Hace unos días, 142 diputados (mayoritariamente de Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza y la UCR) levantaron la mano para darle media sanción a la llamada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad”. Pero la única libertad que brinda este proyecto es para las grandes empresas transnacionales, que reciben facilidades y privilegios inéditos que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo.
Esta ley es cuestionable en muchos aspectos: establece una reforma laboral y flexibilización de nuestros históricos derechos, pone fin a la moratoria haciendo menos accesible las jubilaciones (especialmente de mujeres), vende empresas públicas estratégicas, blanquea la salida de dólares y avanza sobre el desguace del Estado. Pero nos vamos a centrar en uno en particular: la entrega total y sin restricciones de nuestros bienes comunes naturales para uso extranjero, sin ningún beneficio para nuestro país.
Con una receta infalible de flexibilización total de las normas ambientales y fiscales, especialmente a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), pretenden volver a una economía de primarización y extranjerización de nuestros recursos.
Coloniaje siglo XXI
Uno de los puntos más importantes (y peligrosos) del proyecto es la creación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). A través de este régimen el gobierno pretende modificar la regulación tributaria para que las empresas que inviertan más de 200 millones de dólares (queda bien claro qué empresas buscan que inviertan, de las argentinas ni hablar) puedan acceder a beneficios como exenciones impositivas, deducciones de costos, prohibición de restricciones y congelamiento de la normativa cambiaria. A partir de estos incentivos, el RIGI apunta a promover la explotación de sectores y bienes claves de nuestra economía como la agroindustria, la minería, el gas, el petróleo y la energía. ¿Qué beneficio obtenemos a cambio? prácticamente ninguno. Las empresas no están obligadas a generar trabajo local ni a usar maquinaria argentina, pueden importar ambas cosas. Es un saqueo de nuestros bienes comunes naturales, un empeoramiento significativo de nuestra calidad de vida presente y futura, a cambio de nada.
Desde hace ya algunos años, Máximo Kirchner viene advirtiendo las tres flexibilizaciones: la laboral, la impositiva y la ambiental, una combinación que busca modificar las condiciones normativas para que las grandes empresas exploten los bienes comunes naturales de manera más barata y dejando menos en nuestro país. El RIGI es la materialización de eso. Alienta las inversiones en sectores extractivos sin incorporar ningún elemento que procure evitar que se conviertan en economías de enclave que no aporten al crecimiento económico: no se preocupa por la prevención y el control de daños ambientales, no fomenta la creación de empleos calificados y prácticamente pone trabas a la generación de valor agregado.
Además, sigue vigente el DNU 79/2023 que derogó la Ley de Tierras, una normativa que limitaba al 15% toda titularidad de dominio de tierras rurales por parte de extranjeros, tierras donde no solo están nuestras riquezas naturales sino también nuestras comunidades rurales. Como señaló Cristina en su documento de trabajo “Argentina en su tercera crisis de deuda”, lo que se está buscando con esta legislación es facilitar las condiciones para que las grandes corporaciones extranjeras se hagan con nuestra tierra y nuestros recursos.
¿Cómo impactaría en lo ambiental? Ejes clave
Mientras en el mundo redoblan los esfuerzos e innovan en nuevos marcos tecnológicos y productivos para evitar las consecuencias del cambio climático, en Argentina quieren alterar la Ley de Hidrocarburos, una de las más afectadas por la Ley de Bases, y privatizar empresas estratégicas. En principio, este capítulo demuestra la ausencia por parte del Ejecutivo de una visión a largo plazo que, además de aprovechar nuestros recursos, contemple la transición energética en el marco de los compromisos ambientales que la Argentina ha hecho como signataria del Acuerdo de París. Los artículos apuntan a desregular el mercado hidrocarburífero y reducir al mínimo la presencia estatal.
En materia ambiental, preocupa particularmente la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo de la gestión ambiental hidrocarburífera, que contradice directamente los artículos 76 y 41 de la Constitución Nacional y brinda facultades excesivas a un gobierno que no ha tenido pruritos en negar el cambio climático y defender que las empresas puedan contaminar “todo lo que quieran”.
Con respecto a la privatización, vemos que entran en el listado empresas estratégicas para defender la soberanía energética y logística de nuestro país, como Nucleoeléctrica Argentina S.A., ENARSA S.A., Yacimientos Carboníferos Río Turbio o Aerolíneas Argentinas.
