica con Israel, la membresía plena no se haría efectiva.

La votación tuvo lugar durante los ataques israelíes sobre Gaza y Cisjordania, que a lo largo de 220 días generaron decenas de miles de muertos –sobre todo niños-, fosas comunes, violencia sexual contra las mujeres, millones de desplazados, más de ciento cuarenta periodistas asesinados, la destrucción de buena parte de la estructura del país y los bombardeos sobre los centros de salud, de Defensa Civil y de Refugiados de la ONU.

Colombia y Bolivia rompieron relaciones con Israel y pidieron que se investigaran los crímenes, Bélgica pidió el cese inmediato del envío de armas y, a pedido de organizaciones humanitarias, se inició en Alemania una investigación por la exportación de armas. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU pidió que se permitiera el libre acceso a las fosas comunes halladas en Gaza, para investigar lo sucedido de manera independiente y exhaustiva, circunstancia que Israel impide invariablemente.

Ex relatores expertos de la ONU suscribieron un documento en el que sostuvieron que las operaciones militares israelíes sobre Rafah conllevan un riesgo real e inminente que puede provocar un irreparable perjuicio a los derechos derivados de la Convención Internacional sobre Genocidio.

Ante la posibilidad de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) iniciase investigaciones, Benjamin Netanyahu dijo que no aceptará ningún intento de la CPI de socavar su derecho a la autodefensa y acusó de antisemitas a sus miembros. A su vez, veintidós senadores norteamericanos amenazaron con duras sanciones y ataques a la CPI y a la Fiscalía si emitía órdenes de arresto contra Netanyahu y otros agentes israelíes. EEUU e Israel, que no forman parte de la Convención sobre la CPI, tratan de sustraerse de toda investigación por los crímenes que sus agentes cometen.

Mientras en buena parte de la comunidad internacional se multiplican las manifestaciones y se alzan voces para reclamar el cese del fuego, la asistencia al pueblo palestino y el inicio de investigaciones para conocer el alcance de los crímenes (incluidos los de Hamas del 7 de octubre), funcionarios israelíes insisten en que todo palestino es terrorista por el solo hecho de nacer.

El embajador israelí ante la ONU atacó la decisión tomada por la Asamblea General sosteniendo que se estaba dando lugar a un Estado terrorista y destrozó un ejemplar de la Carta de la ONU como claro mensaje de que Israel no rendiría cuentas por sus actos. Como alguna vez dijo Julian Assange –preso político por divulgar los crímenes de guerra de EEUU-, no buscan una guerra exitosa sino una guerra sin fin.

De modo similar, Milei sólo ve los crímenes de Hamas y, sin que viniera a cuento, en su comunicado del 7 de mayo, reivindica los métodos de la última dictadura hablando del “ataque sistemático y deliberado de los gobiernos anteriores hacia nuestras gloriosas Fuerzas Armadas”.

Mientras la inmensa mayoría de la comunidad internacional insiste en la necesidad de investigar los crímenes -porque la impunidad genera repetición-, la decisión del gobierno de Milei nos aleja de los principios esenciales que durante el siglo XX, luego de las grandes guerras, nos legaron los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y Humanitario, y nos expone a la complicidad con quienes están cometiendo los crímenes más aberrantes. Su visita a España para juntarse con la ultraderecha de Vox –otra aliada de Netanyahu- va por la misma senda. La relación de Milei con BlackRock y llamada Ley Bases, que incluye el régimen de incentivo de las grandes inversiones (RIGI), explican en parte la sumisión a la que su gobierno nos expone.

Estamos ante un momento crucial porque la reivindicación de los crímenes lesiona gravemente la autoridad de la CPI. O tomamos el compromiso de investigar y juzgar las masivas violaciones a los derechos humanos, o caeremos definitivamente en la barbarie.