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Tres días antes de ordenar la detención de Amado Boudou, el juez federal Ariel Lijo había sido denunciado en el Consejo de la Magistratura por un grupo de entidades vinculadas de manera directa al Gobierno por supuestas demoras en el trámite de 28 causas de corrupción. Junto con él también fue blanco de la misma presentación el juez Daniel Rafecas, por su actuación en seis expedientes. “La ofensiva empezó a surtir efecto”, era la conclusión que se repetía ayer en distintos despachos de Comodoro Py a medida que crecía el espectáculo mediático con las fotografías del ex vicepresidente detenido. Quienes conocen la lógica de los tribunales federales, saben leer que detrás de las decisiones de muchos jueces puede haber un doble juego: ceder ante una presión, en este caso del oficialismo, pero sembrar en forma simultánea una advertencia a futuro. La imputación a Boudou, por ejemplo, equipara al blanqueo de capitales (tema de alta sensibilidad para la familia presidencial) con lavado de dinero. Y al detener al ex ministro de Economía sugiere que hoy cualquiera puede ir preso en base a la simple conjetura de que entorpecerá la investigación.
El nombre de Rafecas ya había aparecido en las “listas negras” que hizo circular el Gobierno, que también integraban –por ejemplo– el camarista federal Eduardo Freiler, que está en pleno juicio político, y la procuradora Alejandra Gils Carbó, que esta semana presentó su renuncia. A Rafecas el oficialismo lo asocia con su decisión de cerrar la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner por inexistencia de delito. A Lijo, un sector de la Casa Rosada le tiene desconfianza: lo vincula con antiguas estrategias de protección a Julio de Vido, a través de su hermano, el operador Alfredo Lijo, y es consciente de que tiene a cargo la causa donde se investiga la pata penal del acuerdo para salvar al Correo de pagar su millonaria deuda, en la que está imputado Mauricio Macri.
La denuncia contra Lijo y Rafecas fue presentada por dos entidades que montaron la ingeniería judicial para echar o forzar la renuncia de Gils Carbó, que tuvo como eje un pedido de inconstitucionalidad del mecanismo de juicio político para habilitar la expulsión por algún atajo. Una es el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo, que lleva el sello de la familia Martínez de Hoz y ofreció históricamente apoyo a golpes de Estado. La otra es la ONG Será Justicia, afín al oficialismo e integrada por funcionarios como María Eugenia Talerico, vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, y Juan Curutchet, presidente del Banco Provincia. A la denuncia en el Consejo se sumó también la Usina de Justicia, que lidera Diana Cohen Agrest.
El contenido del escrito que entregaron el martes en el Consejo deja en claro que tuvieron acceso a material que los juzgados federales enviaron al Cuerpo de Auditores sobre la actuación de los tribunales federales porteños en las últimas dos décadas en casos de delitos contra la administración pública. Funcionarios del organismo explicaron a PáginaI12 esas actuaciones “debieran ser reservadas”. El Colegio de Abogados, Será Justicia y la Usina concluyeron que hay “situaciones de excesiva demora en la tramitación de las causas” e “incumplimiento” de “determinados magistrados” de entregar la información solicitada.
La denuncia además coincide con el desembarco la semana pasada en el Cuerpo de Auditores del presidente de Boca y operador judicial estrella Daniel Angelici, a través de la designación de funcionarios cercanos a él. Fue nombrado Pablo Garcilazo, también de confianza de Juan Mahiques, el representante del Ejecutivo en el organismo. Garcilazo fue en los noventa fue funcionario del PAMI con Víctor Alderete, gestión por la que tuvo denuncias penales. Se incorporó también Agustín Rubeiro, que era secretario de la presidenta del Consejo, la abogada PRO Adriana Donato, y está alineado con Garcilazo. Otros dos funcionarios del Consejo que serían del mismo círculo de Angelici están en lugares claves: Andrés García es secretario de Acusación y Marianela Marzi integra la secretaría general.
El Cuerpo de Auditores se supone que hace sumarios internos, investigaciones administrativas, controles de gastos, entre otras cosas. Vigila a los jueces y al propio Consejo. No tuvo gran actividad en los últimos años, pero en 2016 empezó a pedir informes a los juzgados federales para hacer una auditoría sobre su rendimiento.
Las organizaciones vinculadas al Gobierno dijeron en su presentación que quieren saber si se cumple el debido proceso en casos de corrupción. Nunca habían mostrado ningún interés por las demoras en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, ni por los 15 a 20 años que duraron causas en el menemismo, ni por el abuso de la prisión preventiva en general y el maltrato en las cárceles a los más vulnerables.
“Llama la atención que expedientes iniciados hace muchos años siguen en trámite sin que se haya presentado la necesidad convocar a los imputados a declarar”, señala la denuncia. Ponen como casos emblemáticos de esa situación a Lijo y a Rafecas, en un análisis inicial sobre seis juzgados. Al primero le marcan 28 causas desde 2009 en adelante en las que señalan que no hizo llamados a indagatoria. A Rafecas le dicen lo mismo respecto de seis causas. Lijo entregó al Consejo un informe de 36 páginas en el que detalla causa por causa todas las medidas que se adoptaron. Son causas en su gran mayoría contra ex funcionarios del kirchnerismo. En cinco casos señala que no hubo pedido indagatoria del fiscal; en uno contra Héctor Capaccioli, ex superintendente de salud y otros ex funcionarios, dictó sobreseimiento pero la Cámara revocó; en el resto, la mayoría tiene peritajes en plena elaboración, como una que implica a Cristina Kirchner. Rafecas hizo un informe público que muestra que de las seis causas que le endilgan falta de indagatorias, en tres de ellas fueron tomadas entre 2016 y 2017, otras dos fueron archivadas por inexistencia de delito y una contra Alicia Kirchner está en pleno trámite. Las organizaciones también cuestionan a Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi y Sebastián Ramos con el argumento de que no entregaron toda la información que debían.
Es parte de la práctica habitual en los tribunales federales el manejo de los tiempos al compás de la política. Los jueces suelen administrar ese poder a su antojo, algunos con más notoriedad que otros, y están los que responden a los aprietes, o también aprietan. Hoy es una dinámica pone en peligro derechos elementales como el de esperar un juicio en libertad. ¿Lo denunciarán las organizaciones amigas de la Casa Rosada?
