El Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció una jornada de protesta para el próximo 22 de mayo y un paro nacional educativo y universitario para el 23 de mayo, tras un mes sin respuestas del gobierno luego de la masiva movilización en defensa de la universidad pública. La decisión, tomada el 15 de mayo en la sede de CONADU, incluye a todas las federaciones docentes y no docentes del país.
"Pasó un mes de una movilización histórica y el gobierno juega al avestruz escondiendo la cabeza frente a la realidad", planteó Federico Montero, secretario de Organización de CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios.
A eso se suma la provocación que representó el anuncio de un acuerdo con la UBA por los gastos de funcionamiento, dejando afuera a 170 mil docentes, 50 mil no docentes y a las universidades del resto del país.
Esta situación de conflicto se agravó con la alta inflación, que supera el 70% desde que asumió Javier Milei. "Muchos de esos son docentes y no docentes de la propia UBA que siguen sin respuesta", explicó Montero.
Por su parte, Pablo Perazzi, secretario General de Federación de Trabajadores Docentes de la UBA (FEDUBA), afirmó: "Los docentes de la UBA confiamos en que las autoridades de la UBA van a apoyar las medidas de fuerza que resolvieron las federaciones docentes y no docentes. No vamos a caer en la trampa que nos plantea el gobierno de enfrentar la situación de los docentes y no docentes de la UBA con las autoridades. Pero tampoco vamos a aceptar que se dé por superada la emergencia mientras la universidad se sostiene sobre el esfuerzo y el bolsillo de los trabajadores".
Alerta por la "Ley Bases"
El Frente Sindical también apoyará también la movilización convocada por organismos de derechos humanos, sindicatos y movimientos sociales contra la "Ley Bases" el día que se trate en el Senado.
En este sentido, el referente de la CONADU señaló: "Vemos con preocupación que haya sectores de la política que evalúan apoyar parcialmente la ley bases a cambio de un supuesto financiamiento para la universidad pública. La idea de una universidad para unos pocos privilegiados en un país que se hunde en la pobreza es una aberración que no vamos a acompañar".
Las causas del conflicto son profundas. Un estudio reciente de CONADU muestra que el presupuesto asignado para 2024 es equivalente al de 2023, pero con una inflación acumulada del 72%. "Para tener el mismo poder adquisitivo que en 2023, el presupuesto debería ser hoy de $5.084.012 millones. Pero es de $1.415.919 millones", indicó el informe. Esto llevó a una "licuación" de los fondos, indicaron.
En este contexto, desde el Frente Sindical señalaron que el 90% del presupuesto universitario se destina a salarios, que vienen perdiendo el 30% de su capacidad adquisitiva.
"La crisis es tan grave que hay docentes universitarios por debajo de la línea de pobreza, algo que no ocurría desde hace más de 20 años. Por ejemplo, un ayudante con dedicación semiexclusiva (20 horas) está por debajo de la media canasta básica. Más de la mitad de los docentes universitarios no superan hoy la canasta que define la línea de pobreza", sostuvieron desde el Frente Sindical.
