Luego de que se conociera el arresto del ex vicepresidente Amado Boudou, la ex presidenta Cristina Kirchner advirtió a través de las redes sociales que “está en riesgo la democracia”. Era el título del comunicado de Unidad Ciudadana señalaba que “el objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste que se busca implementar”.
“En Argentina el Gobierno del Presidente Macri está utilizando al Poder Judicial para perseguir a los dirigentes opositores. El objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste que se busca implementar”m decía el texto. “Desde Unidad Ciudadana denunciamos la delicada situación que atraviesa la democracia argentina, donde se ha vulnerado (o se ha terminado) el Estado de Derecho y la división de poderes. Estamos frente a una maniobra de disciplinamiento como pocas veces se ha visto en la historia de nuestro país. Intento de disciplinamiento a todos los dirigentes políticos, gremiales y funcionarios de la justicia que puedan llegar a intentar oponerse o detener el programa de ajuste económico que intenta implementar el gobierno nacional”, afirmaba el comunicado del frente que llevó a CFK como candidata a primera senadora por la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones.
El mensaje mencionaba la renuncia de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, (un “logro del Gobierno”) y la suspensión del magistrado platense Luis Arias, “uno de los únicos jueces que se atrevió a fallar contra el brutal tarifazo en servicios implementado desde el año pasado”. También citaba una nota publicada ayer por el diario Clarín en la que se admitía que el propio presidente Macri amenazó mediante dos de sus ministros a Hugo Moyano con ir preso en caso de que no apoyara la reforma laboral que el gobierno nacional intenta implementar. Y recordaba que el juez Ariel Lijo tiene en su juzgado la causa del Correo Argentino, en la cual están involucrados el presidente Mauricio Macri, y su familia, como dueños de la empresa SOCMA por una deuda de 70.000 millones de pesos que el Gobierno intentó perdonar. “Es claro que la actual situación procesal del presidente Mauricio Macri, en cuanto a la posibilidad de obstrucción de la justicia en causa propia es infinitamente más grave, por cierta, concreta y efectiva, que la del ex vicepresidente”, afirmó Unidad Ciudadana.
“La privación de la libertad del ex vicepresidente no tiene nada que ver con la causa por la que se lo investiga. Es una clara maniobra intimidatoria y extorsiva que tiene por objetivo disciplinar a los dirigentes sindicales y de la oposición política, especialmente a los legisladores, para que voten precarización laboral e impuestazo, que arruina economías regionales y encarece consumos populares. Argentina asiste a un gran show político, mediático y judicial digitado desde el Gobierno, que consta de dos claros objetivos: Por un lado, atemorizar a cualquier dirigente opositor que intente oponerse a esta segunda fase de ajuste y embestida contra los derechos de los trabajadores. Por otro, distraer a la ciudadanía argentina imponiendo una agenda judicial, mientras se implementan en el plano económico y político las distintas reformas anunciadas días atrás contra los trabajadores, los jubilados y la sociedad en general”, se señaló en el comunicado, que terminaba asegurando que desde ese espacio nunca se opusieron a que se realicen todas las investigaciones judiciales necesarias a los funcionarios públicos, del anterior o del actual gobierno, en el marco del debido proceso y del respeto a las garantías constitucionales.
