Uruguay creó una Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad para los delitos cometidos durante la dictadura militar (1973-1985) que hayan quedado excluidos de la llamada Ley de Caducidad (amnistía) dos veces aprobada por referendos populares.
Simultáneamente, la ley 19550, que establece esa Fiscalía Especializada, tiene una posición contraria a la adoptada recientemente por la Suprema Corte de Justicia, máximo tribunal que declaró inconstitucional la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, según explicó a la prensa local el fiscal de la Corte, Jorge Díaz.
La imprescriptibilildad de los delitos de lesa humanidad está establecida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los tribunales internacionales, como el de La Haya, dependiente de la ONU.
“En cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso (Juan) Gelman versus Uruguay es claro que a estos delitos no se le pueden aplicar las normas de prescripción, de caducidad, de cosa juzgada ni ninguna otra que impida el avance de la investigación para llegar a la verdad de los hechos ocurridos”, explicó el fiscal Díaz.
De hecho, el debate para la reciente aprobación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad volvió a poner en el tapete la ley de Caducidad, que pese a que fuera confirmada en los plebiscitos de 1989 y 2009, dejó abiertos algunos casos (algo más de 200) marginados del amparo de esa norma de amnistía y hoy están en la Justicia, reseñó el diario local El País.
El diputado Ope Pasquet, del opositor Partido Colorado, sostuvo que esta Fiscalía, aprobada con los votos del Frente Amplio, Unidad Popular, Independiente y algunos del Partido Blanco supone “la creación de instrumentos para desconocer la voluntad popular”.
A su vez, este tema, que ha generado nuevas polémicas, se produce poco después de que el Parlamento también aprobara un cambio en el sistema de la justicia penal, por el cual los fiscales pasan a tener a su cargo la investigación de las causas, y ya no más los jueces.
Por eso, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, resaltó la creación de una unidad fiscal especializada que actúa como auxiliar de la justicia, así como la coordinación que se desarrollará desde 2017, cuando los fiscales pasen a liderar la investigación en lugar de los jueces
Con la presencia del ministro Bonomi, el fiscal de Corte y procurador general de la Nación, Jorge Díaz; la diputada Macarena Gelman y la integrante de la Fiscalía en Derechos Humanos de Argentina, Nuria Piñol, se realizó el cierre de un ciclo-taller sobre crímenes de lesa humanidad realizado esta semana para capacitar a quienes trabajarán en la nueva procuraduría, según reportó un comunicado de Presidencia.
