La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó ayer que el Estado argentino incumplió las medidas cautelares a favor de Milagro Sala, destacó que las últimas decisiones del Poder Judicial jujeño agravan “el riesgo para la vida e integridad personal” de la dirigente de la Túpac Amaru y pidió la intervención de Corte Interamericana de Derechos Humanos. “La situación actual de Milagro Sala cumple con los requisitos de extrema gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable” que la Convención Americana de Derechos Humanos prevé para que la Corte, máximo órgano judicial de la región, otorgue medidas provisionales, señaló la CIDH.
El miércoles a la noche, recién salida del quirófano tras una serie de estudios y semidormida por el efecto de la anestesia, Sala fue trasladada desde una clínica hacia el penal de Alto Comedero, una vez más por orden del juez Pablo Pullen Llermanos, . El Comité por la Libertad de Sala repudió la “notable inhumanidad en los procedimientos ordenados por la ‘altísima magistratura’ que ejerce Llermanos” y advirtió que “se agravan el maltrato y hostigamiento” que padece Milagro.
A fines de julio, luego de escuchar a los organismos de derechos humanos y a los representantes del Estado y de visitar la cárcel donde Gerardo Morales encerró a la dirigente social apenas asumió como gobernador, la CIDH concluyó que las condiciones de detención de Sala constituían “una situación de hostigamiento y estigmatización que ponía en riesgo su vida e integridad, agravada por el estado de la salud mental de la beneficiaria”. Dispuso entonces que el Estado nacional debía adoptar medidas para garantizar los derechos a la vida y la integridad personal de Sala, y considerando la excepcionalidad de la prisión preventiva sugirió alternativas como el arresto domiciliario o la libertad mientras se sustancian los infinitos procesos gestionados por Morales.
Tras ese pronunciamiento, la CIDH “encontró que las autoridades judiciales de Jujuy tomaron decisiones que se distancian del cumplimiento de las medidas cautelares” y que “por el contrario, agravan la situación de riesgo”. Recordó que la detención domiciliaria otorgada en aquel momento fue “bajo un estricto régimen de seguridad que reproducía las condiciones de la penitenciaría en su domicilio” y que para peor después se la volvió a trasladar a la cárcel, alegando que se había negado a ir a un centro médico donde se le harían exámenes clínicos. La CIDH destacó “la grave situación psicológica” de Milagro Sala por “la angustia que le generan” esas decisiones, que la llevaron a “a causarse una autolesión”, tal como había ocurrido antes de las cautelares.
“La CIDH encuentra que las actuaciones descritas no se dirigen a cumplir las medidas cautelares” y que las últimas decisiones “agravarían el riesgo para la vida e integridad personal de la señora Milagro Sala”, señaló. En consecuencia, concluyó que la situación de Sala “cumple con los requisitos de extrema gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable” previstos por la Convención para que intervenga la Corte Interamericana con medidas provisionales.
El Comité por la Libertad de Sala informó que el miércoles Sala fue sometida a “una colonoscopia y una endescopia” y repudió que “mientras se estaba restableciendo de la anestesia y recién salida del quirófano, el juez Pullen Llermanos estaba llamando a la clínica para que la trasladaran inmediatamente al penal”.
