“La gente viene a casa o me escribe porque no saben cómo hacer los trámites y no pueden viajar más de cien kilómetros hasta Trenque Lauquen”, cuenta Paola Luis. Es una de las víctimas del “abandono” del Gobierno nacional hacia el interior bonaerense, como denuncian los trabajadores de los organismos nacionales que se quedan sin tareas por las decisiones de la administración libertaria. Ella integró el equipo de cuatro trabajadoras que estuvieron al frente de la oficina de la Anses en Salliqueló. En enero la echaron, y un par de semana después cerró la dependencia. Es una de las 19 oficinas que ya no prestan servicio en la provincia de Buenos Aires.

Es mamá de Magalí de 16 años, que nació con parálisis cerebral. Cuenta que, simplemente, el 19 de enero una compañera quiso entrar a su computadora y el usuario estaba bloqueado. A la semana les llegó el telegrama que les comunicaba la “extinción” del contrato.

La oficina llevaba un año funcionando. Luego de las gestiones del ex concejal y actual intendente local, Ariel Sucurro, se abrieron las puertas de una nueva dependencia de la Anses a principios de 2023. Paola recuerda el día de la inauguración con los vecinos en la plaza de Salliqueló frente a la esquina de Avenida 25 de Mayo y Pellegrini.

“No lo podíamos creer y es triste lo que pasa porque muchos no se imaginan lo que significa contar con un lugar así para resolver tantos trámites”, remarca Paola. Se refiere a la Asignación Universal por Hijo, las becas Progresar, las pensiones y, lógicamente, lo que remite a las jubilaciones.

Hoy integra el listado de más de 1.200 empleados de la Anses despedidos, según los datos que manejan en el Sindicato de las y los trabajadores de la Seguridad Social comandado por Carlos Ortega.

La realidad de Salliqueló no es aislada, porque es una de las 19 que cerraron en la provincia de Buenos Aires. Cinco son del interior. Junto a Salliqueló, dejó de haber atención de Anses en Tres Lomas, 25 de Mayo, Mar del Plata y San Nicolás.

En el Gran Buenos Aires, las dependencias que cerraron son: Ezpeleta en Quilmes, Fiorito en Lomas de Zamora, Spegazzini en Ezeiza, William Morris en Hurlingham, Ciudad Evita y Gonzalez Catán en La Matanza, Monte Chingolo en Lanús, Libertad en Merlo, Libertador en Tres de Febrero, Cuartel V en Moreno, Derqui en Pilar, Garin en Escobar, Boulogne en San Isidro y la de San Vicente.

Pero el fenómeno es nacional. Otras 46 oficina de la Anses dejaron de atender en el resto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Después de las 19 de Buenos Aires, Chaco es la segunda provincia más golpeada con seis cierres. Entre ellos, la atención en Sauzalito, ubicada en el “impenetrable chaqueño donde era el único canal de los pueblos originarios y trabajadores forestales con la comunidad”.

El cierre

Paola relata que el 19 de enero, estando ella de vacaciones, recibió el mensaje de una compañera que al abrir su computadora no le reconocía el usuario. Explica que cada trabajador tiene una cuenta personal lo que permite ver el desenvolvimiento diario, la hora que ingresa, cuánto demora en atender a una persona y a cuántas atiende por día. “Siempre se sabe quién trabaja y quienes no”, asegura.

En ese momento su compañera intentó varias veces porque consideró que había puesto mal la contraseña. Pero no fue así. Paola volvió de las vacaciones y se encontró, al igual que sus tres compañeras de oficina, con el telegrama de despido. “Nos habían renovado hacía 15 días y luego pasó esto”, señala.

Luego del telegrama nadie se puso en contacto desde la Anses. Sólo mandaron a una persona a atender una vez por semana. Dice Paola que se agolpaba la gente y que, una vez que cerraba sus puertas, la atención duraba dos horas más por la gente que quedaba dentro de la oficina. Quien venía a brindar el servicio era un trabajadore de Tres Lomas, a quien echaron hace poco más de un mes, cuenta Paola.

La única opción que les quedó a los salliquelenses es viajar a Trenque Lauquen, una localidad a más de cien kilómetros de distancia. “Son, más o menos, 20 mil o 25 mil pesos en nafta para el que tiene auto, pero no todos tienen”, señala la mamá de Magalí. ¿Y el que no tiene? “Se queda sin hacer los trámites y peligra su beneficio porque hay trámites que son presenciales o mandar un sobre hasta allá te sale 5 mil pesos”, responde.

Esos beneficios pueden ser: la Asignación Universal por Hijo, las becas Progresar para adolescentes y adultos, trámites para validar un matrimonio, para digitalizar el DNI, los créditos para jubilados con tasas por debajo del 30 por ciento anual, trámites previsionales como la carga del reconocimiento de servicios o la presentación de un Certificado Médico Oficial para una pensión por discapacidad.

“Acá se hacía muchísimo”, resalta Paola. Luego de abrir sus puertas a principios de 2023, la oficina alcanzó la calificación de 4.98 sobre 5 en materia de funcionamiento. Eso les posibilitó incorporar la chance de hacer trámites jubilatorios. Entre agosto y noviembre, 12 vecinos de Salliqueló se jubilaron. “Fue un día hermoso”, recuerda Paola.

Pide su reincorporación, explica que no aceptó la indemnización que le depositaron que, además, es “irreal” respecto a los valores que corresponden. Hasta el momento, sólo pudo mantener conversaciones con el sindicato y, al menos, consiguió trabajo dando clases porque es Técnica en Acompañamiento Terapéutico.

“Perversos”

“Salliqueló es un caso más del desastre que hicieron”, remarca Ortega a Buenos Aires/12. Al frente del gremio que representa a los trabajadores de Anses, indica que hubo 350 despidos de enero y 852 en marzo. De ese colectivo, alrededor de cien fueron reincorporados.

“Reintegraron los que eran casos de trabajadores con tratamiento oncológico, trabajadoras embarazadas y delegados gremiales, junto a algún otro caso de con un tratamiento médico largo”, sostiene el dirigente que fue precandidato a intendente de Campana por Unión por la Patria.

Afirma que el diálogo con las autoridades del organismo es nulo y que llevan adelante estas medidas porque son unos “perversos”.

Con el fin de visibilizar la situación, cuenta que se hicieron asambleas permanentes durante más de un mes y medio, lo cual derivó en un paro general el 10 de abril. También se coordinaron movilizaciones y abrazos simbólicos en aquellas oficinas que cerraron.

“Denunciamos todo esto en el Congreso de la Nación y en los concejos deliberante, y, por el lado judicial, iniciamos acciones de nulidad y amparos que todavía están en la Justicia y seguramente hagamos una presentación en la Organización Internacional del Trabajo los primeros días de junio”, explica Ortega.