Otro núcleo preocupante de la ley está en el artículo 5, que le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de “modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos” que fueron establecidos a través de consensos y leyes ambientales ya discutidos en nuestro país de manera democrática. De estos fondos, varios son fundamentales para el cuidado ambiental: el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, los fondos orientados al desarrollo de energías renovables, entre otros.
Con esta facultad delegada, también permite la disolución de organismos estatales descentralizados. Corren peligro los Parques Nacionales, que cumplen un rol clave como reservorios de biodiversidad y constituyen parte de nuestro patrimonio. Una disolución de la Administración de Parques Nacionales (APN) implicaría otro golpe más a las ya desfinanciadas políticas de cuidado de nuestros bienes comunes naturales. Otros organismos vinculados a cuestiones ambientales que podrían verse impactados por esta medida son el Instituto Nacional del Agua (INA), el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), por mencionar algunos.
El eje está puesto en plantear un modelo extractivista, sin previsión de valor agregado, sin encadenamiento industrial, sin generación de trabajo, sin tecnología, sin investigación. Sin importar a qué costo.
Todo esta desvinculación con las cuestiones ambientales tiene un trasfondo social. Siempre decimos desde el ambientalismo popular que no podemos escindir la discusión ambiental del marco económico y político. Por lo tanto, cuando hablamos de ambiente y cómo cuidar nuestro suelo, agua y aire argentinos, también estamos disputando soberanía.
En la provincia de Buenos Aires, el gobierno redujo al 1% la asignación de fondos del impuesto PAIS al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), una herramienta clave para urbanizar barrios populares con una mirada ambientalista, holística y que mejora la calidad de vida de los sectores más vulnerables. En la pandemia, y con el aporte extraordinario a las grandes fortunas, se logró una inversión que no solo dignificó a miles de personas con infraestructura (desagües conexión de agua y cloacas, alumbrado público, veredas), acceso a servicios básicos como la red eléctrica sustentable, y equipamiento, sino que dinamizó la actividad, la obra pública y generó empleo.
Nosotros creemos en un ambientalismo que apuesta a la acción política del Estado como catalizador del desarrollo con la gente adentro. Fuertemente inclusivo, pero también participativo: co-construyendo políticas ambientales con todos los sectores. En cambio, la Ley de Bases busca coartar la participación. El artículo 25 avala la supresión de la audiencia pública o su intercambio por una otra herramienta indeterminada a considerar por la autoridad competente. Este mecanismo entra en contradicción con la Ley General de Ambiente, que establece la obligatoriedad de las audiencias, y con la ratificación del Acuerdo de Escazú, que logramos en el 2021 para construir gobernanza ambiental. Las instancias de participación son fundamentales porque permiten involucrar a la sociedad para modificar o enriquecer proyectos, ordenan y dan previsibilidad al proceso participativo, y previenen la conflictividad.
Eso es la Ley Bases. Es el andamiaje legal para proponer un viejo y conocido pasado; un colonialismo devenido en anarco-colonialismo: la libertad de entregar un país entero a los extranjeros.
¿Recuerdan La Forestal? Una empresa inglesa que arrasó durante 60 años los Montes del Chaco Austral, en el norte de Santa Fe hasta la mitad del siglo XX. El saldo fue la devastación de 16 mil hectáreas por año, explotando los bosques nativos y también a los trabajadores. Una situación que fue posible, otra vez e insisto, gracias a las tres flexibilizaciones con un correlato necesario de desregulación del Estado, ausencia de derechos laborales y ambientales. Y toda la riqueza generada gracias a nuestros bienes comunes naturales, nunca se invirtió en Argentina ni llegó a los argentinos: quedó en pocas manos inglesas, que rápidamente la giraron hacia afuera.
La Forestal es un emblema de devastación social, económica y ambiental por no mediar ningún tipo de regulación del Estado. Hoy, 2024, estamos retrocediendo un siglo a esas prácticas opresivas en lo laboral e insostenibles en lo ambiental y productivo.
Desde la Provincia de Buenos Aires con el acompañamiento de las provincias La Pampa, Santiago del Estero, La Rioja, Tierra Del Fuego, Santa Cruz y Formosa propusimos en el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) que se apruebe una resolución para instar al Senado a considerar todos estos aspectos. Además, con varias organizaciones ambientalistas escribimos una carta argumentando artículo por artículo porque esta ley es un peligro para nuestro presente y nuestro futuro. Vamos a seguir insistiendo desde todos los lugares que habitamos.
Esta libertad atrasa. Senadores: defiendan la Patria.
