De manera sorpresiva, senadores de Cambiemos y del peronismo más dialoguista presentaron en el Congreso un proyecto de ley conjunto para introducir modificaciones al funcionamiento y los alcances del Ministerio Público Fiscal y a la Defensoría General de la Nación, que incluyen un mandato limitado de cinco años, con posibilidad de una reelección para dos años más. Además, de aprobarse, el sucesor de Alejandra Gils Carbó en la procuración será designado por mayoría simple y ya no por los dos tercios del Senado. 

La iniciativa ingresó ayer por la tarde a la Dirección de Mesa de Entrada de Proyectos de la Cámara alta y comenzará a ser debatida el próximo miércoles, desde las 13, en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que encabeza el peronista Pedro Guastavino. 

El proyecto, del que hasta ayer no habían trascendido negociaciones por lo que generó sorpresa, lleva la firma del presidente provisional del Senado, el macrista Federico Pinedo, a quien acompañan el radical Angel Rozas, el jefe del bloque del FPV-PJ, Miguel Angel Pichetto, y el peronista salteño Rodolfo Urtubey. Se descontaba que la iniciativa sea dictaminada cuanto antes, llegue al recinto y sea aprobada rápidamente, ya que cuenta con el respaldo de los principales bloques de la Cámara alta.

Cuando presentó su renuncia con fecha 31 de diciembre, Gils Carbó había argumentado que una de las razones de la decisión tenía que ver con evitar el debilitamiento institucional y la autonomía del Ministerio Público Fiscal que se rumoreaba sucedería con la reforma. Sin embargo, ella renunció y ahora la reforma no sólo no se detuvo sino que se aceleró.

La iniciativa presentada por Pinedo, Pichetto, Rozas y Urtubey elimina la duración vitalicia, tanto del Procurador como del Defensor General de la Nación que podían mantenerse en el cargo hasta el límite de edad establecido por la Corte Suprema de 75 años. La designación de ambos funcionarios se mantendrá en manos del Senado, que podrá brindar su acuerdo a quien designe el Poder Ejecutivo Nacional con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, o sea 37 votos, mientras que antes era de 48 de votos. En tanto que para su remoción se necesitará el voto de la mayoría de los senadores y de la mayoría de los presentes, en el caso de la Cámara de Diputados. Además, frente a una iniciativa de remoción, el procurador queda suspendido inmediatamente en sus funciones.

Sin embargo, el Senado debe decidir su situación en un plazo de 180 días. Si no lo hiciera en ese lapso, el funcionario debe ser repuesto en su cargo. Si el pedido de remoción proviniera del Poder Ejecutivo, el plazo de resolución se achica a diez días.