La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires le requirió explicaciones a Luis Petri por haber desmantelado los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) documental que funcionaban desde 2010 en el Ministerio de Defensa y que contribuían a la investigación de los crímenes de la última dictadura.
La semana pasada, la Defensoría envió una nota al Ministerio para pedirle a Petri que explique por qué despidió a diez de los trece trabajadores que analizaban los archivos burocráticos de las Fuerzas Armadas a pedido de jueces y fiscales. El organismo, además, le solicitó que informe si dictó alguna resolución administrativa sobre el destino de los ERyA y, en caso de que no planee su cierre total, que diga en qué consistirá su rediseño.
La Defensoría se hizo eco de las notas que Página/12 publicó desde el 30 de marzo pasado, cuando reveló que Petri había pasado la motosierra por las políticas de memoria, verdad y justicia dentro del Ministerio de Defensa. En declaraciones periodísticas, el ministro acusó a los expertos en archivos de ser un "grupo parajudicial" dedicado a hacer macartismo dentro de las Fuerzas Armadas.
La decisión de Petri fue repudiada por organismos de derechos humanos. Más de 30 fiscales que intervienen en causas de lesa pidieron que revirtiera el cierre. La legisladora porteña Victoria Montenegro hizo presentaciones ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
